María de la Luz Hernández Sánchez
Expediente 1084/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María de la Luz Hernández Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María de la Luz Hernández Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa María de la Luz Hernández Sánchez, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... En ese contexto, se advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la resolución seis de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del toca de queja civil 241/2016 del índice del tribunal responsable, por el que confirma la resolución del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 308/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se declara improcedente el incidente sobre cuestiones penales en negocios civiles y se ordena la reanudación del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la resolución definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, ya sea porque no afecten derechos sustantivos, o porque se trate de violaciones procesales que no sean relevantes, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, ya sea por afectar derechos sustantivos o, por constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, la interpretación sistemática de ambas porciones normativas revela que el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, ya sea que: Afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, Constituyan violaciones procesales relevantes. En esos términos, si bien en la Ley de Amparo vigente el legislador introdujo la expresión novedosa "violaciones procesales relevantes", lo cierto es que tal expresión corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había instituido en la jurisprudencia como "violaciones procesales en el juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior". En consecuencia, se estima que la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, cuarto párrafo, ambos aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni constituya una violación procesal relevante, entendiéndose por ésta, lo que el Alto Tribunal anteriormente denominó como una violación procesal en grado predominante o superior. Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de garantías contra la sentencia definitiva, es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la Constitución Federal y en el numeral 107, fracciones V y VI de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Tribunal Pleno ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Sentado lo anterior, cabe recordar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consiste en la resolución seis de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del toca de queja civil 241/2016 del índice del tribunal responsable, por el que confirma la resolución del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 308/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que puso fin al incidente penal en negocio civil, promovido por María de la Luz Hernández Sánchez, en contra de María Félix López Márquez, respecto de la declaración de los testigos Simón Juárez Arroyo y Guadalupe Fabiola Juárez Mendoza, presentados por la citada demandada. Dicho incidente, en términos de los preceptos 736 y 737 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala, tiene como finalidad, si debe tomarse en consideración o no, al dictarse la sentencia que resuelva la controversia en la cual se promueve la prueba o acto señalado como delictuoso. Luego entonces, bajo esa premisa tenemos que, la ahora quejosa promovió dicho incidente en contra de Simón Juárez Arroyo y Guadalupe Fabiola Juárez Mendoza, quienes fueron ofrecidos como testigos por la demandada María Félix López Márquez, en el juicio de origen, pues a su parecer al declarar como testigos, incurrieron en un acto delictuoso, y por ende, lo manifestado por dichos atestes no debe ser considerado al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio del cual emana el acto reclamado. En ese tenor, se tiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Ello es así, pues la resolución dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ni sus consecuencias ocasionan en el quejoso una afectación en grado predominante o superior, pues se trata de actos meramente procesales o formales que no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, toda vez que éste podrá actualizarse, eventualmente, hasta que la autoridad responsable dicte en su caso, sentencia condenatoria que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si tal determinación, agravia a la parte recurrente, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo. Además, no produce a los recurrentes una afectación en grado predominante o superior, pues sus efectos son meramente formales y desaparecen si estos obtienen resolución favorable a sus intereses. Entonces, se colige que el acto reclamado no reviste la característica de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues se refiere a aspectos esencialmente procesales, sin producir una afectación en grado predominante o superior. Así, la materia del auto reclamado es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; además, cabe precisar que tal auto no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues tal violación procesal sería reclamable en amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. En tales condiciones, la resolución seis de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del toca de queja civil 241/2016 del índice del tribunal responsable, por el que confirma la resolución del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 308/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que puso fin al incidente penal en negocio civil, promovido por María de la Luz Hernández Sánchez, en contra de María Félix López Márquez, respecto de la declaración de los testigos Simón Juárez Arroyo y Guadalupe Fabiola Juárez Mendoza, presentados por la citada demandada, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, pues tales violaciones pueden ser reparadas si la sentencia que se llegue a dictar en la contienda penal del cual emana el acto reclamado le es favorable a sus intereses. Cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; no implica que se vulnere el contenido del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que en contra del acto reclamado por la parte quejosa se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-, toda vez que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, dado que por una parte, no tienen repercusión en algún derecho fundamental, y por otra, tampoco afecta en grado predominante o superior a las partes, que hiciera procedente por excepción su reclamación a través del juicio de amparo en la vía indirecta; máxime que los efectos que los actos reclamados producen, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica de la recurrente, en caso de que la sentencia definitiva le sea favorable. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, consistente en la resolución seis de julio de dos mil dieciséis dictada dentro del toca de queja civil 241/2016 del índice del tribunal responsable, por el que confirma la resolución del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 308/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que puso fin al incidente penal en negocio civil, promovido por María de la Luz Hernández Sánchez, en contra de María Félix López Márquez, respecto de la declaración de los testigos Simón Juárez Arroyo y Guadalupe Fabiola Juárez Mendoza, presentados por la citada demandada.
- Principal
Visto el oficio 14845, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el expediente D-1163/2016, de su índice, promovido por María de la Luz Hernández Sánchez, contra actos de los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, copia certificada del expediente 308/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y el toca civil 241/2016 del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dado que mediante determinación de seis de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer de los actos consistentes en la sentencia de seis de julio de dos mil dieciséis dictado en el toca Civil 241/2016, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1084/2016-IV. Al respecto, debe decirse que la promovente María de la Luz Hernández Sánchez, promovió demanda de amparo directo por conducto de la autoridad responsable, el cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; sin embargo, éste se declaró legalmente incompetente por las razones que expuso por resolución de seis de septiembre del año en curso, dictada dentro del juicio de amparo directo D-1163/2016 de su índice; en tales condiciones, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, formule su demanda de amparo, en los términos precisados por el artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que se modificó la vía, en la cual se interpuso inicialmente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./.51/95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, visible en la página 110, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VIA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes." Así como, la diversa 3a. XXIV/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época, visible en la página 147, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES INTERPUESTO EN LA VIA DIRECTA, QUE AL DECLARARSE INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE TRAMITA EN LA VIA INDIRECTA ANTE JUZGADO DE DISTRITO. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI EL A QUO NO PREVINO AL PROMOVENTE PARA QUE REGULARIZARA SU DEMANDA. La demanda que se interpone en amparo directo, en la que se impugna una ley de inconstitucional, conforme al artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe contener dicho planteamiento únicamente en el capítulo de conceptos de violación, sin señalar a la ley como acto reclamado, ni como responsable a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo respectivo. Ahora bien, si en un amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito se declara incompetente para conocer del juicio y remite la demanda a un juez de Distrito, éste está obligado, antes de proveer sobre su admisión, a prevenir al promovente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la ley de la materia, para que subsane la omisión de los requisitos de la demanda, que en ese supuesto y desde el punto de vista de la vía indirecta, precisamente por haberse modificado la vía, es evidente que falta de cumplir el relativo al señalamiento de las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron la ley reclamada; la falta de cumplimiento de tal prevención por parte del juez de Distrito, constituye una omisión que por su propia naturaleza no es recurrible en queja y que deja sin defensa al recurrente, lo que impone ordenar la reposición del procedimiento, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este Juzgado de Distrito, ya que si bien en el escrito de demanda, se advierten el domicilio particular de la promovente, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Hermenegildo Neria Carreño, Gustavo Ángel Velázquez Parada y José Antonio Aguilar Galindo, y a Miguel Ángel Aguilar Meneses, en términos amplios del citado numeral, por contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Sin embargo, dada la trascendencia jurídica del presente proveído, y como se advierte en la demanda de derechos que el quejoso señala como domicilio particular el ubicado en Calle Patriotismo, número uno, cuarta sección, Barrio de Chiautzingo, Municipio de Tetla de Solidaridad, Estado de Tlaxcala; por tanto, por única ocasión, ordene a quien corresponda para que se constituya en el domicilio citado, notifique el contenido íntegro de este proveído a la quejosa María de la Luz Hernández Sánchez, para que esté en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento precisado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Igualmente, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que le asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de la resolución que se emita en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada ley, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Lucio Alberto Domínguez Rodríguez. Doy fe.lmsd
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