Maria de la Luz González Macario
Expediente 426/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria de la Luz González Macario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 02 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó la medida cautelar y por otra se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. iv-a
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, advirtiéndose que dentro del término legal de tres días concedido a la quejosa María de la Luz González Macario en representación del menor Ángel Yahir del Valle González, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por parte del juez de lo Civil, residente en Matías Romero, Oaxaca; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la aludida autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, con registro 192174, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 243, del Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta lo siguiente: I. María de la Luz González Macario, en representación del menor Ángel Yahir del Valle González, demandó el amparo y protección de la justicia contra actos del juez de lo Civil y actuaria llevadora del expediente 160/2009, radicado en dicho Juzgado, residentes en Matías Romero, Oaxaca, que se hicieron consistir en: El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de lo Civil, residente en Matías Romero, Oaxaca, dentro del expediente familiar 160/2009, relativo al juicio de controversia familiar. II. Previo trámite del juicio, en sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (fojas 63-86), se concedió la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez de lo Civil, del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, dejara insubsistente el acuerdo impugnado en lo especifico y en su lugar dictara otro siguiendo los lineamientos establecidos en la aludida sentencia, en el cual determinara que no es procedente retener la pensión alimenticia otorgada en favor del menor de edad Ángel Yahir del Valle González, representado por la quejosa María de la Luz González Macario, pues sólo así se le restituía en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, asimismo debería girar el oficio al representante legal de la Sociedad Cooperativa la Cruz Azul S.C.L, para los efectos legales correspondientes. Concesión que se hizo extensiva contra el acto atribuido a la actuaria llevadora del expediente citado, por no reclamarse por vicios propios. III. Por acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, causó ejecutoria dicha determinación, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a la sentencia (fojas 93-94). IV. Mediante oficio 234/2018, se tuvo a la autoridad responsable juez de lo Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, remitiendo copia certificada del acuerdo que dictó el veintisiete de abril del año en curso, en los autos del expediente civil 160/2009 (fojas 101-105). Ahora bien, de la copia certificada de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que Juez el Juez de lo Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictó nuevo acuerdo en el expediente 160/2009 de su índice, dejando insubsistente la parte relativa del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, y siguiendo los lineamientos de la sentencia, determinó que no había lugar a decretar la retención de la pensión alimenticia que solicitó; asimismo, hace del conocimiento a este Juzgado que remitió oficio al representante legal de la empresa denominada Cooperativa "La Cruz Azul S.C.L.", al que le anexaría el diverso de diez de noviembre de dos mil diecisiete, que le envió para que continuara realizando el pago de pensión alimenticia del quince por ciento (15%) en favor del menor y que recibe Cristian Romith del Valle González, quien tiene la guardia y custodia definitiva del acreedor alimentista. Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, el pleno goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida la sentencia en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por lista a los terceros interesados .
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio 234/2018, que remite la autoridad responsable Juez de lo Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante el cual da contestación al oficio 512 enviado para el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo y al efecto remite copia certificada del acuerdo dictado el veintisiete de abril del año en curso, dentro del expediente civil 160/2009, del que se advierte que dejó insubsistente el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete y en su lugar dictó acuerdo en el sentido de que no ha lugar a decretar la retención de la pensión alimenticia solicitada por Ramiro del Valle Onofre aquí tercero interesado y que tal acto solo podrá verificarse una vez acreditado en el incidente respectivo y por consiguiente la aquí quejosa María de la Luz González Macario, en representación del menor Ángel Yahir del Valle González, continuará recibiendo la pensión alimenticia decretada a favor del citado menor de edad, ordenando girar oficio al Apoderado Representante Legal de la Cooperativa "La Cruz Azul S.C.L.", para que continúe realizando el pago de pensión alimenticia del quince por ciento (15%) a favor del menor y que recibe Cristian Romith del Valle González, quien tiene la guardia y custodia definitiva del citado acreedor alimentista. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia de referencia, conforme al artículo 2, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la copia del oficio TSJ/P/203/2018, recibido vía fax y firmado por el Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Judicial, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la que se advierte que en atención al oficio 514-IV-A, de diecisiete de abril del año en curso, ordena al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, cumpla en sus términos con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y remita las constancias respectivas; de lo anterior se toma nota para los efectos legales correspondientes. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, asentándose la hora y fecha de su recepción, así como el nombre de la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicado dicho informe, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y puede verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 30, del tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173071, cuyo tenor literal es; "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Notifíquese. IV-A
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