María de la Luz García Martínez

Expediente 928/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
928/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • María de la Luz García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cumplimiento consentido

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, este juzgado Federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del plazo de tres días proceda a dictar la sentencia correspondiente en el expediente 914/2019, relativa al juicio contencioso administrativo. 2) Notifique la sentencia a las partes en el citado juicio contencioso administrativo. Término que se establece con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo; ello, en consideración a que si bien la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, establece los términos para el dictado de la resolución de la resolución reclamada en diez días, lo cierto es que dadas las consideraciones plasmadas en la presente sentencia, de las que se desprende que ya han transcurrido en exceso los plazos previstos para la emisión de dicha sentencia, sin que la responsable así lo hubiese hecho, no es factible volverle a conceder dicho término, pues ello, reiteraría la violación a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 Constitucional, en perjuicio del peticionario del amparo. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, de igual manera la parte quejosa interpuso revisión adhesiva al diverso referido por la autoridad, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 179/2021. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que informó que desechó el recurso de revisión promovido por la autoridad responsable y, de igual manera, declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la parte quejosa, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: a) Dictar sentencia correspondiente dentro del expediente juicio 914/2014, relativa al juicio contencioso administrativo; y, b) Notificar dicha resolución a las partes del citado juicio. Fallo no cumplido. En proveído dictado el once de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que las autoridades responsables no habían dado cumplimento al fallo proyector; pues, si bien, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, la responsable dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 914/2014, omitió remitir constancia de notificación de la resolución en cuestión; y, en razón a ello, se requirió nuevamente a las responsables para que dieran cumplimiento del fallo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Establecido lo anterior, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables remitió la sentencia definitiva dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio contencioso administrativo 914/2014; así como las constancias de notificación relativa a la resolución antes mencionada, practicada a las partes. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, en acuerdo dictado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2 de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas actividades, dictaron y notificaron la sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 914/2014. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Primer Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez, Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y en su caso, tercero interesada, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del plazo de tres días proceda a dictar la sentencia correspondiente en el expediente 914/2019, relativa al juicio contencioso administrativo. 2) Notifique la sentencia a las partes en el citado juicio contencioso administrativo. Término que se establece con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo; ello, en consideración a que si bien la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, establece los términos para el dictado de la resolución de la resolución reclamada en diez días, lo cierto es que dadas las consideraciones plasmadas en la presente sentencia, de las que se desprende que ya han transcurrido en exceso los plazos previstos para la emisión de dicha sentencia, sin que la responsable así lo hubiese hecho, no es factible volverle a conceder dicho término, pues ello, reiteraría la violación a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 Constitucional, en perjuicio del peticionario del amparo. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, de igual manera de le tuvo a la parte quejosa interponiendo revisión adhesiva al diverso referido por la autoridad, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 179/2021. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que informó que desechó el recurso de revisión promovido por la autoridad responsable y, de igual manera, declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la parte quejosa, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California debió dictar sentencia correspondiente dentro del expediente juicio 914/2014, relativa al juicio contencioso administrativo. Así como efectuar la notificación a las partes del citado juicio. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previa concesión de prórroga, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo 914/2014 el treinta de agosto de dos mil veintiuno, la cual fue signada por la Primera Secretaria de Acuerdos, quien actuó en funciones de Juez Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, asistida de su Secretario de Acuerdos adscrito. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Fallo no cumplido. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se colige que, si bien es verdad la autoridad en comento, dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 914/2014 el treinta de agosto de dos mil veintiuno y ordenó notificar a las partes, empero, a la fecha, no ha acatado en todos sus términos la sentencia de amparo ejecutoriada dictada en este juicio constitucional, dado que no ha cumplido con todos los lineamientos señalados en el fallo protector, según se explica a continuación. Debe decirse que en la sentencia dictada en autos, en la parte que aquí interesa, se determinó que la autoridad responsable procediera a dictar sentencia correspondiente en el expediente 914/2014, relativa en el juicio contencioso administrativo y de igual manera notificara a las partes dicha resolución; por tanto, toda vez que la autoridad responsable dictó la sentencia correspondiente, y si bien, ordenó la notificación de las partes, lo cierto es, que a la presente data no ha remitido constancia que acredite que efectuó dicha diligencia. Atento a lo anterior, es incuestionable que con ello no es factible de ninguna manera, tener por cumplido el fallo protector. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable, para el efecto de que informe a este Órgano Jurisdiccional, en un término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, el cumplimiento que hubiere dado al fallo protector y en su caso remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, es decir, remita la notificación a las partes de la sentencia correspondiente al expediente 914/2014, relativa en el juicio contencioso administrativo, de su índice. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese y personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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