María de la Luz García Arreola
Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María de la Luz García Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas que solicita, previa razón de recibido que se agregue a los autos para debida constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso d), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que solicita, previo desglose y razón que obre para constancia legal. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz García Arreola, por su propio derecho, contra actos del Betsy Solís Aguilar, Presidenta del Comité de Vigilancia del Condominio Maestro Pharos de Santa Lucía y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 107/2023, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la convocatoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para la asamblea general extraordinaria de condóminos del condominio maestro "Pharos de Santa Lucía", a celebrarse el doce de febrero de dos mil veintitrés. Bajo tales argumentos, se advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a las autoridades responsables en cita no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular su artículo 5, fracción II, prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que tratándose de actos provenientes de entidades estatales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, lo narrado por la parte quejosa, da cuenta de que lo reclamado tiene que ver con que la asamblea general extraordinaria a celebrarse el doce de febrero del año en curso, no fue convocada por el Administrador del Condominio, aunado a que para la celebración de la asamblea general extraordinaria de condóminos que tendrá verificativo el doce de febrero siguiente, no respeta el plazo establecido por la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero, el cual debe mediar entre la convocatoria y la celebración de la asamblea, y que la misma carece de la firma del vocal 2 del Comité de vigilancia; de ese modo, no es el amparo la vía idónea para controvertir lo anterior, porque las relaciones que surgen entre el Comité de vigilancia del Condominio, y los demás condóminos son de coordinación no así de supra a subordinación), pues es inconcuso que pertenecen al ámbito del derecho privado, habida cuenta que las funciones del comité de vigilancia están determinadas en el acta constitutiva respectiva, y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que sobre el particular surjan ante la autoridad competente en dicho ámbito jurisdiccional; tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 85 de la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero Número 557, que a la letra señala: "Artículo 85.- Las controversias que se susciten por la interpretación y aplicación de esta Ley, de las escrituras constitutivas o de las traslativas de dominio, del Reglamento del Condominio, de las resoluciones de la Asamblea General y de las demás disposiciones legales aplicables, serán resueltas por la autoridad judicial competente. (.)". De lo que se deduce que en el presente caso la Presidenta y el vocal número 1 del Comité de vigilancia del Condominio Maestro Pharos de Santa Lucía, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio amparo. Es ilustrativa la tesis aislada III.2o.C.20 C (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2819, del Libro 11, octubre de 2014, Tomo III,, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código." Bajo esos argumentos, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Roberto Posada, número 1, interior 2 "A", colonia centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ricardo Vargas Guillen, Rafa********************, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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