María de la Luz Escalante Guerra

Expediente 847/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • María de la Luz Escalante Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho dictado en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho dictado en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Téngase por recibido el oficio 27087-V, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por medio del cual remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, dos tomos de copias certificadas deducidas del juicio de amparo 745/2017, promovido por María de la Luz Escalante Guerra, del índice de dicho homologo federal, así como dos tomo de pruebas relativos al citado juicio; oficio en el que se ordenó hacer la separación de autos respectiva por las razones expuestas en el proveído de quince de octubre de esta anualidad, dictado en el citado juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la relatada demanda; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 847/2018-I, que es el que le correspondió; asimismo, acúsese recibo al Juzgado oficiante. En tales condiciones, con las constancias de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 745/2017, mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el homólogo federal, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por María de la Luz Escalante Guerra, contra actos atribuidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, entre ellos, la multa impuesta mediante resolución 17-6-1-69061/13 de doce de septiembre de dos mil trece, con número de crédito fiscal 513254 (foja 10). Posteriormente, mediante escrito que la quejosa denominó como de ampliación de demanda, precisó que dicho acto se lo atribuía a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, y que derivaba del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7 (fojas 462 y 463). Ante ello, el homólogo federal mediante proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, ordenó la separación de autos, y remitir las constancias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para que fueran turnados de forma aleatoria, correspondiendo al presente juicio de amparo, únicamente el acto reclamado identificado en dicho acuerdo con el número 4, que es del tenor literal siguiente: . a) De los Magistrados de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su carácter de ordenadora, el auto de doce de septiembre de dos mil trece, cometido en el oficio 17-6-1-69061/13, dictado en el juicio 1185/13-17-06-7, en el cual se le impuso una multa (foja 601). Asimismo, precisó que al juzgado que correspondiera seguir conociendo de la demanda, se pronunciara respecto del escrito de ampliación de demanda. En esas condiciones, el suscrito considera que el escrito de la quejosa donde refiere ampliar su demanda de amparo, no reúne los requisitos del artículo 111 de la Ley de Amparo, el cual establece que la ampliación de demanda procede cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda de inicio. Lo anterior es así, dado que la impetrante únicamente está precisando la autoridad que emitió el acto reclamado y el expediente del que deriva, aunado a que la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, a quien se le atribuye el acto reclamado, ya rindió su informe justificado, y ésta forma parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual fue señalado como responsable desde el escrito inicial de demanda; por esas condiciones, no se le puede considerar como una nueva autoridad, aunado a que se insiste, ya rindió su informe justificado. Sustenta lo anterior, por las razones jurídicas que sostiene, la jurisprudencia P./J.128/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA."." En esas condiciones, sí la quejosa no está introduciendo a la Litis en amparo un acto nuevo que tenga relación con el señalado inicialmente en su escrito de demanda, es incuestionable que no se reúnen los requisitos del citado artículo 111 de la Ley de Amparo; por tanto, no se tiene por ampliada la demanda de amparo. Precisado lo anterior, en el presente juicio de amparo, únicamente se tiene como acto reclamado el siguiente: El acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, contenido en el oficio 17-6-1-69061/13, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7 del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se le impuso una multa, a la cual le fue asignado el número de crédito fiscal 513254. Ahora, el suscrito advierte respecto del citado acto reclamado, que se actualizan de manera manifiesta e indudable diversas causales de improcedencia; sin embargo, dado que la demanda de amparo de que se trata ya fue admitida por diverso órgano jurisdiccional, por técnica jurídica no se puede desechar; empero, se determina que el presente juicio debe sobreseerse fuera de audiencia constitucional, por los siguiente motivos. En este contexto, después de analizar el oficio de cuenta y las constancias que en copia certificada se anexan, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior El precepto legal transcrito contempla como hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio constitucional, siempre que reúna los requisitos que establece la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. De ese modo, la connotación ejecutoria tiene el referente procesal que lo identifica con la institución de la cosa juzgada, la cual atañe a la decisión judicial que en jurisdicción definida tiene los atributos de firmeza e inamovilidad; rige en forma directa a propósito de los aspectos sustantivos de la litis, aunque también, por excepción, impera en torno a situaciones adjetivas que impiden ejercer nuevamente la acción previamente rechazada. Ambos supuestos se actualizan en el caso de la acción de amparo, de tal manera que con referencia al tema procesal, la fracción XI del artículo 61 de la Ley de la materia, determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra "actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior", remisión normativa en vía de antecedente por la que se exige que en forma previa se haya promovido la acción de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Ahora, para entender mejor la actualización de la improcedencia en el presente asunto, se puntualizan algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas anexas al oficio de cuenta, relativas al juicio de amparo 745/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, así como de los dos tomos de pruebas relativos a dicho juicio; a saber: Mediante oficio 17-6-1-52691/17, recibido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, la autoridad responsable Titular de la Primera Ponencia de la Sexta Sala Regional Metropolitana, con residencia en la Ciudad de México, rindió su correspondiente informe justificado dentro de los autos del juicio de amparo 745/2017 del índice del homólogo federal, por medio del cual manifestó que era cierto el acto reclamado consistente en el oficio número 17-6-1-69061/13, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7, mediante el cual se le comunicaba a la parte quejosa el acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, en el que se le impuso una multa. De igual manera, en dicho informe justificado la autoridad responsable antes precisada, remitió los autos originales del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7, del cual deriva el acto reclamado en el presente juicio; asimismo, dicha autoridad manifestó que contra tal acto reclamado, la quejosa María de la Luz Escalante Guerra, había promovido un juicio de amparo indirecto el cual tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual, ya se había dictado sentencia ejecutoria. De las constancias que anexó como pruebas a su informe justificado, se advierte que efectivamente, en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, se radicó el juicio de amparo indirecto 94/2014-I, mismo que fue promovido por la aquí quejosa María de la Luz Escalante Guerra, contra la autoridad responsable Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, por el acto reclamado, entre otros, consistente en el oficio número 17-6-1-69061/13 de doce de septiembre de dos mil trece. En dicho juicio de amparo indirecto 94/2014-I, del índice del Juzgado de Distrito precisado en el párrafo que antecede, el quince de abril de dos mil catorce se dictó sentencia, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a un diverso juicio de amparo directo, y de igual forma, al establecer que el juicio fue promovido de forma extemporánea. Inconforme la impetrante de amparo, interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva emitida en el juicio de amparo 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en la cual se sobreseyó en el juicio; recurso que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, formándose para tal efecto el toca 124/2014. En el toca antes precisado, mediante resolución emitida en sesión celebrada el día diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, confirmó la sentencia de quince de abril de dos mil catorce. De la anterior relación de antecedentes se advierte claramente que el acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, contenido en el oficio 17-6-1-69061/13, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7 del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se le impuso una multa, con número de crédito fiscal 513254; constituye cosa juzgada con las características de firmeza e inamovilidad; por tanto, no puede ser reexaminada en un diverso juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que se advierte que el diverso juicio de amparo 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, fue promovido por María de la Luz Escalante Guerra, quién es la propia promovente del presente juicio; asimismo, en el diverso juicio de amparo señaló la misma autoridad responsable que en el juicio en que se actúa, esto es, a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; y finalmente, precisó como acto reclamado el mismo que se estudia en el presente sumario constitucional, consistente en el oficio 17-6-1-69061/13, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7. De igual manera, se advierte que en el diverso juicio de amparo 94/2014-I, el quince de abril de dos mil catorce se dictó sentencia en la cual se sobreseyó en el mismo, al considerar que el acto reclamado fue emitido por la autoridad responsable en cumplimiento al trámite de un juicio de amparo directo, así como por que el juzgador estimó que la presentación de la demanda fue extemporánea, al no promoverse dentro del plazo que establece la Ley de Amparo. Ante esto, la promovente interpuso recurso de revisión contra la relatada sentencia, mismo que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, radicándose bajo el toca 124/2014; por lo que, mediante resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, dicho Tribunal confirmó la sentencia recurrida antes precisada. En ese contexto, resulta inconcuso que existe cosa juzgada, en razón de que en la demanda de amparo que se provee en el presente juicio 847/2018 y la que dio origen al diverso juicio 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, fueron promovidas por la misma persona, contra el mismo acto y contra la misma autoridad responsable; en consecuencia, existe determinación firme que declara la inatacabilidad del acto reclamado en el presente juicio, al haberse determinado en un diverso juicio el sobreseimiento del mismo acto que se reclama en el presente, y no obstante lo anterior, dicha determinación fue confirmada por la superioridad; lo cual constituye una razón o circunstancia que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto contra dicho acto y que no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Aunado a que el espíritu de la causal de improcedencia preinvocada, es evitar que un mismo acto sea analizado en dos o más juicios de amparo, con el inminente riesgo de atentar contra la cosa juzgada, que constituye verdad legal. Sustenta lo anterior la tesis 1a.XCV/2016(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1107, correspondiente al mes de abril de 2016, Libro 29, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Así como la diversa tesis 1a.XCIV/2016(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1108, correspondiente al mes de abril de 2016, Libro 29, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que indica: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." Sin que pase inadvertido para el suscrito que en la sentencia ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo indirecto 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, se determinó el sobreseimiento de dicho juicio, y que de acuerdo al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide la promoción de un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto. Sin embargo, en el caso concreto, el acto reclamado se ubica en los supuestos de excepción contemplados, dado que el sobreseimiento determinado fue en razón de que el juzgador consideró que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento al trámite de un juicio de amparo directo, aunado a que había sido consentido tácitamente por la parte quejosa, pues no fue promovido dentro de los plazos establecidos por la Ley de Amparo; por tanto, esas cuestiones no pueden cambiar ni desconocerse en un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así como la tesis 1a.CCLXXVIII/2012(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 524, correspondiente al mes de diciembre de 2012, Libro XV, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que indica: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, con independencia de lo anteriormente razonado, aun cuando se estimara que el acto reclamado no constituye cosa juzgada y que es impugnable a través de esta vía de amparo; el suscrito estima que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; dada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en comento, en razón de que el acto reclamado debe considerarse consentido tácitamente, al no haberse promovido la acción de amparo dentro del término legal fijado para ello; lo anterior, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese tenor, se debe precisar que quedó acreditado en párrafos precedentes del presente proveído, que el acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, contenido en el oficio 17-6-1-69061/13, dictado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7 del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, fue materia del diverso juicio de amparo 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Ahora, de las constancias anexas al oficio de cuenta, relativas a las copias certificadas deducidas del juicio contencioso administrativo 1185/13-17-06-7, del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al diverso juicio de amparo indirecto 94/2014-I, en el cual se estudió el mismo acto reclamado que en el presente juicio, fue presentada el seis de febrero de dos mil catorce por la parte quejosa María de la Luz Escalante Guerra, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Luego, al advertirse que en la demanda de amparo que dio origen al diverso juicio 94/2014-I del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se señaló como acto reclamado el mismo que en el presente sumario constitucional; por tanto, se desprende que la parte promovente tuvo conocimiento del acto reclamado antes precisado, esto es, de la existencia de la multa impuesta por la autoridad responsable, al menos desde la presentación de la demanda de amparo en el diverso juicio antes señalado, es decir, desde el seis de febrero de dos mil catorce; por lo cual, es evidente que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió en exceso para la parte quejosa. Entonces, si la demanda de amparo que dio origen inicialmente al juicio de amparo 745/2017 se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil diecisiete, turnándose al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, tal como se advierte del sello del reloj registrador que obra en la primera foja de la demanda; es evidente que la promoción de demanda de amparo es extemporánea y, por tanto, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, al haberse consentido tácitamente los actos reclamados por no instar el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto para tal efecto. Además, es claro que los actos reclamados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello, pues el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; tampoco se trata de una sentencia condenatoria en materia penal, o bien, de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Además, tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, correspondiente al mes de enero de 2011, Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualizan de manera indudable y manifiesta las causas de improcedencia en estudio; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio promovido por María de la Luz Escalante Guerra. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley; asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Bautista Morales y Jaime Isidro Cruz Palma, por tener registradas su cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de la parte promovente, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.

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