María de la Luz Díaz Martínez

Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
74/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
21/06/2019

Partes del expediente

  • María de la Luz Díaz Martínez
  • Claudia García Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ejecutoria Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de mayo de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hicieran; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Sin que en el caso haya resultado factible realizar el cómputo de las autoridades responsables, pues si bien el artículo 87 de la Ley de Amparo dispone que las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas, la realidad es que se sobreseyó en el juicio, por lo cual no se encuentran legitimadas para interponer dicho medio de defensa. Archivo Previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN; de igual modo, el original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE, dado que, en la especie, se negó la suspensión provisional y se dejó sin materia la suspensión definitiva. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, háganse constar tales circunstancias en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Documentos originales y garantía Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que los primeros no fueron aportados y la segunda no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Empero, por lo que ve a los documentos que obran en autos y no encuadren en la hipótesis de documentos originales, quedan expeditos los derechos de las partes para solicitar su devolución mientras el expediente permanezca en este juzgado antes de ser destruido. Constancia en cuadernos incidentales Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Sobre devuelto Glósese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 9411, dirigido a la Oficial del Registro Civil del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el que se aprecia la leyenda "Por no pertenecer al dom."; a fin de notificar que la autoridad responsable en comento se encuentre debidamente notificada de dicha misiva, se ordena su reenvío al domicilio y denominación correcta como anexo al comunicado que derive de la presente determinación. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo III-74/2019 promovido María de la Luz Díaz Martínez y Claudia García Zamudio contra actos de la Directora del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María de la Luz Díaz Martínez y Claudia García Zamudio solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, los cuales consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto Previo desahogo de una prevención, en proveído de catorce de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado correspondiente a las autoridades responsables; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Lo anterior es así, en virtud de que se reclaman actos de carácter negativo atribuidos a autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables lo siguiente: Negativa de registrar el nacimiento de la menor hija de las quejosas con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz; y, Negativa de expedir el acta de nacimiento correspondiente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Precisada cuál es la intención de la parte quejosa, corresponde ahora verificar la existencia de los actos reclamados, atendiendo a los principios de la lógica para distribuir las cargas probatorias, lo anterior a efecto de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad o no de las omisiones reclamadas. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2º J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". En este sentido, la autoridad responsable rindió el informe que le fue requerido en la forma que a continuación se reproduce: N Autoridades Foja Sentido 1 Directora del Registro Civil en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. 40 a 45 Niega En efecto, en su informe justificado, la autoridad responsable en comento negó la existencia de los actos que se le atribuyeron. La negativa de la autoridad responsable debe acreditarse con las acciones realizadas encaminadas a demostrar que no existe la conducta omisiva que se le atribuye; de lo contrario, la negativa simple de la omisión conduciría a tenerla por cierta -pues se trataría negar una negación que, lógicamente, implica una afirmación-, en el caso es posible tener como inexistente la omisión reclamada. Cualquier acto, de autoridad o de particular, es una especie del hecho, se trata de un acontecimiento que se verifica en la naturaleza que, para su producción, requiere la voluntad de las personas; un hecho cualquiera como podría ser la lluvia, el viento, el amanecer, el anochecer, cuando tiene significación jurídica, esto es que crea derechos y obligaciones se denomina hecho jurídico; por ejemplo, un desastre natural producido por la lluvia, un terremoto, un huracán, engendran consecuencias jurídicas para las personas y para el Estado; por ejemplo, las compañías aseguradoras en los casos que así se haya contratado deberán responder hasta por el monto de la póliza contratada por los daños causados por el fenómeno de la naturaleza, el Estado, por su parte, deberá implementar los programas gubernamentales para garantizar la vida, la salud y seguridad de las personas que se vean afectadas por tales hechos. Cuando el hecho con significación jurídica se produce con la intervención de la voluntad de las personas, estamos en presencia de un acto jurídico, pues lo que determina su nacimiento es precisamente el querer y entender de las personas, ya sean físicas o jurídicas, dado que estas últimas, también manifiestan su voluntad a través de las personas físicas con poder para ello. Tratándose de las personas jurídicas de carácter privado, la manifestación de la voluntad se realiza a través de sus representantes legítimos (presidente del consejo de administración o administrador único, por ejemplo) o de los legales que por voluntad se hayan constituido (apoderados o mandatarios). Las personas jurídicas de carácter público manifiestan su voluntad a través del funcionario competente que tenga las atribuciones necesarias conforme a la ley. Las omisiones para que produzcan sus efectos requieren de la determinación de la persona que estando consciente que tiene el deber jurídico de hacer algo, deliberadamente lo omite, produciéndose con ello un resultado o impidiéndose el que se esperaba; por ejemplo, toda persona que haya procreado un hijo o hija tiene el deber jurídico de proveerle alimentos; si omite la conducta que exige la ley, el acto aunque negativo, puede ser sancionado. Tratándose de autoridades, para que un acto negativo o de omisión se produzca, es necesario que exista un deber jurídico a cargo de la autoridad de realizar alguna actuación, que de verificarse crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica; incluso, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al definir el concepto de autoridad precisa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Sentado lo anterior, para demostrar la existencia de un acto negativo u omisivo, primero tiene que precisarse cuál es la obligación que la autoridad debió cumplir, esto es, debe acreditarse el origen o fuente del deber jurídico de hacer lo que el quejoso pretende, y a partir de ahí poder decidir si la autoridad incurrió en la omisión. Ello porque los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico fundamental son garantizados mediante el establecimiento de obligaciones a cargo del Estado, positivas y negativas, que garantizan que esos derechos humanos sean ejercidos plenamente por todas las personas por igual. Sin embargo, esas obligaciones (garantías) pueden ser de cumplimiento instantáneo, diferido o condicionado, pues el poder de exigir su cumplimiento depende de cada situación jurídica en la que las personas se colocan. Así, por ejemplo, la Ley Fundamental reconoce el derecho de acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad; empero, para que las obligaciones a cargo del Estado se activen, es necesario que exista una solicitud de acceso. Lo mismo sucede con el derecho de petición, y otros derechos que su activación depende de que la persona se coloque en una situación determinada. Es así, entonces, no todas las obligaciones positivas o negativas que se consignan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos son de cumplimiento inmediato, verbigracia, el derecho a la salud que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra garantizado con el establecimiento de obligaciones de cumplimiento inmediato y otros de cumplimiento progresivo hasta alcanzar el nivel más alto en la prestación del servicio. En esta línea argumentativa, lo que las quejosas reclaman es un acto negativo, pues afirma que la Delegada del Registro Civil responsable negó registrar el nacimiento de su menor hija con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz, y expedir el acta de nacimiento correspondiente, obligaciones que no son de aquellas que se consideran de carácter inmediato o incondicional y, por ende, la demostración de que, en el presente caso, se actualizó la condición sine qua non, correspondía a la parte quejosa. En efecto, la distribución de la carga probatoria dentro de cualquier juicio obedece a leyes de la lógica y a principios derivados de la experiencia y de la doctrina jurisprudencial, así, se puede afirmar que existen varios principios que recogen estas reglas que deben ser aplicadas en cada caso concreto y que derivan incluso de la interpretación sistemática y teleológica de diversos preceptos legales; a saber, los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2°, recogen el principio general de derecho que postula "incubit probatio quidicit non qui negat". Aforismo por virtud del cual se entiende que la demostración de las afirmaciones corresponde a quien las hace y que la negación, por su naturaleza, no es de acreditarse, a no ser que contenga aseveración expresa. Un segundo principio de naturaleza ontológica en materia probatoria que impacta en el juicio de amparo en que se reclaman actos omisivos, es el que postula que lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba; principio que se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, despojado de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios. Otro principio de carácter lógico consiste en que cuando hay dos asertos uno positivo y otro negativo, por la facilidad que existe en demostrar el positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Además de estos principios, cuando se reclaman en el juicio de amparo actos omisivos que se fundan en el ejercicio de una atribución prevista en la ley, es necesario distinguir entre aquellas obligaciones condicionadas y las incondicionales, porque en el caso de las primeras, será necesario demostrar la "condición" para el ejercicio de la facultad, cuya omisión se demanda está cumplida, pues sólo así se activará el deber jurídico del servidor público de actuar en consecuencia. De igual forma, es menester dilucidar si se trata de facultades discrecionales o regladas, pues, en el primer caso, corresponde al servidor público empoderado por la ley, determinar el mérito y oportunidad en el ejercicio de tal atribución, mientras que, en el segundo, bastará con que los hechos que rodean el acto se subsuman en la hipótesis normativa. Al respecto en la tesis 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO.". Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Además, dicha porción normativa dispone que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de tales derechos. Por su parte, respecto a la obligación de declarar el nacimiento de una persona, los artículos 51, 53, 54, 55 y 56 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo precisan lo siguiente: "Artículo 51. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al menor de edad ante el Oficial del Registro Civil en su oficialía o en el lugar donde aquel hubiere nacido. [.] Artículo 53. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos los abuelos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. Artículo 54. Los médicos, cirujanos o parteras que hubieren asistido el nacimiento, tienen obligación de expedir el certificado de nacimiento, de muerte fetal o de defunción, dentro de las veinticuatro horas siguientes, para que el Oficial del Registro Civil levante el acta. Si el nacimiento tuviera lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. Artículo 55. Las personas que no cumplan con las obligaciones impuestas por el artículo anterior, serán sancionadas con multa de diez a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 56. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá la hora, día, mes, año y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, nombre propio y apellidos, la razón de si se ha presentado vivo o muerto y su huella dactilar. Si se presenta como hijo de progenitores desconocidos, el Oficial del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta; de igual forma se hará constar cualquier otro dato que se haga necesario para la identidad personal. El Oficial del Registro Civil exhortará a quien presente al menor para su registro a que el nombre propio que vaya a otorgarle no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado. También exhortará a evitar la multiplicidad de identidades u homonimias que puedan generar controversias judiciales en materia de identidad. De igual manera cuando por alguna causa una persona no hubiera sido registrada y se desconociera el paradero de sus padres, no pudieran comparecer o hubieran fallecido y este fuera mayor de edad, podrá comparecer a solicitar su registro, debiendo el Oficial del Registro Civil asentar en este únicamente el nombre y apellidos del registrado; ahora bien cuando se trate de un menor de edad que pretenda registrar a su hijo se estará a lo dispuesto por el artículo 371. En forma obligatoria se asignará en el acta de nacimiento, la clave del registro de identificación personal. Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Oficial del Registro Civil deberá asentar únicamente la población en que ocurre. En los casos de los artículos 58 y 68 de este Código, el Oficial del Registro Civil pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca." Al analizar el contenido de las disposiciones transcritas puede establecerse válidamente que, inicialmente, la obligación de declarar el nacimiento de una persona ante el Oficial del Registro Civil corresponde al padre y la madre de aquélla o a cualquiera de ellos, a su falta los abuelos, lo cual deberán realizar dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió dicho nacimiento. En otras palabras, la obligación de las autoridades registrales de inscribir el nacimiento de una persona se actualiza cuando aquélla es presentada ante ellas por el padre y la madre del menor, a su falta por los abuelos o, bien, por quien tenga la obligación de presentar al menor para declarar su nacimiento, en términos de los preceptos anteriormente señalados. En el caso, conforme a los preceptos legales transcritos el registro y expedición del acta respectiva corresponde a un Oficial del Registro Civil, mas no a la Delegada del Registro Civil; además, no existe constancia de que el trámite se haya iniciado por las quejosas ante dicha autoridad responsable; por tanto, el deber jurídico que aquéllas sostienen fue incumplido por la delegada responsable no se actualizó y, por ende, el acto reclamado es inexistente. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en el juicio por lo que a dicha autoridad se refiere. CUARTO. Existencia de las omisiones reclamadas Al rendir su informe justificado, el Oficial del Registro Civil al municipio del Ciudad Hidalgo manifestó lo siguiente: N Autoridades Foja Sentido 2 Oficial del Registro Civil del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. 62 a 64 Parcialmente cierto En efecto, en el informe respectivo, el Oficial del Registro Civil del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, adujo que los actos reclamados eran parcialmente ciertos, pues las quejosas fueron a solicitar información respecto al trámite para el registro de su menor hija y éste proporcionó una información en sentido negativo a la pretensión de las peticionarias de amparo. Lo cual corrobora lo plateado por aquéllas en el escrito aclaratorio presentado el cinco de febrero de la presente anualidad. Asimismo, el Oficial del Registro Civil aludido informó que el quince de marzo de la presente anualidad realizó el registro del nacimiento de la menor hija de las quejosas con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz, expidió el acta y clave única de registro poblacional correspondientes, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo II-260/2019. No pasa inadvertido que la demanda de amparo fue presentada el treinta de enero de esta anualidad, por lo cual, si el registro y expedición del acta de nacimiento de la menor hija de las quejosas aconteció el quince de marzo pasado, resulta inconcuso que existían los actos combatidos, incluso, a la fecha en que fue admitida la demanda de amparo -catorce de febrero de dos mil diecinueve-. En otras palabras, se advierte que la autoridad responsable realizó manifestaciones en su informe justificado que evidenciaron la existencia del acto que le fue atribuida, a pesar de haberlo negado; en consecuencia, se tiene acreditada la existencia de las negativas reclamadas. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." QUINTO. Improcedencia Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, el análisis de las causas de improcedencia del juicio es una cuestión de orden público, por lo cual debe realizarse el estudio de su actualización por el órgano de control constitucional, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio se advierta alguna de ellas. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." De oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto u omisión ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto u omisión ya no agravia al gobernado y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Demostrar que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Es oportuno precisar que, además, la causa de improcedencia debe ser manifiesta e indudable, por lo cual debe explicarse qué se entiende por manifiesto e indudable. En efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Una vez precisado esto último, debe decirse que la causa de improcedencia examinada se advierte actualizada de manera manifiesta e indudable. Para sustentar dicha aseveración, conviene mencionar que, al rendir su informe justificado, el Oficial del Registro Civil aludido informó que el quince de marzo de la presente anualidad realizó el registro del nacimiento de la menor hija de las quejosas con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz, y expidió el acta y, además, la clave única de registro poblacional correspondientes. Asimismo, para acreditar las circunstancias anteriores, exhibió lo siguiente: Copia certificada del acta de nacimiento F 1014417 (foja 64); y, Clave única de registro de población de la menor hija de las quejosas (foja 65). Cabe señalar que las referidas constancias cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de documentales expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Apoya esto último, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." En efecto, con las documentales citadas puede evidenciarse, de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que, el quince de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable registró el nacimiento de la menor hija de las quejosas con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz, y expidió el acta correspondiente y la clave única de registro de población (CURP), documento que permite identificar de manera individual a todos los ciudadanos -el cual es un resumen del acta de nacimiento- en los registros de personas a cargo de las instituciones públicas, con el objetivo de proporcionar a la población seguridad jurídica y mejorar las relaciones entre éstos y las instituciones públicas. En ese sentido, si los actos reclamados en concreto resultaron ser la negativa de registrar el nacimiento de la menor hija de las quejosas con los apellidos de ambas, esto es, como García Díaz, así como la negativa de expedir el acta de nacimiento correspondiente y de acuerdo a las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, las cuales fueron precisadas y debidamente valoradas con antelación, se observa que el quince de marzo de la presente anualidad se realizó la inscripción del nacimiento y la expedición del acta relativa, así como la clave única de registro de población -documentos que constituyen la individualidad e identidad de las personas-; tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con ello se disfruta de la prerrogativa que les fue afectada por las negativas reclamadas -derecho a la identidad-, como si se hubiese concedido el amparo. En otras palabras, resulta inconcuso que si la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el treinta de enero de dos mil diecinueve y, como se expuso, el quince de marzo siguiente, es decir, con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable realizó la inscripción del nacimiento de la menor hija de las quejosas y la expedición del acta relativa, puede concluirse válidamente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los requisitos previstos en los incisos a) y b) precisados con anterioridad, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Cabe señalar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, entre otras causas, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas a que se refiere el capítulo de improcedencia. En el caso, este órgano jurisdiccional consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del referido ordenamiento legal, por lo que ve a los actos emitidos por el Oficial del Registro Civil del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán; motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley en la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos u omisiones reclamadas en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que puedan contenerse en esta sentencia, procurando que la misma no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto, fundado en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracciones IV y V, 65, 73 a 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por María de la Luz Díaz Martínez y Claudia García Zamudio contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y términos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el ocurso signado por el Oficial del Registro Civil del municipio de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designa delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia. De igual modo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que la responsable adjuntó a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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