María de la Luz Cruz Reyes
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María de la Luz Cruz Reyes
Actuaciones
- Principal
I... Agréguese a los autos el escrito por el cual el autorizado en amplios términos de la parte quejosa autoriza a Clara Ivette Gómez Contreras para oír y recibir notificaciones, documentos y valores. Atento a lo anterior, dígase que no ha lugar a autorizar a la persona que refiere para los términos que indica, ello con sustento en el primer párrafo del ordinal 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que un autorizado no puede substituir o delegar facultades a un tercero.
- Principal
I... Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de diecinueve de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia. Finalmente, tomando en consideración que en el presente expediente, obran documentales exhibidas por la parte quejosa, de conformidad con el punto vigésimo del citado acuerdo, désele vista, a fin de que se constituya en el local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, contados a partir del momento en que surta sus efectos el presente proveído, a recoger los mismas, apercibida que de no hacerlo seguirán el mismo curso que el presente expediente.
- Principal
I... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz ..., Norma Elena ..., Patricia ..., Antonio ... y Francisco..., por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 409/2021-I. En principio, se tiene que el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el juez deberá resolver si desecha, previene o admite, y el 113 de la propia norma, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda (en el caso, de la ampliación de ésta), y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Entonces, cobra singular relevancia precisar que, como lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o su ampliación, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir el indudable y manifiesto motivo de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido indicados claramente por el quejoso o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que, exclusivamente con esos elementos, se configure dicha improcedencia. Por lo tanto, se debe tener certeza y plena seguridad de la existencia de la improcedencia, porque de no ser así, debe admitirse, ya que, de lo contrario, se estaría privando al promovente de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio.... En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia que surge de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, éste interpretado en contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, pues los promoventes carecen de interés jurídico o legítimo. Ahora bien, en relación con la afectación al interés jurídico o legítimo, tratándose de los Planes de Desarrollo Urbano Municipales, virtud a la interpretación de los artículos 5.16 y 5.20 del Código Administrativo del Estado de México, se advierte que los gobiernos municipales tienen la facultad constitucional y legal de llevar a cabo la aprobación de los planes de desarrollo municipal, los cuales tienen por objeto lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo integral de sus comunidades, competitividad de los centros de población y la adaptación al cambio climático. Además, de la fracción I del artículo 5.3 de la citada legislación se aprecia que, la acción urbanística constituye los actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanas o urbanizables, tales como subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios, conjuntos urbanos, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, incluyendo las obras de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. De lo que se sigue que los planes de desarrollo urbano municipal son normas que tienen por objeto lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo integral de sus comunidades, competitividad de los centros de población y la adaptación al cambio climático, que por regla general no afectan, por sí mismos, los intereses jurídicos ni legítimos de los particulares, en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, ya que no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que requieren de una gestión urbana que materialice su contenido. Precisado lo anterior, de la demanda se advierte, que los quejosos reclaman: La aprobación y consecuente publicación de la modificación al Plan Municipal de Desarrollo de Naucalpan de Juárez, por medio del Acuerdo número 69/17ª SE/2020, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, particularmente la norma técnica 1.2.19, perteneciente al apartado 1.2 de los Instrumentos de Desarrollo Urbano. La emisión del dictamen de congruencia contenido en el oficio 212000040000015/844/2020, respecto del Plan Municipal de Desarrollo de Naucalpan de Juárez, propuesto por la Presidenta y Ayuntamiento. Al respecto, tales actos no afectan el interés jurídico o legítimo de los quejosos, ya que del análisis a la demanda, se advierte que únicamente buscan lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos reclamados y no defender o salvaguardar un derecho individual, que les genere un beneficio concreto a través de la sentencia de amparo y no en abstracto. Lo anterior es así, ya que el hecho de que los quejosos se ostenten como residentes del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no les otorga interés legítimo para acudir al juicio de amparo para reclamar el procedimiento de modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México y el dictamen en que se sustentó, toda vez que las afectaciones que pudiera generar el procedimiento que concluyó con su aprobación, no les ocasiona un perjuicio real y actual, hasta en tanto les sean aplicadas en su perjuicio las disposiciones normativas que emanaron del mismo. Por tanto, como se estableció con antelación, el hecho de que los quejosos sean parte del colectivo al que está dirigido el procedimiento de modificación del referido plan, es irrelevante para determinar si el perjuicio es real y actual (no hipotético), pues tal afectación la podría resentir, por igual, toda persona a la que le sean aplicadas tales disposiciones. De ahí que, resulten hipotéticas las afectaciones originadas por el citado procedimiento, y por tanto, tienen un mero interés simple en la legalidad. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, interpretado en contrario sentido, ambos del mismo ordenamiento jurídico, se desecha de plano la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de los usuarios "GilbertoGutierrezG", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo a lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas como personales se le practicarán vía electrónica por así haberlo solicitado, en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.... De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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