María de la Luz Cortes Piscil
Expediente 1606/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1606/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María de la Luz Cortes Piscil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de mayo pasado, donde se tuvieron por recibidas las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia emitida en el presente asunto y se acordó lo conducente. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y, de conformidad con el artículo 214 de la Nueva Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que la sentencia dictada en el mismo se haya cumplido; esta Potestad Federal procede a su análisis. Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de la presente anualidad, por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad (fojas 75 a 92), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de la Luz Cortés Piscil, por su propio derecho y respecto de sus menores hijos, la cual concluyó en los siguientes términos: " . debe concederse la protección constitucional para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitida en los autos del juicio civil 139/2015/IV, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y; 2. Pondere nuevamente la capacidad económica y alimentaria del deudor, conforme a los lineamientos de esta sentencia. 3. Consecuentemente proceda a regraduar la pensión alimenticia provisional, atendiendo a que el tercero interesado cuenta además con otra fuente de ingresos relativa a la existencia de una concesión de transporte público de pasajeros en su modalidad de taxi. 4. Al hacer lo anterior, la autoridad judicial debe pronunciarse sobre los alimentos provisionales en forma proporcional, fundada y motivada, dejándose en este aspecto en plenitud de jurisdicción, pero no debe soslayar que todos los menores de edad que son acreedores del demandado deben recibir alimentos suficientes, acorde a su interés superior, y el deudor está obligado a darlos a todos, aunque a algunos le corresponda proporcionarlos mediante pensión y a otros en especie -estos últimos los que cohabitan en el domicilio del obligado-." (foja 90- vuelta). La citada resolución no fue recurrida, por lo que mediante proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad, causó ejecutoria, y ahí mismo se requirió a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector (fojas 159 y 160). Por diverso oficio 1480, al que anexó copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de la presente anualidad (fojas 174 a 186) la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora; así que, por acuerdo de trece de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con ello (foja 188) quienes fueron debidamente notificadas. De la lectura de la sentencia de amparo, se desprende esencialmente, que los motivos por los que le fue concedida la protección federal a María de la Luz Cortés Piscil y a sus menores hijos, fueron para que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitida en los autos del Juicio Civil 139/2015/IV de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dictara otra fundando y motivando su determinación, en la que considerara conforme a derecho las constancias y elementos de prueba aportados, analizando la necesidad de los acreedores alimentarios, así como la solvencia económica de la parte deudora, regraduara la pensión alimenticia provisional, atendiendo a las fuentes de ingresos que tiene el tercero interesado. En esa tesitura se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, lo cual se advierte realizó el pasado veintiséis de abril, dado que, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil quince, y en su lugar, pronunció una nueva resolución fundada y motivada, en la cual considerando las constancias y los medios de prueba aportados al juicio de que se trata, la necesidad de la acreedora de recibir alimentos, así como la solvencia económica de la deudora, determinó declarar procedente el recurso de reclamación instaurado por Cristian Loeza Landa, regraduando la pensión alimenticia provisional decretada incialmente de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS DIARIOS a dos salarios mínimos vigente en la zona económica; lo cual hizo con plena libertad de jurisdicción y fundándose en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia de amparo; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción II, segundo párrafo de la Nueva Ley de Amparo; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede a su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y la resolución correspondiente, por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, un tomo de pruebas consistentes en las copias certificadas de los autos del Juicio Ordinario Civil 139/2015-II de su índice, el cual se formó con motivo de las constancias que allegó a su informe justificado y pídase que acuse recibo de los mismos, una vez que obren en su poder. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada...
- Principal
...ténganse por recibidos los oficios signados por la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia Jalacingo, Veracruz, mediante los cuales en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando no desahoguen dicho requerimiento, ésta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Ley de Amparo vigente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada...
- Principal
... se advierte que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de garantías; en consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, teniendo los tribunales que proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo segundo de la Nueva Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificada del presente acuerdo, acate en sus términos la sentencia amparadora, debiendo comunicar a este órgano jurisdiccional las gestiones que esté llevando a cabo para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto...
- Principal
..... agréguense a los autos del juicio de amparo en que se actúa, los oficios signados por la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante los cuales acusa recibo del oficio 9995/2016 del índice de este Órgano Jurisdiccional, con el cual se ordenó notificarle el contenido del proveído de primero de marzo del año en curso y se le remitió copia autorizada de la sentencia terminada de engrosar en este asunto el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad. Por otra parte, del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia emitida en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por María de la Luz Cortés Piscil, por propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, para que en el término de tres días contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia amparadora, debiendo comunicar a este órgano jurisdiccional las gestiones que esté llevando a cabo para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto; apercibida que de no hacerlo y abstenerse de justificar ante este Juzgado tal circunstancia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 258 en relación con el párrafo segundo del diverso 192 de la Ley de Amparo, se impondrá a su titular una multa por CIEN DÍAS del equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, tomando en consideración que los órganos jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial del Estado carecen de superior jerárquico, atendiendo a los principios de imparcialidad e independencia, que rigen su actuar, no ha lugar a formular el requerimiento a que alude el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia PC.I.CJ/3 K (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO; La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Asimismo, es aplicable la tesis VII.1°.P.T.4.K (10ª) del Primer Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el Tribunal veintidós de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, hágase del conocimiento al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad, el contenido de este auto, para los efectos legales a que haya lugar dentro del cuaderno auxiliar 5/2016 de su índice.
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