María de la Luz Chacón Díaz
Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 33 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María de la Luz Chacón Díaz
- Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12, y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos y la razón secretarial de cuenta, de la que se desprende que en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito N 913403, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, a nombre de la quejosa María de la Luz Chacón Díaz, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100, moneda nacional), el cual mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se le tuvo garantizando la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión, atendiendo al estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído dictado en esta misma fecha, dentro del juicio de amparo principal, se declaró firme el auto que sobreseyó el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión; en consecuencia, devuélvase a la citada quejosa, el billete de depósito de que se trata, con la debida orden de pago a nombre de la propia quejosa, previa identificación de su persona con documento oficial, vigente y con fotografía y constancia que por su recibo se asiente en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará prescrito a favor del Erario Federal, la cantidad que ampara el billete de depósito de mérito, dentro del término que establece el artículo 36 de la Ley del Servicios de la Tesorería de la Federación. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, del propio Pleno.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de garantías, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, con que se formaron los tomos I al III, agregando a los presentes autos, las carátulas que las contenían. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, tiene un billete de depósito, que la quejosa exhibió para garantizar la suspensión provisional, cuya devolución se ordena en esta misma fecha, hasta en tanto comparezca la quejosa a recoger dicho billete o prescriba, se reserva proveer sobre el archivo definitivo del presente juicio y del incidente de suspensión derivado del mismo.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; lo de cuenta, el Juez acuerda: en virtud de que transcurrió el término concedido en proveído de dos de mayo del presente año, a la parte quejosa, y toda vez que no exhibió las constancias correspondientes a fin de acreditar el pago de la publicación de los edictos a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Juan Pablo Ortega Becerril, ni manifestó si era su deseo demostrar los extremos legales de la excepción prevista en artículos 27, fracción III, inciso c) de la ley de la materia, es decir, si es una persona de escasos recursos para solventar el pago de edictos para emplazar a dicho tercero interesado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, al llegar al convencimiento de que existe contumacia por la parte quejosa, por no cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento que hace que este órgano jurisdiccional de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que debe sobreseerse en el juicio. En ese sentido, al quedar establecido que la parte peticionaria del amparo no demostró el interés en la sustanciación de este juicio de amparo, porque no cumplió con lo relativo a exhibir los edictos en el Diario Oficial de la Federación para el emplazamiento al citado tercero interesado, su omisión provoca la paralización del juicio de amparo, lo que contraviene el artículo 17 constitucional, y toda vez que su interés particular no puede estar por encima del interés público, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5o., fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página doscientos once, que dispone: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual forma, en la parte que interesa, la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." (Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 1859). Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que estaba programada para las trece horas con diez minutos de esta fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós.
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