María de la Luz Bravo González
Expediente 72/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Silvino Ortiz Guzmán
- María de la Luz Bravo González
- Nora Angélica de Luna Trujillo
- Licenciado Giovanni Jaramillo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Archívese el presente asunto como asunto concluido, el cual es susceptible de ser DEPURABLE.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS PROVEÍDOS DE VEINTISÉIS DE ENERO Y DIECINUEVE DE FEBRERO PASADOS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, SURTIENDO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE: En dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, el artículo 196 del ordenamiento en cita, señala que una vez que el órgano judicial de amparo reciba el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado dentro del plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento y, dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés; además, precisa que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Adicionalmente, indica que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos y una vez declarada cumplida, se ordenará el archivo del expediente, pues si no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el catorce de marzo de dos mil dieciocho; el diez de abril del mismo año se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión; y, por oficio de la misma fecha, se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio ochocientos treinta y tres, de doce de abril de dos mil dieciocho, la sala responsable hizo del conocimiento de este tribunal que mediante auto de esa fecha dejó insubsistente la sentencia reclamada; asimismo, solicitó un plazo de quince días más para dar cumplimiento con la ejecutoria dictada, esto para la emisión de la resolución de mérito. Por auto de trece de abril siguiente se concedió el plazo solicitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Después, el tribunal de alzada remitió oficio novecientos veinte, de diecinueve de abril de dos mil dieciocho a través del cual envió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Al respecto, únicamente la parte quejosa, a través de su apoderado, realizó manifestaciones en las cuales señaló que, desde su punto de vista, la ejecutoria de amparo no estaba cumplida. A continuación se procede a determinar si se dio o no cumplimiento exacto a tal ejecutoria. a) La sentencia que conlleva el cumplimiento se dictó el catorce de marzo de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la sala responsable: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, reiterara la consideración en la cual señaló que resultaba intrascendente la causa por la cual el juez de primera instancia determinó inaplicar el término para la prescripción de la acción de revocación de la donación, previsto en el artículo 7.643 del Código Civil del Estado de México, ya que dicha excepción de cualquier manera no había sido opuesta por la demandada, de modo que no podía analizarse oficiosamente; 3. Al analizar los conceptos de agravio, en primer lugar, determinara cuál fue la causa de revocación por ingratitud que se estimó probada en la sentencia de primera instancia; es decir: a) por la comisión de un delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este; b) por haberse rehusado el donatario a socorrer, hasta el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza; o bien, si se demostraron ambas; 4. Posteriormente, diera respuesta al concepto de agravio en el cual se argumentó que para declarar fundada la acción de revocación de donación por ingratitud, por haberse rehusado el donatario a socorrer al donante que ha venido a pobreza, hasta el valor de la donación, se requería demostrar que la parte actora antes de promover la demanda relativa, solicitó socorro a su donataria y que esta se negó a otorgarlo, así como los demás argumentos expresados en los conceptos de agravio tercero al octavo del escrito de apelación; y, 5. Hecho lo anterior, resolviera conforme a sus atribuciones. Para una mejor comprensión del asunto y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA CUMPLIMIENTO 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada. 1. a) Mediante auto de doce de abril de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada. b) El diecinueve de ese mes y año dictó la nueva resolución. 2. Enseguida, reiterara la consideración en la cual señaló que resultaba intrascendente la causa por la cual el juez de primera instancia determinó inaplicar el término para la prescripción de la acción de revocación de la donación, previsto en el artículo 7.643 del Código Civil del Estado de México, ya que dicha excepción de cualquier manera no había sido opuesta por la demandada, de modo que no podía analizarse oficiosamente. 2. Enseguida, reiteró la consideración en la cual había establecido la intrascendencia de que el juez natural hubiera inaplicado el término para la prescripción, pues esa excepción de cualquier forma no fue opuesta por la parte demandada y no podía analizarse oficiosamente. 3. Al analizar los conceptos de agravio, en primer lugar, determinara cuál fue la causa de revocación por ingratitud que se estimó probada en la sentencia de primera instancia; es decir: a) por la comisión de un delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este; b) por haberse rehusado el donatario a socorrer, hasta el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza; o bien, si se demostraron ambas. 3. Posteriormente, al analizar los conceptos de agravio, señaló que de acuerdo a lo expuesto en la demanda, particularmente en el capítulo de prestaciones y de hechos, resultaba evidente que la enjuiciante hizo valer la acción de revocación de donación por ingratitud, con fundamento en las dos hipótesis previstas en las fracciones I y II del artículo 7.642 del Código Civil del Estado de México; a saber, cuando se comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, o de los ascendientes, descendientes o cónyuge; y cuando existe rehusamiento a socorrer hasta por el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza; y sobre esa base, analizó los conceptos de agravio, considerando que la actora demostró la segunda hipótesis. 4. Posteriormente, diera respuesta al concepto de agravio en el cual se argumentó que para declarar fundada la acción de revocación de donación por ingratitud, por haberse rehusado el donatario a socorrer al donante que ha venido a pobreza, hasta el valor de la donación, se requería demostrar que la parte actora antes de promover la demanda relativa, solicitó socorro a su donataria y que esta se negó a otorgarlo, así como los demás argumentos expresados en los conceptos de agravio tercero al octavo del escrito de apelación. 4. a) Al dar respuesta al concepto de agravio en el cual se expuso que para declarar la procedencia de la acción de revocación de donación, por haberse rehusado el donatario a socorrer al donante que ha venido a pobreza, el tribunal de alzada estimó que en el caso, resultaba innecesario acreditar el requerimiento previo al donatario, pues estaba acreditado que la demandada aceptó tácitamente que la actora le había requerido dicho auxilio. b) Además, respondió los conceptos de agravio tercero a octavo. 4. Hecho lo anterior, resolviera conforme a sus atribuciones. 5. Hecho lo anterior, resolvió confirmar la sentencia recurrida y condenar a la enjuiciada al pago de costas en ambas instancias. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento al fallo protector emitido por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Lo anterior, sin soslayar las manifestaciones de la quejosa, por conducto de su apoderado, expresadas en el escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho , en el cual aduce que el tribunal de alzada incumplió la ejecutoria de amparo, particularmente porque omitió precisar la causa de revocación que se estimó probada en la sentencia de primera instancia y dado que prescindió del análisis del concepto de agravio, en el cual se argumentó la necesidad de demostrar que antes de promover la demanda de revocación, la donante debía probar haber solicitado socorro a su donataria y que esta se hubiera negado; ya que, en ese aspecto, se estima que como se señaló en el cuadro comparativo que antecede, el tribunal de alzada sí se ocupó de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo. Incluso, la propia quejosa señala en su escrito de objeción a las consideraciones en las cuales la sala responsable se pronunció respecto de dichos lineamientos. Por otro lado, en el propio escrito se expone que el tribunal de alzada consideró que no existía prueba en autos de alguna consignación, depósito y/o entrega de alguna cantidad que se hubiera puesto a disposición de la donante, al menos por concepto de alimentos. En este sentido, la peticionaria de amparo señala que el fundamento utilizado por la sala responsable es inaplicable al caso, pues el artículo 4.131 del Código Civil del Estado de México, que establece la obligación de los hijos de dar alimentos a los padres, solo es aplicable en asuntos relativos al orden familiar. En otro aspecto, argumenta que para demostrar la hipótesis de revocación de donación por ingratitud, consistente en rehusar socorrer, hasta el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza, debe demostrarse que la actora pidió auxilio al donatario y que este se negó a otorgarlo, lo cual no está probado en autos, ya que no existe ningún medio de convicción que demuestre esas circunstancias; incluso, la quejosa señala diversos motivos por los cuales considera que, en todo caso, es inexistente la aceptación tácita de su parte en cuanto a la solicitud de auxilio económico de la actora. Además, señala que al responder los conceptos de agravio segundo, tercero y séptimo, expresados en el recurso de apelación, se dejó de considerar el contenido del instrumento notarial **********, de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el cual consta precisamente la donación y en cuya cláusula décimo tercera, se precisa que la donante no se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 7.622 del Código Civil del Estado de México, el cual dispone la nulidad de la donación que comprende la totalidad de los bienes del donante, si este no se reserva en propiedad o en usufructo el setenta por ciento de los bienes o derechos que formen parte de su patrimonio, en todo caso, deberá conservar el donante lo necesario para vivir, ya que en este aspecto la donante tiene derecho a una pensión por cesantía ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; además, en ningún momento se le ha restringido a esta el acceso al bien donado. Aduce que tampoco se valoraron las constancias del expediente 851/2014, promovido por ********** contra **********, tramitado ante el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en las cuales se advierte que la actora se negó a recibir apoyo de la demandada y ello implica que no se encuentra en pobreza, pues cuenta con medios para satisfacer sus necesidades; asimismo, esas constancias demuestran la inexistencia en cuanto a un cambio de circunstancias de la actora, que pudiera crear convicción de que ha caído en pobreza; además, demuestra que la actora nunca le ha solicitado socorro y mucho menos que la demandada se hubiera rehusado a otorgárselo. La falta de análisis de pruebas también estaba relacionada con el escrito de desahogo de vista, con las excepciones y defensas de cinco de abril de dos mil diecisiete, el escrito de demanda, la inspección judicial de nueve de mayo de dos mil diecisiete, en las cuales se advierte que la demandada sí auxilió a la actora, pues hacía llegar dinero a esta a través de **********. En apoyo a estos argumentos, se invocaron las tesis de rubros: "DONACIÓN. CASO EN QUE NO ESTÁ AFECTADA DE NULIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2280 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)", "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE" y "PRUEBA PRESUNCIONAL. SU IMPORTANCIA EN MATERIA CIVIL". La quejosa también señala que al dar respuesta a los conceptos de agravio tercero al octavo, la sala responsable los analizó de manera inapropiada, ya que los malinterpretó al estudiarlos. Lo expuesto permite advertir que los argumentos de la peticionaria de amparo están encaminados a controvertir diversas consideraciones de la nueva resolución que de ninguna forma fueron objeto de análisis en la ejecutoria de amparo, ya que se trata de pronunciamientos emitidos por la autoridad responsable, precisamente con sustento en los lineamientos de la ejecutoria de amparo, respecto de los cuales se otorgó libertad de jurisdicción en cuanto a su emisión, pues lo analizado en la ejecutoria fueron violaciones formales, en tanto que el tribunal de alzada había prescindido de indicar con precisión cuál fue la causa de revocación de donación por ingratitud que se había actualizado en la especie, así como la omisión de analizar algunos conceptos de agravio, de modo que el nuevo pronunciamiento, en ese sentido, evidentemente no fue estudiado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no es posible analizar el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculado; por ello, tales argumentos resultan inoperantes . En virtud de lo anterior, como la autoridad cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Héctor Waldemar Sosa López, que autoriza. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
en cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, procédase a emitir el pronunciamiento respectivo.
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