Maria de la Luz Bravo Gomez
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2020
Partes del expediente
- Maria de la Luz Bravo Gomez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído dictado por este órgano jurisdiccional en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, se provee lo siguiente: I. Estado. Con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la normatividad anterior, se considera que el presente asunto carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis a que aluden dichos puntos, ni a consideración de este órgano jurisdiccional tiene alguna transcendencia por la cual deba conservarse el asunto, aunado a que no es de naturaleza agraria para que se clasifique de relevancia documental, tampoco es un juicio federal de jurisdicción voluntaria, para su conservación; además, de que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, entonces, es DESTRUIBLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo y remite copia certificada de las constancias relativas al expediente 1187/2019, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, en especial de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa .............señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a quien le reclamó la falta de resolución u omisión para dictar el laudo dentro del expediente laboral 1187/2019, de su índice. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el once de marzo de dos mil veinte, dictó el laudo relativo al expediente 1187/2019, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos de los actos reclamados. Para considerarlo así, es necesario transcribir el citado precepto legal, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo no es la simple paralización o destrucción del acto, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el diverso 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrariando el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Precisado lo anterior, debe decirse que de las copias certificadas del expediente 1187/2019, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el once de marzo de dos mil veinte, la responsable dictó el laudo correspondiente, por lo que la omisión atribuida a la autoridad responsable; fallo que fue notificado a las partes los días once de marzo (INFONAVIT), veinticinco de agosto (parte actora), veintiocho de agosto (Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.), y tres de septiembre de dos mil veinte (Instituto Mexicano del Seguro Social). En ese sentido, la aducida omisión ha dejado de surtir efectos y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, dicha concesión se hubiera otorgado para que la Junta responsable dictara el laudo correspondiente al expediente 1187/2019 de su índice, y ordenara su notificación, lo que en la especie ya aconteció. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Derivado de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las quince horas con cinco minutos del veinte de octubre de dos mil veinte.
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