Maria de la Luz Alvarado Castellanos
Expediente 513/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2018
Partes del expediente
- Maria de la Luz Alvarado Castellanos
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO.... ARCHIVESE PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO... EN SU OPORTUNIDAD DE SER DESTRUIDO....
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE ODS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por CLAUDIA GONZÁLEZ QUINTANA, por propio derecho; contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 206/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, en virtud de que el mismo no fue solicitado por la parte quejosa. En atención a los dispositivos 117 y 75, de la ley de la materia, pídase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, en el que expresar con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán expresar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye haciendo la aclaración que dichas copias tienen que ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice de fondo la cuestión que leS fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente de conformidad con los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En la inteligencia, que los salarios mínimos a que se alude en este acuerdo y en el presente asunto, se entenderán referidos a los ahora denominados unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado el miércoles 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Sin perjuicio de que la parte quejosa exhiba dichas constancias. Independientemente de lo anterior, requiérase a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado Federal el estado procesal que guarda el expediente laboral 01766/2017/4/1, de su índice, promovido por la quejosa Claudia González Quintana, es decir, si ya se pronunció sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes del citado juicio, y de ser así, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, en términos de los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele mediante oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Asimismo, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones; sin perjuicio de la relación que de ellas se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomadas en cuenta al momento de emitirse el fallo. En cuanto a la prueba documental que refiere consistente en copias certificadas del juicio laboral 01766/2017/4/1, una vez que presente dichas constancias se acordara lo conducente. Asimismo, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el carácter de tercero interesado el Taller de los Niños, Asociación Civil, con domicilio en: Calle Río Balsas, número 36-A, colonia San Cayetano, San Juan del Río, Querétaro; por lo tanto, se ordena al actuario adscrito realizar la primera notificación al presente juicio al citado tercero interesado en la referida residencia; por lo tanto, una vez que el actuario adscrito se cerciore del domicilio así como de la identidad del tercero interesado, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el número del expediente, deberá además, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo invocada, hacerle entrega de una copia de la demanda, así como copia autorizada del presente proveído; asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria invocada, deberá enterarlo de la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y finalmente deberá requerirlo, en base a lo expuesto en el artículo 27, de la Ley de Amparo invocada, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, sin ulterior acuerdo, se le hará por medio de lista que se fije en los Estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. Asimismo, en caso de que no se encuentre al tercero buscado, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. Así también, se le hace del conocimiento que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a esta jurisdicción. Con independencia de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, en caso de ser cierto el acto reclamado, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado Federal, el nombre y domicilio de las diversas personas que tienen el carácter de partes en los autos del procedimiento de origen del que emana el acto reclamado, a fin de emplazarlo en su carácter de tercero interesada al presente sumario; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal los Estrados de este Juzgado y como autorizados a las personas que señala en su escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar debidamente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se le tendrá como inexistente, no se le dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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