Maria de la Cruz Rosario Delgado

Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
34/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Maria de la Cruz Rosario Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    I- Toluca, México; uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En virtud de lo anterior y atendiendo al estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se evidencia que no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos originales que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, serán depurados y en su momento destruidos junto con el presente expediente. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    I- Toluca, México; tres de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales procedentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado, y remite copia certificada del laudo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la responsable referida y las constancias que remite como anexo. Asimismo, con fundamento en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida y admitida la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora, en el presente juicio la quejosa ********************, reclama la omisión de la Junta responsable de dictar laudo en el expediente laboral ********************. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo el diecinueve de enero de dos mil veintitrés en el expediente laboral ******************** y procedió a notificarlo a las partes. A las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La quejosa aduce que la autoridad Junta Federal Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir laudo en el juicio laboral multicitado. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la Junta responsable emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada, a la fecha, ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho establecido en nuestra ley fundamental y, por ende, procediera a dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen y notificarlo a las partes, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    I.- Toluca, México; diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante el cual informa las partes y su domicilio en el expediente laboral ********************, de su índice estadístico; así como también informa que no ha sido promovido diverso juicio de amparo en el expediente de origen. se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de lo informado, sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a la parte tercera interesada, toda vez que en auto admisorio de trece de enero de la presente anualidad, se le reconoció tal carácter y se ordenó su emplazamiento.

  4. Principal

    I- Se admite la demanda. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte quejosa no lo solicitó expresamente. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al contenido del artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de la materia, aplicado de manera análoga, notifíquese por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los efectos legales conducentes. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, se comunica a las partes que sólo se permitirán las alegaciones verbales en tratándose de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que en cualquier caso puedan formularlos por escrito. En atención al contenido de los artículos 117 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, el cual deberán de rendir dentro del plazo de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del presente asunto en términos de lo establecido en el diverso artículo 61 de la Ley de la materia, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; de igual forma, requiérase a la responsable en comento para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se les atribuye, haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículo 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y emplácese mediante oficio al tercero interesado.

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