María de la Cruz Aispuro Medina
Expediente 1168/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María de la Cruz Aispuro Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ****, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 8-929/2020, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio CCJ/ST/4465/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por Karina Chimal Barrera, Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se concedió a la Titular de este Juzgado el día de hoy como día de asueto, asimismo, se designó como Secretario encargado del despacho al licenciado Jesús Iván Nieblas Valdez, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; es decir, solamente para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente En atención a lo anterior, y a fin de no contravenir las reglas del procedimiento en que se actúa, SE DIFIERE la audiencia constitucional que según certificación de cuenta, estaba programada para esta fecha fijándose para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia naturaleza jurídica, la prueba ofrecida por la parte quejosa consistente en las constancias del juicio de origen. Ahora, en virtud de que el informe de cuenta no fue rendido con ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio; en consecuencia, se difiere y en su lugar se señalan TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2000, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191995, bajo el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
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