María de la Concepción Sibaja Ramírez

Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • María de la Concepción Sibaja Ramírez
  • Juez Séptimo de Distrito En el Estado de Oaxaca, Con Residencia En Salina Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese la comunicación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer circuito, concede en esa localidad, y anexos consistentes en testimonio de la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial 7/2021 de su índice y original del juicio de amparo 671/2020 de este Juzgado, promovido por ******. Acúsese recibo. Ahora, dado que dicho Tribunal, al resolver el conflicto competencial planteado, resolvió que es legalmente competente para conocer del juicio de amparo por 671/2020 promovido por *******, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. En consecuencia, remítase los autos correspondientes al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para que proceda al conocimiento del asunto. Por otra parte, archívese el presente asunto como concluido; el cual se estima carece de relevancia documental, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción.."

  2. Principal

    MESA 8 "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz y este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual registro con el número 7/2021. Asimismo, informa que en sesión ordinaria de dos de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Magistrado David Gustavo León Hernández, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, que en sesión celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, la Comisión de Receso, acordó autorizar al licenciado Miguel Ángel Domínguez Velasco, para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito del dieciséis de enero de este año, hasta en tanto el Pleno referido adscriba magistrado que integre ese tribunal colegiado..."

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio y anexo del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, mediante el cual, remite el juicio de amparo indirecto 671/2020 del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, en el que se transcribe el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se advierte que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no aceptó la competencia que le fue declinada. Lo anterior, al considerar que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; en ese sentido, estimó que en el presente caso, el escrito inicial de garantías fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y turnada a este Juzgado Segundo de Distrito. No obstante lo anterior, respetuosamente se sostiene el criterio emitido en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de que el competente para conocer y resolver este asunto es el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Ello es así, porque de la lectura integral de la demanda de amparo signada por la quejosa María de la Concepción Sibaja Ramírez, se advierte que señala como autoridad responsable ordenadora al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Asimismo, se aprecia que la impetrante se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; por lo que, de manera destacada le reprocha a la autoridad responsable la omisión de recabar las testimoniales a cargo de Eva Dominga Ardon de Mendoza; del testigo colaborador con nombre clave "Toledo", así como, del perito Alejandro Ramírez Paniagua; y en vía de consecuencia, la omisión de emitir sentencia dentro de la causa penal 131/2015. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es decir, a la omisión de emitir sentencia dentro de la causa penal 131/2015, se considera que sus efectos se trasladan directamente al proceso, donde tiene su principal impacto y repercusión, por lo que, es ante la potestad del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, a quien la quejosa se encuentra sometida. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las omisiones reclamadas sean ejecutables materialmente. Ello, porque no se tratan de omisiones simples como lo sostiene el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, sino que, las omisiones que se reprochan en esta instancia tienen efectos positivos, es decir, que la quejosa María de la Concepción Sibaja Ramírez continúe privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, impidiéndose, además, que se desahoguen las pruebas pendientes en el proceso penal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". (Jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por ello, se reitera que al reclamarse omisiones dentro de la causa penal 131/2015 con efectos positivos, el competente para conocer de la demanda presentada por María de la Concepción Sibaja Ramírez es quien tiene jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca. De ahí, que se actualice lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo que señala que es competente para conocer de un asunto el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183 Décima Época). Por tanto, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, en turno, a fin de que sea éste, quien resuelva el conflicto competencial. Hágase del conocimiento la presente determinación, al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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