María de Jesús Vera Escobedo

Expediente 504/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Vera Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo; en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establecen los numerales 21, inciso a) del citado Acuerdo General, al haberse sobreseído este juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 504/2020-VI, promovido por la apoderada legal de *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por la apoderada legal de *******, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día; de la que se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión que atribuyó a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, la demanda de amparo se admitió a trámite, se registró con el número 504/2020-VI, se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, previo diferimiento, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en la omisión de proveer la ejecución del laudo definitivo emitido en el juicio laboral *******, solicitado por la parte obrera el once de septiembre de dos mil diecinueve. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado y, para tal efecto, remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral *******; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho . De la interpretación de los preceptos normativos trascritos con antelación, realizada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arribó a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamando el acto consiste en la omisión de proveer la ejecución del laudo definitivo emitido en el juicio laboral *******, solicitado por la parte obrera el once de septiembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, se advierte que mediante proveído de quince de diciembre de la anualidad pasada, la responsable proveyó lo siguiente: EXPEDIENTE ******* Asunto: Audiencia de Conciliación. En Ciudad Juárez, Chihuahua, a 15 de Diciembre del año 2020.-------- VISTO el escrito recibido en oficialía de partes de este Tribunal en fecha 11 de Septiembre del año 2020 con número de promoción *******, suscrito por la C. LIC. *******, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, en autos del juicio laboral indicado al rubro, el cual es formado con la reclamación de ******* en contra de ******* Y/O OTROS, por medio del cual solicita se fije hora y fecha para que tenga verificativo la reinstalación de la trabajadora en la fuente de trabajo y despachar mandato de ejecución derivado del laudo de fecha 30 de julio de 2019, es por lo que. -------------------------------------------------------------------------------------- - - - EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ACUERDA.- Se tienen por recibido el escrito de cuenta, mismo que se mandan agregar a los autos para que obren como legalmente correspondan y visto que de autos se desprende que se condenó a la parte demandada ******* a la reinstalación de la actora, la C. ******* mediante laudo de fecha 30 días del mes de Julio de 2019, es por lo que SE SEÑALAN LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA REINSTALACIÓN DE LA C. *******, en la fuente de trabajo para lo cual TÚRNENSE los autos al C. ACTUARIO adscrito a este Tribunal, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en *******, EN ESTA CIUDAD, debiendo de dar fe de que se reinstala a los actores en los términos y condiciones en que venía desempeñando sus labores, la C. ******* con una fecha de ingreso a partir del día 30 de octubre de 2006, en el puesto de team leader y como salario de $******* pesos diarios, más la cantidad de $******* pesos semanales de bono de despensa, más la cantidad de $******* pesos semanales por bono de puntualidad, más la cantidad de $******* pesos semanales por bono de asistencia, más la cantidad de $******* pesos semanales por bono bonificación de turno, más la cantidad de $******* pesos semanales por concepto de fondo de ahorro, con un horario comprendido de las 06:00 a las 15:30 horas, de lunes a viernes, mismos que se encuentran señalados en su escrito inicial de demanda, apercibiendo a la actora que en caso de no comparecer a la diligencia anteriormente señalada se da por terminada la relación de trabajo según lo establece el artículo 948 de la Ley Federal del Trabajo; así como a la parte demandada se le apercibe que en caso de no reinstalar a la actora se procederá a fincar la responsabilidad que resulte de conformidad con lo dispuesto por el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento el C. Actuario. - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte actora por conducto de su apoderada legal la C. LIC. *******, [.] Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo esas premisas, en virtud de que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, acordó la promoción presentada por la parte obrera el once de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *******; es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto encomendar a la responsable a proveer la petición formulada por la quejosa el once de septiembre de dos mil diecinueve; lo que como se precisó, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de la responsable. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, contra la omisión que atribuyó a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Juárez; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, de los presentes autos se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que los informes justificados de cuenta , no saldan los extremos del arábigo 117 de la Ley de Amparo, conforme al cual, dichos informes debieron ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 54/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Consecuentemente, se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para su desahogo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, requerido mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, comunique a este juzgado, las razones y fundamentos que estime convenientes para sostener la legalidad del acto reclamado; y remita para tal efecto, copia certificada de las constancias conducentes, relativas al juicio laboral ***/2100. Apercibido que en caso de no acatar lo expuesto, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la licenciada ****, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

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