María de Jesús Vencer Guerrero

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Vencer Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos. 1. Oficio signado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre. Al efecto se acuerda. 1. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ********************-I-1 orden ******************** del índice de este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo, sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo generó al momento de su remisión. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de control electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico respectivo y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se encuentra dentro de los criterios de valoración para ser calificado de relevancia documental o conservable, ni obra en autos ninguna determinación de información reservada con motivo de alguna solicitud de acceso a la información calificada. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tal dato, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto. 1.- Visto el estado que guardan los autos en que se actúa y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés y notificado el trece del mismo mes y año, para que señalara ante este Tribunal, domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. Al efecto se acuerda. 1.- En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, háganse a la citada parte procesal las subsecuentes notificaciones por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en el entendido de que aún las de carácter personal se le harán válidamente en los mismos términos, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Identificación de promovente. Vista la demanda de amparo promovida por ........contra actos de 1. Sistema Educativo Estatal y 2. Inspección de Zona número 5 de Educación Primaria del Sistema Educativo Estatal Regular, por trasgresión que estima de los artículos 1, 3, 4, 8, 14 y 17 Constitucional. Registro. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 542/2023. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Desechamiento de demanda. Con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, misma que se advierte resulta notoriamente improcedente. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C.J/19, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en su Gaceta, con registro digital 193379, rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ......... Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, relacionada con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el 1. Sistema Educativo Estatal y la 2. Inspección de Zona número 5 de Educación Primaria del Sistema Educativo Estatal Regular, no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. Ciertamente, conforme a los preceptos legales citados en párrafos precedentes, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte que, si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Es decir, congruente con la doble personalidad del Estado, solo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ......... Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ........... Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En ese sentido, se precisa que a los señalados como responsables no se les puede atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, las condiciones de permanencia en el empleo de los docentes, y en general las relativas a su promoción, ascenso, cambios de adscripción, incluso, separación del cargo, son los que el Máximo Tribunal del País ha denominado "actos condición", que esencialmente constituyen los parámetros bajo los cuales debe prestarse dicho servicio público condicionado por las disposiciones vigentes que se determinen abstracta e impersonalmente, como las condiciones de permanencia, entre otros. Así, las disposiciones, condiciones o reglas que se emitan para cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público y sus determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, pues parten de una relación de coordinación; y en el caso de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, por ser de naturaleza administrativa, ésta deberá impugnarse mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad. Sustentan la anterior consideración, los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS NOMBRAMIENTOS RELATIVOS CONSTITUYEN "ACTOS CONDICIÓN". ......... "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. ........... Por tanto, los actos reclamados concernientes al hostigamiento y acoso laboral consistentes en amenazas de cambio de adscripción o cese de su puesto como Directora de una escuela primaria, atribuidos al 1. Sistema Educativo Estatal y a la 2. Inspección de Zona número 5 de Educación Primaria del Sistema Educativo Estatal Regular, no tienen la naturaleza de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al no revertirles las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de no derivar de una relación de supra a subordinación; por ende no les reviste la calidad de actos provenientes de autoridades responsables, en términos de la Ley de Amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, sino en su calidad de ente patrón. Por las razones que informa, es ilustrativo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del tenor siguiente: "SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. EL OFICIO DE TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO O CESE DEL PUESTO DE UN SERVIDOR PÚBLICO PERTENECIENTE A AQUÉL, EMITIDO POR EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SU ADSCRIPCIÓN, SIN OTORGAR PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PATRONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, SINO DE SEPARACIÓN UNILATERAL DE ESTADO-PATRÓN, RESULTANDO IMPROCEDENTE DICHO JUICIO CONSTITUCIONAL. ......... Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a .........al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se gira exhorto para notificar a la parte quejosa. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el situado en .........por lo tanto, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la citada parte quejosa María de Jesús Vencer Guerrero en el domicilio precisado. Asimismo la requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, señale persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Se faculta al Juez de mérito para que realice cuantas diligencias sean necesarias para llevar a cabo la aquí encomendada, que podría ser que en términos del artículo 21 de la ley de la materia, se habiliten días y horas inhábiles. Hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Juicio en línea. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; hágase por exhorto a la parte quejosa.

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