María de Jesús Soria Dorantes

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Soria Dorantes

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que por el diverso de cinco de marzo último se acordó sobre el archivo. Notifíquese...MESA 1

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Recepción y registro de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por María de Jesús Soria Dorantes, por propio derecho, contra actos que reclama de la Primera Sala Regional Civil de Ecatepec de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 916/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se desprende que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, al constituir el acto reclamado una resolución definitiva que pone fin al juicio y por ende, su impugnación debe realizarse a través de la vía de amparo directa, cuya competencia es de los Tribunales Colegiados de Circuito. Para sostener lo anterior, debemos recordar que en la secuela procesal, el quejoso demandó a través del juicio ordinario civil al Ayuntamiento de Ecatepec Morelos y al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelos Estado de México. De dicho asunto conoció el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajo el expediente 465/2019. Seguido el procedimiento el juzgador emitió resolución en la que declaró procedente la excepción de improcedencia por materia aducida por el Ayuntamiento antes señalado. Inconforme con la anterior determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación 462/2020, que fue resuelto por la Primera Sala Regional Civil de Ecatepec Morelos, del Tribunal Superior de justicia del Estado de México, el cinco de noviembre de dos mil veinte. En la citada sentencia, el órgano colegiado confirmó la excepción de incompetencia por materia y ordenó el archivo del expediente. Siendo éste el acto reclamado por el imperante de amparo. Como se desprende de lo anterior, la materia del presente juicio constitucional es una sentencia definitiva que puso fin a un juicio ordinario civil, al confirmar la actualización de excepción de incompetencia por materia y ordenar su archivo, misma que fue dictada por una Sala Civil y es impugnable en la vía de amparo directo con sujeción a las reglas que establecen los siguientes preceptos de la Ley de la materia: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos [.]" De la lectura de los artículos trascritos se desprende que tratándose de sentencia definitivas, que ponen fin a un juicio y que son dictadas por autoridades judiciales, la competencia recae en los Tribunales Colegiados de Circuito y ya que en el caso la determinación que controvierte la parte quejosa reúne esos requisitos, también debe ser del conocimiento de esos órganos jurisdiccionales, salvo mejor opinión de la superioridad Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo III, página 2175, con número de registro 2005654, cuyos rubro y texto señalan: 'TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor" También es aplicable en lo conducente, la tesis 2a. CCXI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y uno, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y también con el número de registro 188429, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Por tanto, de conformidad con los artículos 34 y 36 de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, por lo que se remite la misma al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio del quejoso. Ahora bien, toda vez que el lugar a que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Juárez Sur, casi esquina con Calle Vicente Guerrero, Lote 1, Despacho A, Colonia La Mora, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. quien previo a su actuación, deberá cumplir con las directrices atinentes de "Los Lineamientos de Higiene de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal, emitido por la Dirección de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaria Ejecutiva de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 1

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