María de Jesús Sandoval Lamas

Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
115/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Sandoval Lamas

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta que signa el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 112/2021 del índice de dicho Tribunal, relacionado con el juicio de amparo indirecto 2550/2019, y los autos originales del juicio de amparo indirecto en que se actúa; acúsese recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia en el amparo en revisión determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a GLORIA SEPÚLVEDA GARIBAY, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma.". Aunado a lo anterior, y tomando en consideración que en la ejecutoria de mérito se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la persona moral quejosa contra la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a efecto de: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los preceptos 11 fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial de la referida Entidad Federativa, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en lo futuro tales artículos, hasta en tanto se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener el monto que deba destinarse al Fondo de Pensiones. 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, o la autoridad que legalmente corresponda, devuelva a la peticionaria del amparo todas y cada una de las cantidades que le hayan sido descontadas con base en las normas declaras inconstitucionales, a saber, los artículos 11, facción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad de referencia para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes en que se actúa con motivo de la tramitación del citado recurso, dejando únicamente las actuaciones originales que se practicaron en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta, que suscribe el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinticinco de enero del presente año, remite copia certificada del auto de veinticuatro de enero último dictado en el expediente para-procesal 45/2021 de su índice. En consecuencia, se tiene a la citada autoridad informando que ordenó auto de requerimiento de pago a favor del beneficiario del de Cujus J. TRINIDAD MIRAMONTES ARTEAGA, señalando para tal efecto las DOCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con independencia de lo anterior, conforme lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase: ? Al Presidente Árbitro Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, a efecto de que dentro del término de tres día se sirva remitir copia certificada de las constancias de notificación practicadas tanto a la parte actora como demandada del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós dentro del citado expediente. ? A la Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, para que actúen conforme a lo siguiente: a) Realicen las gestiones necesarias y giren instrucciones a quien corresponda para que el día y hora que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para el día señalado para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago se encuentre presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) Además, efectúen los trámites necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral se proceda a realizar el pago por la cantidad de $710,270.11 (setecientos diez mil doscientos setenta pesos 11/100 moneda nacional), a favor de la parte actora conforme lo laudado dentro del expediente laboral 721/2014 de su índice, por conducto de sus beneficiarios. Se apercibe a las citadas autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que dicha multa se ira duplicando con cada requerimiento hasta que dé cumplimiento a dicho requerimiento. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA DE JESÚS SANDOVAL LAMAS, contra actos de la Directora del Registro Civil del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 115/2022; formándose los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, la causal de improcedencia que se actualiza de forma manifiesta e indudable es la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. En primer lugar, resulta importante destacar el contenido de los citados numerales, los cuales establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En el entendido de que de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Aunado a lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, cabe precisar que este juzgador está facultado para interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, lo que implica una fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, por lo que aun cuando en su ocurso de demanda en el capítulo de acto reclamado señaló como tal el siguiente: "LA ORDEN VERBAL DE DESPIDO que la autoridad responsable me dio, omitiendo fundar y motivar su acto de autoridad, orden verbal dictada por la responsable fuera de procedimiento de cualesquier índole; dicha orden me fue dada el día miércoles 12 de enero del presente año 2022, de manera verbal." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda y constancias anexas a la misma se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable Directora del Registro Civil del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, son los siguientes: ? El despido injustificado del puesto que desempeña en la Oficialía del Registro Civil del ayuntamiento señalado como responsable y como consecuencia, la suspensión del pago del salario que percibía por realizar dicha función. Lo que se sustenta en la manifestación de la quejosa en su escrito de demanda, en específico, en el capítulo de hechos, en donde señaló lo siguiente: "a). Siendo aproximadamente las 11:00 horas antes meridiano del día miércoles 12 de enero, encontrándome en mi lugar de trabajo, esto es en la oficialía del registro civil del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, la Directora del Registro Civil Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, de nombre LAURA ISELA CHÁVEZ LÓPEZ, se presentó ante la suscrita amparista, y de manera verbal, sin mediar ningún documento y menos aún fundamento legal alguno, me dijo que a partir de ese momento estaba despedida, y aduciendo que se había levantado un acta administrativa en mi contra el día 11 de enero; ante este supuesto señalo que acorde al artículo 75 de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, a quien impone levantar un acta, es al Superior jerarquico, y en mi caso resulta ser la señalada responsable Laura Isela Chávez López, en su calidad de Directora del Registro Civil Municipal y aclaro a su señoría que en ningún momento mi superior jerárquico me levantó ningún acta. (.) c). A lo expuesto debe acotarse que, soy trabajadora de base, con una antigüedad de 28 años al momento de que se me dio la orden verbal de despido, antigüedad que me ubica ya en el supuesto de jubilación acorde a las leyes que así lo reglamenta, por tanto soy una servidora de base despedida fin fundamento alguno, y mis funciones desde el día del despido verbal ya no se me permitió seguirlas desempeñando, incluso me fue negado ya hasta el uso de mi escritorio y demás herramientas de trabajo, y que si bien el día 14 me fue hecho un pago, el mismo fue por cuenta a importes que se me adeudan, pero ya en la actualidad he sido privada de mi quincena (.)" -Lo subrayado es propio Manifestaciones que constituyen una confesión de que el doce de enero de dos mil veintidós dice haber sido objeto de despido injustificado. En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo ese contexto, se colige que la quejosa MARÍA DE JESÚS SANDOVAL LAMAS, al desempeñarse dentro de la Oficialía del Registro Civil del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, la relación que tiene con la Directora del Registro Civil de ese Ayuntamiento, es de naturaleza laboral, por tanto, las determinaciones que dicha entidad tome en torno a esa relación debe ser considerada de naturaleza laboral; de ahí que lo que aquí reclama se deba ventilar en esa vía. Ante tal situación, los actos que por esta vía se reclama, no puede ser considerados como actos de autoridad, toda vez que se emitieron en una relación de coordinación o igualdad, es decir, en una relación de índole laboral que prevalece entre la quejosa y la autoridad mencionada, por lo que dichos actos no fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino por su patrón, pues tiene su origen en un vínculo trabajador-patrón y no gobernante-gobernado o ciudadano; es decir, se trata de una relación entre particulares actuando en un plano de igualdad. En ese tenor, se concluye que la afectación que dice resentir la trabajadora no resulta en su carácter de ciudadano frente a una autoridad, sino como trabajadora frente a un patrón, pues la actuación de la autoridad se traduce en el despido injustificado y como consecuencia la suspensión del pago de su salario, lo que hace patente que no actuó con el imperio que establece una relación de supra a subordinación, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular. Por tanto, el juicio de amparo no es el medio para reclamar actos derivados del servicio que presta o prestaba la quejosa como trabajadora de la Dirección del Registro Civil del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a saber, el despido injustificado, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, ante la autoridad competente, por ende, no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo al ente antes mencionado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.)1, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como 1 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 01 de abril de 2016 10:01 h. cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.)2, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que a la letra señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus 2 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 18 de marzo de 2016 10:40 h. controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así también es aplicable la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO. Si un trabajador al servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, reclama en amparo ante un Juez de Distrito, el cese en su empleo y la falta de pago de sus sueldos, dicho juicio de garantía debe sobreseerse, porque si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, por el contenido de su artículo 1o., de ninguna manera priva a los respectivos títulos de su carácter de autoridad, antes bien, por tener ese carácter resultan vinculados por las disposiciones del estatuto; también lo es que el artículo 2o., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia, para todos los efectos legales, de una relación jurídica de trabajo entre autoridades y funcionarios por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de unas y otras, ligados entre sí por un complejo de derechos y obligaciones recíprocos; esto es, la violación de los primeros y la infracción de las últimas, como producido entre partes dentro de aquella relación jurídico-laboral, no dan origen a controversia de que deban conocer originalmente los tribunales de la Federación, en el sentido del artículo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, según el artículo 63, fracción I, y el único procedimiento idóneo para resolverlos, es el previsto en el artículo 100, ambos del estatuto que se menciona." No pasa desapercibido para este juzgador que se aduzca que el ente señalado como responsable se encuentra violando derechos humanos, ya que en este caso, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, la quejosa debe acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. En cosencuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la citada ley, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por MARÍA ELENA BAÑUELOS RODRÍGUEZ, respecto del acto aquí analizado, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizados en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erick Jetzaelt González Chávez, José Raúl López Villalobos y Francisco Javier Cortés Díaz, y en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a Saúl Macarena, Ana Paula González Díaz y Sara Campa Hernández, en virtud de que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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