Maria de Jesus Rojas Martinez

Expediente 54/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
54/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Maria de Jesus Rojas Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con veinticuatro minutos del catorce de febrero de dos mil diecisiete, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 54/2017, promovido por María de Jesús Rojas Martínez, por conducto de su apoderado. Sin asistencia de las partes. Abierta la misma, se procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda de garantías, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas"; al respecto el Juez, acuerda: se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que remitió el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada de los autos de ejecución de laudo del juicio laboral 01/31/12; al no existir pruebas por relacionar ni acordar, se cierra esta etapa, acto continuo, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se advierte que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS los presentes autos para resolver el juicio de amparo número 54/2017, y; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, María de Jesús Rojas Martínez, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO: Es la preocupante indiferencia o desdén, respecto de dictar el acuerdo y posteriormente realizar su correspondiente notificación sobre el escrito presentado ante la responsable el día 15 de julio del 2016, con numero de folio 011113, en el que se solicita copias certificadas de sesión de pleno, se hagan efectivos los apercibimientos y se señale día y hora para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de constancias a las que fueron condenados los terceros interesados, siendo omisa la responsable en acordar por ende notificar el acuerdo correspondiente que recaiga sobre lo solicitado como consecuencia de lo anterior impide llevar a su término el juicio de origen no respetando lo ordenado en el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, concluir el asunto en un termino de seis meses, así como también haciendo caso omiso al numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que en escritos presentados en fechas 01 de agosto con numero de folio 011276 y 13 de diciembre con numero de folio 016568 del 2016 se solicitó de manera reiterada lo manifestado en el primer escrito en mención.." Actos que estima violatorio de las garantías consagradas en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose bajo el número 54/2017; mediante acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de que se trata, en el que se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se ordenó emplazar al tercero perjudicado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Los actos de molestia se hacen consistir en: "La Omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto de los en escritos presentados en uno de agosto, numero de folio 011276 y trece de diciembre numero de folio 016568, ambos de dos mil dieciséis, en relación a la ejecución del laudo, en el expediente laboral 01/31/12." Al respecto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene como plenamente probado. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." TERCERO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, al margen de aceptar la existencia del acto reclamado, también hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo. En el caso particular, quien ahora resuelve, también estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en la que se establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del citado precepto legal, se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda, se evidencia que el motivo básico de la promoción del juicio constitucional estriba, en que el tribunal responsable no había dictado el acuerdo correspondiente ocurso que le fue presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el que se solicitaba la ejecución del laudo, empero, la responsable mediante acuerdo de once de veintiuno de abril de este año proveyó lo conducente. En este contexto, tal causa de improcedencia se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, ya que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de este año proveyó lo conducente, dentro del expediente laboral 01/31/12, tal como se aprecia de las constancias que en copia fotostática certificada, remitió la responsable, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de modo tal, que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En apoyo a las anteriores consideraciones, se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Igualmente, tiene sustento la Jurisprudencia ciento tres, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las condiciones relatadas, por lo que hace al acto reclamado precisado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 24993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María de Jesús Rojas Martínez, por conducto de su apoderado, en contra de los actos reclamados a la autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando tercero, del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante La Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Presidente, Tercer Arbitro y Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, asimismo, se tiene como señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que anexa a su informe; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, y XII de la Constitución Federal, 1°., fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción VI, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la misma, dese la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otro lado, en términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, y con OCHO días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que en caso de no hacerlo, o no remita con la oportunidad debida las constancias, se le sancionará con una multa equivalente a cien días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan LAS ONCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al ********************, quien deberá ser emplazado al presente juicio, con fundamento en el artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por oficio; corriéndole traslado con una copia de la demanda, haciéndole saber el día y hora de la audiencia constitucional, requiriéndole para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación, se apersone al presente juicio de garantías. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el entendido que de no cumplir con dicha obligación, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal les impondrá una multa equivalente a cien días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que, junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la Materia, se tiene por admitidas las pruebas que ofrece consistente en las documentales que anexa a su escrito de demanda, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. Por otra parte, se instruye a los actuarios adscritos, para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Razonamiento que se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, pues la notificación por oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, quejosa y tercero interesada, ya que a través de ella, se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario, girar oficios a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por último, hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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