María de Jesús Rodríguez Reyes
Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María de Jesús Rodríguez Reyes
- Juez Noveno Familiar del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. Devolución de anexos: Del cuaderno incidental que deriva del juicio de amparo que nos ocupa, se dictó auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el que se proveyó sobre la recepción de cinco anexos como parte del informe previo, de ahí que este juzgado federal ordena la devolución de los mismos al Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. De lo antes referido, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en el entendido que el sello de recepción de los citados anexos harán las veces de acuse. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la razón de cuenta, realizada por el Actuario de la adscripción de dos de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar al tercero interesado José Luis Bautista Rodríguez, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO JÓSÉ LUIS BAUTISTA RODRIGUEZ, POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETEERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María de Jesús Rodríguez Reyes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ". se reclama el dictado de la sentencia interlocutoria de fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno. En los autos del incidente de liquidación de costas promovido en los autos del expediente civil número 81/2010.." SEGUNDO. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de amparo, registró en asunto con el expediente 1133/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo a la tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, que resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas, en el juicio civil 81/2010. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitió copia certificada de constancias que integran el juicio civil 81/2010, documentos allegados que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, es necesario destacar los antecedentes que conforman el acto reclamado, mismos que se advierten de las constancias remitidas por la responsable, las cuales ya fueron valoradas, siendo éstos los siguientes: El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Tribunal Superior de del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de julio de dos mil dieciocho, del amparo directo 555/2017, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo octavo Circuito, resolvió nuevamente el recurso de apelación interpuesto por Juan Carlos García Caloca, abogado patrono de la parte demandada toca civil 499/2015-10, en contra de la sentencia definitiva de siete de abril de dos mil quince, relativo al expediente civil 81/2010, donde determinó revocar la sentencia impugnada y emitir una nueva donde determinó: ". SEGUNDO.- La parte actora reconvencionista María de Jesús Rodríguez Reyes, acreditó parcialmente su acción reconvencional que hizo valer en contra del actor principal José Bautista Rodríguez, únicamente por cuanto a la inexistencia de los contratos base de la acción; en consecuencia: TERCERO.- Se declara la inexistencia de los contratos privados de compraventa de seis de enero de dos mil diez, celebrados entre José Bautista Rodríguez como comprador y María de Jesús Rodríguez Reyes como vendedora, respecto del lote 56. CUARTO.-. SÉPTIMO.- Se condena al actor en lo principal José Bautista Rodríguez, al pago de los gastos y costas generados en esta primera instancia, al haberle sido adversa la sentencia, como se ha expuesto en el considerando anterior. .". Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la ahora quejosa presentó ante el juez natural planilla de liquidación de costas judiciales, que fue admitido en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, la responsable tuvo en tiempo y forma al actor en lo principal dando contestación al incidente de liquidación. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia incidental donde las partes desahogaron las pruebas admitidas. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la juez natural dictó sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de costas, determinado aprobarlo en favor de la ahora quejosa por la cantidad de $112,500.00 pesos, que resulta ser el acto reclamado. En ese sentido, al advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable que la parte quejosa se adhirió al recurso de apelación interpuesto por el actor en lo principal José Bautista Rodríguez, y señaló las constancias que deberán integran el testimonio de apelación, -todo lo actuado en el juicio-, mismo que fue admitido por la responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el efecto devolutivo en términos de los numerales 165, 541, fracciones II y IV del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el que se encuentra pendiente de resolver por parte de la superioridad, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Luego, conforme al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, que indica lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", para que se actualice la improcedencia en comento se requieren los siguientes elementos:El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante la autoridad señalada como responsable;Paralelamente la promoción del juicio de amparo debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, Tal recurso o medio de defensa legal debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Continuando con el análisis de oficio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del ordinal 61 de la Ley de amparo, como se destacó, el quejoso resulta ser la parte actora en el juicio principal y demandado incidental en el juicio civil 81/2010, donde surge el acto reclamado, emitido por la responsable. Ahora, tal y como se dijo, de la breve reseña de las actuaciones procesales que integran el juicio civil 81/2010, génesis del acto reclamado, se desprende que la parte quejosa es parte demandada en el contradictorio entablado en su contra donde resultó absuelta y condenado a pagar las costas el actor, por lo que puede presentar los medios ordinarios de defensa que rigen en los juicios de controversia civil.Por su parte, el artículo 165 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, dispone:"Artículo 165. Incidente de costas procesales. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.En contra de esta decisión se admitirá el recurso de apelación en el efecto devolutivo."Como puede advertirse, del segundo párrafo del numeral transcrito prevé el recurso de apelación en contra de la resolución que regula las costas, que se admitirá en el efecto devolutivo.Así, de los antecedentes que narró la parte quejosa en su demanda, y de las constancias que integran el juicio natural 81/2010, se trata de un juicio civil, del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con asiento en esta ciudad.Que en ejecución de la sentencia definitiva que condena al actor en lo principal a pagar a la demandada los gastos y costas, dictó resolución incidental de costas el seis de mayo de dos mil veintiuno, donde las reguló por la cantidad de $112,500.00 pesos.Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que en contra del auto pronunciado en el juicio civil de referencia, constituye una resolución que resuelve el incidente de liquidación de costas, que de acuerdo con el artículo 165 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, es recurrible mediante el recurso de apelación, dado que el citado numeral establece de forma categórica la procedencia del recurso de apelación en contra de la decisión que liquida las costas del juicio, con la finalidad de revocar, modificar o nulificar la violación alegada. Tan es así que, de las constancias remitidas se aprecia que la quejosa mediante escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, se adhirió al recurso de apelación interpuso por su contrario, contra la interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, y señaló constancias para integrar el testimonio de apelación, todo lo actuado en el juicio 81/2010, mismo que fue admitido por proveídos de veintisiete de mayo y ocho de junio ambos de dos mil veintiuno, en el efecto devolutivo, y actualmente está pendiente de resolución. Es decir, tanto el recurso de apelación, como el juicio de amparo, se encuentran en trámite a fin de que se revise, y modifique la interlocutoria impugnada de seis de mayo de dos mil veintiuno, por la aquí promovente. En ese sentido, se reitera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el medio de defensa ordinario interpuesto por el inconforme, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la responsable, por ello, al encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo y, en tal virtud, es claro que la acción constitucional es improcedente. Las circunstancias relatadas, se advierten de las constancias enviadas por el juez responsable, con sede en esta ciudad, adjuntas a su informe con justificación, de las que se desprende que en determinación de veintisiete de mayo -admisión del recurso de apelación interpuesto por el actor- y ocho de junio ambos de dos mil veintiuno, -adhiere la quejosa al recurso de apelación propuesto por su contrario-, tuvo a la peticionaria de amparo adhiriéndose al recurso de apelación, ya aludido, dándole el trámite correspondiente (f. 121 a 128 del anexo inc. Costas). De ahí que, en términos procesales, se pone de manifiesto que el recurso ordinario se encuentra pendiente de resolución. Además, el recurso interpuesto en el juicio de origen es idóneo para modificar, revocar o confirmar la interlocutoria que impugna de ilegal que constituye el acto reclamado, toda vez que la legislación procesal civil en lo relativo al dispositivo transcrito, prevé su impugnación a través del recurso de apelación -como acontece en el caso- la resolución interlocutoria que liquida las costas que considere emitido de manera contraria a la ley. Robustece lo anterior la tesis 1ª.XXII/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Por consiguiente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós,
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María de Jesús Rodríguez Reyes, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ". se reclama el dictado de la sentencia interlocutoria de fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno. En los autos del incidente de liquidación de costas promovido en los autos del expediente civil número 81/2010.." SEGUNDO. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de amparo, registró en asunto con el expediente 1133/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo a la tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, que resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas, en el juicio civil 81/2010. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitió copia certificada de constancias que integran el juicio civil 81/2010, documentos allegados que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, es necesario destacar los antecedentes que conforman el acto reclamado, mismos que se advierten de las constancias remitidas por la responsable, las cuales ya fueron valoradas, siendo éstos los siguientes: El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Tribunal Superior de del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de julio de dos mil dieciocho, del amparo directo 555/2017, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo octavo Circuito, resolvió nuevamente el recurso de apelación interpuesto por Juan Carlos García Caloca, abogado patrono de la parte demandada toca civil 499/2015-10, en contra de la sentencia definitiva de siete de abril de dos mil quince, relativo al expediente civil 81/2010, donde determinó revocar la sentencia impugnada y emitir una nueva donde determinó: ". SEGUNDO.- La parte actora reconvencionista María de Jesús Rodríguez Reyes, acreditó parcialmente su acción reconvencional que hizo valer en contra del actor principal José Bautista Rodríguez, únicamente por cuanto a la inexistencia de los contratos base de la acción; en consecuencia: TERCERO.- Se declara la inexistencia de los contratos privados de compraventa de seis de enero de dos mil diez, celebrados entre José Bautista Rodríguez como comprador y María de Jesús Rodríguez Reyes como vendedora, respecto del lote 56. CUARTO.-. SÉPTIMO.- Se condena al actor en lo principal José Bautista Rodríguez, al pago de los gastos y costas generados en esta primera instancia, al haberle sido adversa la sentencia, como se ha expuesto en el considerando anterior. .". Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la ahora quejosa presentó ante el juez natural planilla de liquidación de costas judiciales, que fue admitido en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, la responsable tuvo en tiempo y forma al actor en lo principal dando contestación al incidente de liquidación. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia incidental donde las partes desahogaron las pruebas admitidas. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la juez natural dictó sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de costas, determinado aprobarlo en favor de la ahora quejosa por la cantidad de $112,500.00 pesos, que resulta ser el acto reclamado. En ese sentido, al advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable que la parte quejosa se adhirió al recurso de apelación interpuesto por el actor en lo principal José Bautista Rodríguez, y señaló las constancias que deberán integran el testimonio de apelación, -todo lo actuado en el juicio-, mismo que fue admitido por la responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el efecto devolutivo en términos de los numerales 165, 541, fracciones II y IV del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el que se encuentra pendiente de resolver por parte de la superioridad, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Luego, conforme al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, que indica lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", para que se actualice la improcedencia en comento se requieren los siguientes elementos: El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante la autoridad señalada como responsable; Paralelamente la promoción del juicio de amparo debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, Tal recurso o medio de defensa legal debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Continuando con el análisis de oficio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del ordinal 61 de la Ley de amparo, como se destacó, el quejoso resulta ser la parte actora en el juicio principal y demandado incidental en el juicio civil 81/2010, donde surge el acto reclamado, emitido por la responsable. Ahora, tal y como se dijo, de la breve reseña de las actuaciones procesales que integran el juicio civil 81/2010, génesis del acto reclamado, se desprende que la parte quejosa es parte demandada en el contradictorio entablado en su contra donde resultó absuelta y condenado a pagar las costas el actor, por lo que puede presentar los medios ordinarios de defensa que rigen en los juicios de controversia civil. Por su parte, el artículo 165 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, dispone: "Artículo 165. Incidente de costas procesales. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día. En contra de esta decisión se admitirá el recurso de apelación en el efecto devolutivo." Como puede advertirse, del segundo párrafo del numeral transcrito prevé el recurso de apelación en contra de la resolución que regula las costas, que se admitirá en el efecto devolutivo. Así, de los antecedentes que narró la parte quejosa en su demanda, y de las constancias que integran el juicio natural 81/2010, se trata de un juicio civil, del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con asiento en esta ciudad. Que en ejecución de la sentencia definitiva que condena al actor en lo principal a pagar a la demandada los gastos y costas, dictó resolución incidental de costas el seis de mayo de dos mil veintiuno, donde las reguló por la cantidad de $112,500.00 pesos. Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que en contra del auto pronunciado en el juicio civil de referencia, constituye una resolución que resuelve el incidente de liquidación de costas, que de acuerdo con el artículo 165 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, es recurrible mediante el recurso de apelación, dado que el citado numeral establece de forma categórica la procedencia del recurso de apelación en contra de la decisión que liquida las costas del juicio, con la finalidad de revocar, modificar o nulificar la violación alegada. Tan es así que, de las constancias remitidas se aprecia que la quejosa mediante escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, se adhirió al recurso de apelación interpuso por su contrario, contra la interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, y señaló constancias para integrar el testimonio de apelación, todo lo actuado en el juicio 81/2010, mismo que fue admitido por proveídos de veintisiete de mayo y ocho de junio ambos de dos mil veintiuno, en el efecto devolutivo, y actualmente está pendiente de resolución. Es decir, tanto el recurso de apelación, como el juicio de amparo, se encuentran en trámite a fin de que se revise, y modifique la interlocutoria impugnada de seis de mayo de dos mil veintiuno, por la aquí promovente. En ese sentido, se reitera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el medio de defensa ordinario interpuesto por el inconforme, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la responsable, por ello, al encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo y, en tal virtud, es claro que la acción constitucional es improcedente. Las circunstancias relatadas, se advierten de las constancias enviadas por el juez responsable, con sede en esta ciudad, adjuntas a su informe con justificación, de las que se desprende que en determinación de veintisiete de mayo -admisión del recurso de apelación interpuesto por el actor- y ocho de junio ambos de dos mil veintiuno, -adhiere la quejosa al recurso de apelación propuesto por su contrario-, tuvo a la peticionaria de amparo adhiriéndose al recurso de apelación, ya aludido, dándole el trámite correspondiente (f. 121 a 128 del anexo inc. Costas). De ahí que, en términos procesales, se pone de manifiesto que el recurso ordinario se encuentra pendiente de resolución. Además, el recurso interpuesto en el juicio de origen es idóneo para modificar, revocar o confirmar la interlocutoria que impugna de ilegal que constituye el acto reclamado, toda vez que la legislación procesal civil en lo relativo al dispositivo transcrito, prevé su impugnación a través del recurso de apelación -como acontece en el caso- la resolución interlocutoria que liquida las costas que considere emitido de manera contraria a la ley. Robustece lo anterior la tesis 1ª.XXII/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Por consiguiente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación a aludida para los efectos legales a que haya lugar, sin embargo dígase a la autoridad oficiante que se esté a lo ordenado por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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