Maria de Jesus Rodriguez Pimentel
Expediente 10/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/11/2023
Partes del expediente
- Maria de Jesus Rodriguez Pimentel
- Roberto Carlos Bonilla Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ensenada, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Delegado del Tesorero Municipal y Directora de Recaudación; y, el Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, ambos del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por medio de los cuales informan los actos que han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; esto es, el primero de ellos, envía el importe actualizado a devolver del predio con clave catastral SP-026-216, a nombre de ********************. Asimismo, el Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, envía la notificación de predial del predio con clave catastral SP-026-216, a nombre de ********************, en el cual se asienta que se aplica únicamente para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, tipo de construcción comercial precaria pésimo, factor estado de conservación 0.129. Por tanto, ténganse a las autoridades responsables en cita, en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, el Delegado del Tesorero Municipal y Directora de Recaudación del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, solicita que se le conceda una prórroga de diez días a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, en virtud de que necesita el apoyo y colaboración de diversas oficinas que conforman la Tesorería Municipal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por única ocasión se concede a la referida autoridad, una prórroga de diez días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia1 I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa al Tesorero Municipal y Directora de Recaudación, ambos del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: 1.- El expediente principal es conservable, al ser un juicio que negó el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. 2.- Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 17 del acuerdo normativo. 3.- Conservar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Devolución de constancias En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: Notifíquese personalmente.
- Incidental
Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no ha sido depositada la garantía que se fijó a fin de que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128 y 136, ambos de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la medida suspensional otorgada, sin perjuicio de que posteriormente se cumpla con los requisitos de efectividad y vuelva a tener efectos la misma; quedando expedita la jurisdicción de la responsable para ejecutar los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, FIANZA PARA LA. OPORTUNIDAD PARA OTORGARLA. El artículo 139 de la Ley de Amparo dispone que el auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión, pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; más esto no significa que por el transcurso del término pierda el quejoso el derecho a otorgar la garantía exigida, sino únicamente que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquella." Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la anterior circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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