María de Jesús Rocha Quintero
Expediente 169/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María de Jesús Rocha Quintero
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán Sinaloa, mediante el cual acepta la competencia planteada por este tribunal, quien formó el amparo directo 115/2023. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.En Culiacán, Sinaloa, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán Sinaloa, mediante el cual acepta la competencia planteada por este tribunal, quien formó el amparo directo 115/2023. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinte de febrero de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********************. II. Formación del expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Incompetencia. De la lectura integral a la demanda se advierte el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta de enero del año en curso emitido en el expediente ********************/23-03-02-3, que desechó la demanda de nulidad por improcedente. De lo anterior se colige, tal como lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, que sin decirlo en lo principal se da por concluida y, por ende, este juzgador federal considera que carece de competencia legal para conocer del juicio de garantías promovido en contra del mencionado acto, de lo cual es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Para sustentar lo precisado, se trae a contexto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. [.] Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, previo agotamiento de los recursos ordinarios que la ley aplicable establezca. En esa intelección, es evidente que surge una causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer del acto reclamado por la quejosa, acorde a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a) Constitucional, en relación con el 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 47 en relación con el 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues lo que se reclama es una resolución que pone fin al juicio, que sin decirlo en lo principal se da por concluida, por lo que es competente, al estar ante el supuesto del amparo directo, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015687, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241, que señala: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. Con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, remítanse de inmediato el escrito original de demanda y anexos que se acompañó al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al Secretario encargado del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, veinte de febrero de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********************. II. Formación del expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Incompetencia. De la lectura integral a la demanda se advierte el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta de enero del año en curso emitido en el expediente ********************/23-03-02-3, que desechó la demanda de nulidad por improcedente. De lo anterior se colige, tal como lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, que sin decirlo en lo principal se da por concluida y, por ende, este juzgador federal considera que carece de competencia legal para conocer del juicio de garantías promovido en contra del mencionado acto, de lo cual es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Para sustentar lo precisado, se trae a contexto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. [.] Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, previo agotamiento de los recursos ordinarios que la ley aplicable establezca. En esa intelección, es evidente que surge una causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer del acto reclamado por la quejosa, acorde a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a) Constitucional, en relación con el 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 47 en relación con el 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues lo que se reclama es una resolución que pone fin al juicio, que sin decirlo en lo principal se da por concluida, por lo que es competente, al estar ante el supuesto del amparo directo, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015687, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241, que señala: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. Con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, remítanse de inmediato el escrito original de demanda y anexos que se acompañó al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa; asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al Secretario encargado del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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