María de Jesús Rendon Padilla

Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
27/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Rendon Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la intervención... Agente del Ministerio Público... solicita se le permita la consulta y notificación electrónica del presente asunto; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad toda vez que no se le ha dado intervención alguna, siendo que por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se desechó por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, determinación que se declaró firme mediante proveído de dieciocho de marzo del año en curso; en ese sentido, el oficio de cuenta se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede... ya transcurrió el término de cinco días... para la interposición del recurso de queja... en contra del auto de once de febrero de dos mil veintiuno... se declara que el citado auto, ha causado estado. Asimismo, visto el estado procesal de los autos archívese este expediente como totalmente concluido... Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DICTADO EL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL EN RESUMEN DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 27/2021-II, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 172, fracción III, y en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ******************** que confirmó el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado por el juez de génesis en el que no admitió las probanzas que la quejosa ofreció en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del juicio de divorcio incausado ********************. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la hoy quejosa es parte demandada en el juicio de divorcio incausado, que en ejecución de sentencia, el actor ********************promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal; que el siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la aquí quejosa dando contestación a dicho incidente y presentó proyecto de liquidación de la sociedad conyugal; que el dos de marzo del año próximo pasado, la aquí quejosa solicitó al juez de génesis se giraran sendos oficios a diversas dependencias a efecto de que informaran sobre las cuentas y saldos bancarios del actor, a fin de acreditar que había vendido un bien inmueble que formaba parte de la liquidación de la sociedad conyugal, para que obraran como pruebas de su parte; que mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Juez Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no admitió las pruebas ofrecidas por la quejosa, por no ser idóneas para acreditar la litis planteada; que inconforme con lo anterior, la impetrante de amparo interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el toca ******************** y quien mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, confirmó el auto impugnado; lo que constituye el acto reclamado. En virtud de lo antes expuesto, en el caso en particular el acto reclamado señalado por la quejosa, no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, quien podrá reclamarlo en la vía correspondiente; motivo por el cual, el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, pagina 1539, registro 2006338, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En otras palabras, los efectos del acto que por esta vía combate, se actualizan hasta el dictado del fallo en el incidente de mérito, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de dicha determinación se vulneran las defensas de la afectada, esto es, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que el acto reclamado, no tenga una ejecución de imposible reparación. Es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, enero de 2009, página 2594, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." Del mismo modo, sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, marzo de 2001, página 1696, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO. Si en ejecución de sentencia, en la tramitación de un incidente que culmina con una interlocutoria, susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, el afectado puede reclamar éstas, junto con dicha interlocutoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pudiéndose aplicar por analogía los principios que rigen el juicio de amparo directo, contenidos en los numerales 158, 159, 160 y 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados a la quejosa, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Notifíquese personalmente a la quejosa."

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