María de Jesús Olvera Mejía

Expediente 173/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
173/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Olvera Mejía
  • Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. ha causado ejecutoria. se ordena al archivo del presente juicio como asunto concluido

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vistos: I. La certificación puntualizada en primer orden, de la que se advierte que con motivo de la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspendieron los plazos y términos procesales en este juicio, por lo que no se celebrarían audiencias ni se practicarían diligencias. II. La certificación indicada en segundo orden, de la que se observa que a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría de Creación de Amparo indirecto 173/2020 Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que partir del doce de enero de dos mil veintiuno, los órganos jurisdiccionales no incluidos en el apartado I, de esa circular (Primer, Decimoquinto, Decimosexto y Decimoctavo Circuitos), regresarían al esquema de trabajo previsto en el, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; por lo que a partir de esa fecha se reanudarían los plazos y términos que fueron suspendidos por la circular CAP/3/2020; lo cual implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, sin restricción alguna. III. En este juicio se encontraban señaladas las diez horas del veintidós de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, la misma no se llevó cabo por los motivos antes expuestos. IV. Mediante proveídos de diez y trece de marzo, treinta de noviembre de dos mil veinte, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como diversas constancias relativas al acto reclamado. Al efecto, se acuerda: Respecto a los puntos I y II, se procede a la continuación del trámite del juicio en que se actúa; por tanto, infórmese a las partes que a partir de la legal notificación del presente acuerdo se reanudan los plazos y términos en este expediente, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 primer párrafo y 20,1 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En cuanto al punto III, no se emite mayor pronunciamiento en virtud de lo que se acuerda en esta data. Tocante al punto IV, se provee lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo2, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente3. 1 Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. 2 Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 3 Sirve de apoyo a la consideración de estudio de las causales de improcedencia advertidas por el Juez de Amparo, y de las hechas valer por las partes, la jurisprudencia 2ª./J.65/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009360, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo4 por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 4 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta5. Atento a lo que antecede, cabe precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo que a continuación se cita: Ahora bien, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con 5 Página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197367, con rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio Amparo indirecto 173/2020 domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado, el cual se agregó en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, informó que era cierto el acto reclamado, sin embargo, indicó que con fecha seis de marzo de esa anualidad, se dio contestación a la solicitud hecha por la parte quejosa, a través del oficio D´CHIS/1663/2020. Asimismo, en auto de trece de marzo de dos mil veinte, se agregó el diverso comunicado D´CHIS/1665/2020, de seis de marzo de dos mil veinte, signado por el Jefe de Área de Registro "B" dirigido a la directa agraviada María de Jesús Olvera Mejía, se hizo de su conocimiento que la solicitud de la cancelación de los certificados parcelarios números 000001038053 y 000001038060, fue turnada a la Delegación del Registro Agrario Nacional, quien le dio contestación en esa misma data; en dicho oficio firmó de recibido Erik Juárez López, autorizado de la aquí quejosa. Finalmente, la autoridad responsable señaló que se hizo entrega a la interesada del oficio D´CHIS/1663/2020; aunado a ello, la parte quejosa tuvo conocimiento de lo antes expuesto por medio de la vista que le fue otorgada por este juzgado en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, mismo que se ordenó notificar personalmente, lo cual aconteció el uno de diciembre de esa anualidad, entendiéndose la diligencia con Belém Pérez Mendoza, diversa autorizada de la peticionaria. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto impugnado en esta vía cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"6 Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: 6 Jurisprudencia número 2ª./J.59/99, aprobada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, con registro electrónico 193758, del texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un actoque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."6 En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede SOBRESEER en este juicio de amparo fuera de audiencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto; el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento al proveído de veinticuatro de noviembre de la anualidad en curso, remite copias certificadas, del acuse de recibo del oficio número D'CHIS/1663/2020 de seis de marzo de la anualidad en curso, y copia de identificación, mediante el cual se le notificó a la impetrante de amparo, el acuerdo de esa misma fecha, recaído a su solicitud en la cual solicitó la cancelación de los certificados parcelarios ++++. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio y anexo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los ordinales 119 y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjuntas la autoridad oficiante, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno, con su contenido dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Por lo que, se les hace del conocimiento que de conformidad con el artículo 3, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", para la consulta del expediente físico con el cual consta la constancia de cuenta, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse de los mismos, y que si media el plazo de ocho días exigido por el artículo 117 de la Ley de Amparo entre el día siguiente del surtimiento de efectos de la notificación de este auto y la fecha señalada para la audiencia constitucional, ésta se celebrará. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificaciones que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional estaba señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, además que, de conformidad con lo establecido por los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, 212020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-2019, a partir del dieciocho de marzo del año en curso, se suspendieron las labores de todos los Órganos Jurisdiccionales del país; además, diverso 25/2020, reforma los artículos 1 y 15 del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por dicho virus. De conformidad con los artículos 2 y 20, del "Acuerdo General 21/2020 y en relación con diverso 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", establecen el levantamiento de la suspensión de plazos lo cual implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, sin restricción alguna. Por otro lado, de la última parte de las certificaciones, se advierte que en proveído de diez de marzo de la anualidad en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, sito en esta ciudad, al que adjunto la documental consistente en copia certificada del oficio ********************, de seis de marzo de dos mil veinte, y en ese mismo acto este Juzgado le requirió a la oficiante para que en el término de veinticuatro horas, remitiera la constancia de notificación realizada a la parte quejosa o a sus autorizados, en relación a la contestación contenida en el citado oficio ********************. Al efecto, se acuerda: Tomando en cuenta lo establecido en líneas anteriores, se procede a continuación de la tramitación del presente expediente; por tanto, infórmese a las partes que a partir de la notificación del presente acuerdo se reanudarán los plazos y términos en este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, primer párrafo y 20, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019". Por lo antes expuesto, tomando en consideración que en esta data se está reanudando el procedimiento, con fundamento en el numeral 115, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; por ende, infórmese a las partes que podrán comparecer a la audiencia constitucional, por escrito (con firma autógrafa o electrónica) a formular alegaciones, o bien a ofrecer pruebas que no requieran preparación. Lo anterior porque el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ha determinado un esquema restringido de atención al público en general, enfatizando en su artículo 5, el riesgo sanitario, actual y el porvenir en los próximos meses, razón por la cual permite a los juzgados encauzar los asuntos a su cargo de tal forma que, las diligencias, audiencias o comparecencias necesarias para el desarrollo del proceso que requieran la presencia física de las partes o algún auxiliar, se efectúen mediante videoconferencia (primera parte de la fracción II del citado numeral); y, a su vez, que las diligencias o audiencias (constitucionales o incidentales) restantes puedan llevarse a cabo con la sola comparecencia por escrito de las partes. En el caso, el primer supuesto antes enunciado no se actualiza, pues la parte quejosa, dentro del plazo legal previsto por el diverso 119 de la Ley de Amparo, no ofreció pruebas de desahogo posterior, que requiera la presencia física de las partes o un tercero auxiliar; ello al ya haberle transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para ello, en relación con la primera audiencia constitucional señalada en este asunto, que lo fue para las nueve horas treinta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil veinte. De igual forma, no se configura la hipótesis específica para el juicio de amparo, prevista por el artículo 26, del mencionado Acuerdo General, en el sentido de que, las audiencias constitucionales en las que puedan tener intervención oral las partes se podría llevar a cabo por videoconferencia, (en el entendido de que además exista la manifestación expresa de parte interesada para desahogar la audiencia constitucional a través de ese medio tecnológico) porque el único supuesto de oralidad previsto por la Ley de Amparo es el contemplado en el artículo 124, segundo párrafo de dicho ordenamiento, en el cual se reconoce el derecho de la parte quejosa de formular alegatos verbales exclusivamente cuando se reclaman que "importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales", y en este caso el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación al escrito recibido el cuatro de abril de dos mil dieciocho mediante el cual solicitó la cancelación de los certificados parcelarios ******************** y ********************. Salvo manifestación expresa que realice la parte interesada para asistir a la celebración de la audiencia constitucional a través de algún otro medio de comparecencia diverso al escrito, con la anticipación mínima de tres días antes a la data de aquélla, a fin de estar en posibilidad de efectuar las gestiones técnicas necesarias para hacer posible su solicitud. Ahora bien respecto a lo solicitado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de diez de marzo de la anualidad en curso, a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, sito en esta ciudad, requiérase nuevamente a la autoridad oficiante para que en el término de veinticuatro horas, remita la constancia de notificación realizada a la parte quejosa o a sus autorizados, en relación a la contestación contenida en el citado oficio ********************, Asimismo, infórmesele subsiste el apercibimiento decretado en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, esto es que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA ******************** Y A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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