María de Jesús Muñiz López
Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2023
Partes del expediente
- María de Jesús Muñiz López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías; por tanto, se les tiene consintiendo tácitamente el auto en cita. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...
- Principal
Doblre lista---Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa lo acordado el veintidós de febrero del año en curso por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena que el acuerdo de referencia sea notificado por medio de lista; y mientras no se subsane la irregularidad ahí apuntada, se ordena que las notificaciones subsecuentes que deban practicársele sean por ese medio, incluso las de carácter personal. Tómese nota en la actuaría.------------------------------------------------------------------------------------------------- Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 1. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se recibe la demanda que promueve María de Jesús Muñiz López, contra actos del Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y otras autoridades, consistentes en: ? El auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós dictado en juicio mercantil 1838/2022 (auto de exequendo), en que la quejosa aparece como demandada y quien se señala como tercero interesado como actor. ? La diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento que en consecuencia se hubiere llevado a cabo. Fórmense expediente impreso y electrónico. Regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 382/2023-V. 2. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto, se sujetará a los principios y lineamientos previstos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento. Analizada la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierten causales de improcedencia que imponen desecharla de plano. Así es, del estudio integral de la demanda se advierte que la promovente señala como actos reclamados: ? El auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós dictado en juicio mercantil 1838/2022 (auto de exequendo), en que la quejosa aparece como demandada y quien se señala como tercero interesado como actor. ? La diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento que en consecuencia se hubiere llevado a cabo. Previo a demostrar las razones por las que se procederá al desechamiento, es necesario dejar asentado el concepto de persona extraña a juicio (tanto en estricto sentido, como por equiparación), toda vez que de la lectura de la demanda se infiere que la parte quejosa aduce que el emplazamiento al juicio del cual emana, se le practicó en forma distinta a la prevenida por la ley. Así, el tercero extraño para efectos del juicio de amparo, es la persona que no ha figurado en el procedimiento del que emana el acto reclamado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída en defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la persona que, siendo parte, no fue llamada al procedimiento o fue llamada incorrectamente, supuesto este último, en el que se le conoce como tercero extraño por equiparación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia que sustenta el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, cuando en el amparo el quejoso se ostente como tercero extraño a juicio por equiparación, pero se evidencie que tuvo conocimiento del procedimiento de origen antes de la emisión de la resolución definitiva, el amparo en la vía indirecta resulta improcedente, en virtud de que ya no puede considerarse que la falta o ilegalidad del emplazamiento, le haya ocasionado un desconocimiento total que le impida defenderse. El criterio jurisprudencial referido, se encuentra inmerso en la tesis sustentada de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2000293 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Página: 1627 "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Entonces, para que sea factible desvirtuar el carácter de tercero extraño, basta con que la parte quejosa acuda a instancia constitucional y que, del análisis de los autos se desprenda que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del procedimiento de origen previo a que se hubiera emitido la sentencia definitiva, situación que acontece en la especie. En efecto, del análisis integral de la demanda y de sus anexos, se desprende dicho conocimiento completo y exacto de la existencia del procedimiento de origen, ya que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la quejosa se advierte que conoce: A. El órgano de radicación del procedimiento de origen (Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado). B. El número del juicio natural (1838/2022). C. La naturaleza del mismo (juicio mercantil). D. La fecha del acuerdo reclamado (catorce de septiembre de dos mil veintidós). E. El nombre del actor (Luis Ángel Cárdenas García). F. Asimismo, se desprende palmariamente que le fue entregada copia de la demanda mercantil promovida en su contra y del auto de exquendo tildado de inconstitucional. En ese orden, dichas manifestaciones y documentos anexos al libelo constitucional se estiman suficientes para desvirtuar el carácter de tercero extraño por equiparación, puesto que como se vio, la promovente tiene conocimiento completo y exacto del juicio del que emanan los actos que reclama, previo a que en el mismo se dicte el correspondiente fallo definitivo, habida cuenta que de los antecedentes que narra en su demanda no se advierte que esta última situación haya acontecido, siendo que de conformidad con el artículo 108, fracción V, es su obligación manifestar bajo protesta de decir verdad, todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. De tal manera, la quejosa no se ubica en el supuesto relativo a que el desconocimiento total de dicho procedimiento, la haya dejado en estado de indefensión al no poder defender sus intereses dentro del mismo. En efecto, se llega a la conclusión de que no le es dable a la disidente acudir al juicio de amparo como tercero extraña al procedimiento natural, porque ya tiene conocimiento completo y exacto de su existencia antes del dictado de la sentencia, adquiriendo con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer, sobre todo, los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estima violatorias de sus derechos fundamentales, por lo que se insiste, no puede considerarse como tercero extraña al juicio por equiparación. Lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que dadas las manifestaciones que la misma realizó y que fueron puestas en relieve en párrafos que anteceden, ya tiene pleno conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra y de la existencia del aludido procedimiento natural antes del dictado de la sentencia, por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraña juicio. Lo anterior es así, incluso a pesar de que el accionante no haya comparecido al proceso de origen, puesto que al resolver en la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, entre otras cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: ". sin embargo, sí es necesario que el quejoso tenga un conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pueda estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Por ende, para perder el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, se debe tener la certeza de que el quejoso a pesar de haber estado en posibilidad de acudir al juicio al que se ostenta como tal, no lo hizo". Supuesto que en el caso se actualiza, habida cuenta que como quedó demostrado, la quejosa tiene un conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, lo que le permite estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal, luego, si a pesar de haber estado en posibilidad de acudir al juicio, no lo hizo, perdió el carácter de tercero extraña a juicio por equiparación. La ejecutoria en comento dio origen a la jurisprudencia que a continuación se invoca: Época: Décima Época Registro: 2004274 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Página: 729 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En razón de ello, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba constreñido a agotar el principio de definitividad respecto de ambos actos reclamados, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Lo anterior, constituye uno de los principios que rigen el juicio de amparo, que es el de la definitividad, consistente en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Mismo principio que encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter Constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección del amparo. Salvo que se trate de un tercero ajeno a la controversia, lo que como se vio con antelación, en el caso no acontece, según los hechos que narra la quejosa en la demanda y las documentales que se anexaron, ni se está en los diversos supuestos de excepción antes descritos. Entonces, en relación con el primero de los actos reclamados, consistente en el auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós dictado en juicio mercantil 1838/2022 (auto de exequendo), en que la quejosa aparece como demandada y quien se señala como tercero interesado como actor, la improcedencia en comento se actualiza al tomar en consideración que el Código de Comercio prevé medios de impugnación ordinarios que pueden conducir a la insubsistencia del citado acto reclamado. En efecto, dicha legislación contempla el recurso de revocación o bien, el de apelación a través de los cuales se puede recurrir el citado acuerdo que se reclama, según sea la cuantía del negocio principal. Así es, de la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil doce, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2005047 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.) Página: 401 "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Igualmente, es aplicable la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se lee: Época: Novena Época Registro: 185491 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Noviembre de 2002 Materia(s): Civil Tesis: III.5o.C.18 C Página: 1190 "REVOCACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO ES OPTATIVO AGOTARLA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. El uso del verbo "poder" en la tercera persona del singular, modo indicativo del tiempo presente (puede), a que alude el precepto mencionado, no implica que quede a elección del interesado interponer o no el recurso de revocación contra el proveído que desecha una apelación, toda vez que el precepto no lo señala así; a lo que debe añadirse el hecho de que la Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XIII, exige que se hagan valer los recursos ordinarios antes de acudir al juicio constitucional". En tanto que, en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, cuyo monto sea superior al previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio, debe decirse que si bien es cierto que el diverso numeral 1345 de la propia codificación establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Deviene aplicable el criterio jurisprudencial sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: Época: Décima Época Registro: 2011695 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 12/2016 (10a.) Página: 979 "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". Sobre el particular, en similares términos resolvieron los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, al resolver en el toca queja 347/2018, en el que en esencia se determinó que en casos como el particular, debe colmarse el principio de definitividad, toda vez que contra el auto de exequendo procede recurso, el de revocación si el monto que se reclama por suerte principal es inferior al previsto en el artículo 1339, primer párrafo del Código de Comercio; el de apelación si contra la sentencia definitiva procede ese medio de defensa por razón de la cuantía. Criterio que este órgano de control constitucional comparte e invoca, a pesar de no tener a la vista de manera física testimonio autorizado de tal resolución; puesto que constituye un hecho notorio, ya que es localizable en la intranet de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Mientras que, por lo que ve a la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento que en su caso se hubiere llevado a cabo en dicho juicio mercantil de origen que en esos términos también se reclama, debe ser impugnada por la vía incidental, de conformidad con los artículos 1394 y 1395, en relación con los diversos 1357 y 1414 del Código de Comercio. Es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que prevé. Época: Novena Época Registro: 184494 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.319 C Página: 1081 "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE INCIDENTE Y NO REVOCACIÓN EN SU CONTRA. La diligencia de embargo practicada en un juicio ejecutivo mercantil debe ser impugnada por vía incidental, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1394 y 1395, en relación con los diversos 1357 y 1414 del Código de Comercio, y al no haberlo hecho así, debe tenerse al quejoso consintiendo dicho acto, no obstante que en contra de éste haya interpuesto el recurso de revocación, pues este medio de impugnación no es el idóneo para combatir la actuación de la diligenciaria responsable". Así como la diversa del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la literalidad: Época: Octava Época Registro: 225669 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil Tesis: Página: 201 "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPUGNABLE EN LA VIA INCIDENTAL. En términos de lo establecido por los artículos 1394 y 1395, éstos en relación con los diversos preceptos 1357 y 1414, todos del Código de Comercio, el acta de embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil, puede ser impugnada mediante el incidente correspondiente, cuando el afectado estime que la actuación del funcionario que ejecutó esa diligencia, no se ajustó a lo previsto por la ley; luego, si el quejoso no atacó oportunamente tal acta en la vía señalada, es evidente que se conformó con la misma y por tanto, deben desestimarse sus argumentos que sobre ese aspecto haga valer con posterioridad respecto de resoluciones mediante las cuales sea requerido para la entrega de los bienes sobre los cuales se efectuó la traba". En tales condiciones, resulta inconcuso que contra los actos que señala la parte quejosa como reclamados, proceden recursos o medios de defensa ordinarios; por tanto, este juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque dichos actos puede ser modificados, revocados o nulificados, mediante ellos, los cuales debía agotarse previo a la promoción del amparo para colmar el principio de definitividad, aunado a que no se está ante alguno de los supuestos de excepción que quedaron plasmados, incluso en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". También la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se lee: Época: Novena Época Registro: 175624 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/260 Página: 1816 "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Consecuentemente, como se anticipó, se considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable los motivos de improcedencia expuestos, por lo que procede desechar de plano la demanda. Sobre el particular, en similares términos resolvieron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de nueve de septiembre de dos mil veinte, al resolver en el toca de queja 103/2020. Criterio que este órgano de control constitucional comparte e invoca, a pesar de no tener a la vista de manera física testimonio autorizado de tal resolución; puesto que constituye un hecho notorio, ya que es localizable en la intranet de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Se cita en apoyo, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: Época: Novena Época Registro: 183053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXI.3o. J/7 Página: 804 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". 4. De los autorizados. Se tienen por autorizados en términos restringidos a los designados, porque no se acredita se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados y/o no proporcionaron los datos correspondientes en el escrito de cuenta. Pero, en caso de que cuenten con cédulas profesionales de licenciados en derecho o abogados, las exhiban o indiquen sus datos, y una vez verificados, se les reconozcan facultades amplias. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. De las notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el aludido en la demanda. Lo anterior de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. 6. Del acceso al expediente electrónico. La parte quejosa no solicitó acceso al expediente vía electrónica en el escrito de demanda. 7. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 8. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Lo anterior, en la inteligencia de que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. 9. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del juicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 11. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo se publicarán íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla la ley y reglamentos de la materia. De igual forma, siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. Lo anterior de conformidad con los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y 67, fracción II y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 12. Exhorto a las partes. De conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Además, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. 13. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General recién precisado, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el mencionado Portal, las partes, sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea válido por el Consejo de la Judicatura Federal. Ello, en términos de los artículos 36 y 55 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Luis Antonio Castellanos Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe el comunicado de cuenta proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Tercer Circuito, a través del cual informa sobre la admisión del recurso de queja interpuesto en autos, registrándose bajo el número 85/2023.
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