María de Jesús Luna León

Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
518/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Luna León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Agréguese el comunicado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora, conforme a la certificación de cuenta, infórmese a la Alzada que el expediente está disponible para su vinculación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y que el original remitido se encuentra integrado y coincide con la tramitación electrónica, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de los terceros interesados ..., ..., ambos de apellidos ...; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el ocurso electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a los terceros interesados ..., ... y ..., todos de apellidos ..., ... y ... el engrose de veintiuno de septiembre de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíqueseles por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIUINO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " VISTOS para resolver el juicio de amparo 518/2023, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. La quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil (sucesorio) seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El reclamo en esta instancia es la sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la declaratoria de herederos -dictada en el sucesorio intestamentario ... del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de la misma especialidad y sede-; dejando de reconocer como heredera a la quejosa, al considerar que no era concubina del autor de la sucesión. TERCERO. Existencia de los actos. La Sala y el Juez responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal supletorio. CUARTO. Antecedentes procesales. Previo a entrar al fondo, se narran los eventos relacionados con la emisión del acto reclamado. I. El trece de julio de dos mil veintiuno, ..., ostentando el carácter de concubina del difunto; y ..., ... y ..., todos de apellidos ..., comparecieron ante un Juez de lo Familiar a denunciar la sucesión intestamentaria de .... Entre sus señalamientos, hicieron del conocimiento de la autoridad que el autor de la sucesión había tenido otros dos hijos de nombres ... y ..., ambos de apellidos .... El asunto se registró con el número de proceso 1148/2021 ante el Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, quien lo admitió el tres de agosto de ese año. II. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la quejosa se apersonó ante el mencionado juzgador, ostentando el carácter de concubina, anunciando que ante diversa autoridad se había radicado otro proceso sucesorio intestamentario, pidiendo su acumulación; y oponiéndose al carácter detentado por la promovente del juicio de origen, diciendo que era ella la concubina, que residían juntos y que habían tenido hijos en común. Para tal efecto, exhibió diversas documentales, entre otras, un acta matrimonial parroquial y una credencial de elector. Este ocurso se proveyó el veintidós de febrero de dos mil veintidós, donde se tuvieron por hechas sus manifestaciones, comisionando al conciliador para inspeccionar la constancias del diverso proceso sucesorio invocado por la aquí quejosa. III. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós tuvo verificativo audiencia para desahogo del testimonio de dos personas, quienes hicieron referencia, coincidentemente, a un matrimonio entre el difunto y la quejosa. IV. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, dictó sentencia declarando como herederos a ..., ... y ..., todos de apellidos ...; así como a ... y ...., ambos de apellidos ...; todos ellos por el entroncamiento filial con el autor de la sucesión. Y respecto de las personas que ostentaron el concubinato, únicamente tuvo como tal a la quejosa, declarándola también heredera [atento al acervo probatorio ofrecido], no así a la promovente del juicio sucesorio, de quien la autoridad sostuvo que no ofreció ningún elemento de prueba para acreditar que desde el año de mil novecientos ochenta y seis, inició una relación de concubinato con el de cujus, pues solamente ofreció los atestados de nacimiento de sus hijos. V. El uno de diciembre de dos mil veintidós la autoridad aclaró la sentencia respecto al nombre del autor de la sucesión. VI. Inconformes, la mandataria judicial de ...; ..., .... y ..., estos tres de apellidos ..., promovieron recurso de apelación contra dicha sentencia, de la cual conoció la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien confirmó la calificación de grado y citando el asunto para oír sentencia. VII. El trece de abril de dos mil veintitrés, la Alzada se pronunció en el sentido de modificar la sentencia apelada, resolviendo que la hoy quejosa carece del carácter de concubina, dejando el segundo punto resolutivo en los siguientes términos: "SEGUNDO. Atendiendo a lo dispuesto en el cardinal 291-Bis, párrafo tercero, del Código Civil y 803 del Código de Procedimientos Civiles, así como al principio de congruencia que rige el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, se dejan a salvo los derechos de ... y ..., para que los hagan valer en la vía y forma que en derecho corresponda a fin de dirimir a quien de ellas corresponde el carácter de concubina respecto al autor de la herencia y, de ser el caso, una vez resuelto ese conflicto, a quien pudiera asistirle el derecho a heredera, promueva el relativo juicio ordinario. " Este fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La quejosa indica que se viola en su perjuicio el principio de legalidad y debido proceso, pues sí acreditó el concubinato con el autor de la sucesión, dejando injustificadamente, la Sala de otorgar valor probatorio a las pruebas que ofreció y que no fueron refutadas por sus oponentes. Señala que además de la procreación de los hijos, de sus credenciales de elector se aprecia que vivían en el mismo lugar, y las declaraciones testimoniales en juicio revelan que tenían vida en concubinato, aunada a las documentales privadas consistentes en comprobantes de pagos o estados de cuenta, y la constancia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el mismo extinto la designó como beneficiaria, aludiendo al concubinato. Todo ello dejó de considerarse por la Sala, pues concatenadas demuestran el concubinato y su derecho a heredar, conforme al artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Decisión. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo; ya que el fundamento principal aplicado por la autoridad para resolver, no surtía plenamente sus extremos; y el estándar probatorio que impuso discrepa de las características propias del concubinato; y es abiertamente contrario a la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País. Por sus consideraciones, se invoca la tesis 1a. VII/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 654, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." El principio de legalidad está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En la especie, para sostener el sentido de su determinación, la Sala reconoció lo fundado del agravio que se le expuso y partió de la base de que ... y ..., sostenían ser concubinas del autor de la sucesión, lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 291 bis, párrafo tercero del Código Civil para esta ciudad, de modo que no podía reputarse como tal a ninguna de ellas. Añadió que el juez solo puede reconocer como familiar heredero a quien justifica tal derecho al tenor de lo previsto en el artículo 1602, fracción I del Código Civil para esta ciudad; y en la especie ni una ni otra de las mencionadas ha justificado el carácter de concubina. Para justificar tal postura por cuanto hace a la quejosa, indicó que eran insuficientes: las credenciales de elector; el acta de matrimonio eclesiástico; las actas de nacimiento de los hijos; los estados de cuenta bancarios; de tiendas departamentales y los pagos de servicios; la solicitud de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del difunto; o la información testimonial allegada en autos. Ello, porque no establece o declara la relación de concubinato con el muerto, como pudiera ser una sentencia emitida por autoridad competente, esto es, que debió acreditarse la existencia de una resolución judicial que reconociera o decretara dicha unión, para poder acceder al derecho a heredar. Esto es, hay dos argumentos en la decisión de la Sala, el primero, se erige sobre la premisa legal de que hubo dos concubinas, lo cual actualiza el supuesto a que se refiere el mencionado artículo 291 bis del Código Civil local; y el otro, en la ausencia de pruebas que justifiquen el concubinato, enfocándose destacadamente en desacreditar las pruebas ofrecidas por la hoy quejosa. Situación que no solo es contradictoria en sí misma para partir del fundamento invocado por la autoridad [ya que es contradictorio afirmar que ambas son concubinas, para sostener la actualización del supuesto, y luego que ninguna lo es], pues además, sujeta a la quejosa a un rigor demostrativo incompatible con la figura del concubinato. En efecto, el artículo 291 bis mencionado, establece medularmente que si dos o más personas establecen concubinato con una misma, a ninguna se le reputará como concubina. Luego, para que las personas se excluyan entre sí del concubinato, necesariamente deben concurrir dos elementos: el primero, que efectivamente pueda decirse que son concubinas o concubinos, esto es, que tal calidad esté demostrada; y luego, lógicamente, que ello ocurra coetáneamente, es decir, que esa relación respecto de varias personas con una, ocurra en un mismo contexto cronológico, ya que estos es un presupuesto para que se configure la condición "se establecen varias uniones" que prevé la ley, pues incluso su conjugación es en tiempo presente. Bajo esa premisa, es por sí mismo contradictorio que la autoridad tuviera por acreditados los extremos del referido numeral para que no se reputara concubina a ninguna, si a la par, la propia la Sala reconoció que ninguna de las dos personas es concubina. En esta tesitura, si el juez de origen indicó que la señora ... no había probado su carácter de concubina, y la Sala iteró tal postura, entonces el ordinal invocado no surtía plenamente sus consecuencias, para aplicarlo como lo hizo la autoridad, pues no habría más de dos personas alegando relación respecto de una misma; y por tanto, para definir el carácter de ..., lo que correspondía a la autoridad era hacer el análisis que la jurisprudencia impone a la luz de las pruebas que ofreció, ya que la demostración de esta relación requiere de una sensibilidad más profunda de los aspectos sociales, culturales y conductuales que integran las relaciones humanas. En efecto, dentro de las relaciones de pareja, pero particularmente en aquellas que por su configuración dispensan de las formalidades en las que interviene el Estado, como es el concubinato, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido como elementos identificatorios: La estabilidad; la afectividad; la solidaridad; y la ayuda mutua, como se precisó en el Amparo Directo en Revisión ... . En ese precedente, la Suprema Corte sostuvo que respecto al elemento de estabilidad o "vocación de estabilidad y permanencia," su importancia radica en el efecto que éste tiene para distinguir entre las relaciones propiamente de concubinato y aquellas uniones "efímeras o pasajeras que no revisten las características expuestas anteriormente"; y que, el elemento de temporalidad (duración de la relación), resulta un factor que ayuda a las partes a acreditar la existencia del concubinato, pues la misma prolongación en el tiempo genera indicios importantes de la voluntad de las partes de establecer dicha unidad familiar con un carácter permanente. En cuanto a la afectividad, la Primera Sala indicó que es un elemento particularmente complejo, pues la gama de comportamientos y expresiones mediante los cuales los seres humanos externan su afecto no es cuantificable, y en ella inciden factores tan distintos como la edad, el género o la cultura de las partes, entre muchos otros; por ello, los tribunales deben ser especialmente cuidadosos de no imponer una visión particular y sesgada de lo que constituye propiamente la afectividad en una pareja; por lo que puede resultar mucho más útil, analizar con cuidado los aspectos públicos de la relación. En efecto, la forma en que el afecto se presenta y desenvuelve públicamente resulta más perceptible, por lo que los familiares, amigos y conocidos comunes de la pareja pueden proporcionar, a través de su testimonio, información que resulte de utilidad para calibrar este elemento de la relación. La Suprema Corte indicó que la ostentación pública de los concubinos como si fueran cónyuges, la celebración de ciertas ceremonias públicas (fiestas de compromiso, bodas religiosas, etcétera), las vacaciones familiares o la convivencia con familia y amigos en festividades tradicionales, entre otras, pueden orientar al juzgador en este punto. Por lo que hace a la solidaridad y ayuda mutua, la Primera Sala del Máximo Tribunal indicó que puede contar con un apoyo más sólido en hechos objetivos; no obstante, esta circunstancia no implica otorgar mayor peso o jerarquía a este elemento, sino que, lo primordial es elaborar una visión integral de todos los factores que concurren en cada caso. Desde luego, ninguno de los mencionados rubros debe analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto integral de interrelaciones. Así, por ejemplo, las contribuciones sustanciales de una de las partes pueden constituir un indicador importante de la existencia de una relación familiar generadora de derechos, aun si ésta tuvo una duración relativamente corta. En efecto, sirve para el análisis judicial de la Sala, el comportamiento patrimonial y las previsiones que una persona hiciera respecto de otra [donaciones, contratos o labores], tanto que revelan la fuerza en el compromiso que se hace en la vida común. Igualmente, la existencia de un domicilio común, aunque no resulta indispensable para la configuración de la relación, sí constituye un elemento relevante, dado que la convivencia cotidiana llega a suceder de forma más común en el lugar en que se vive. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo confluir todo lo anterior, de manera enunciativa, en los siguientes factores que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la existencia del concubinato: I) El nivel de compromiso mutuo; II) La existencia de una relación estable de carácter sentimental entre las partes; III) La existencia de un domicilio común, su naturaleza y alcance; IV) Las relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes; V) La conformación de un patrimonio común; VI) Los aspectos públicos de la relación; VII) Las contribuciones pecuniarias o de otro tipo realizadas por las partes; VIII) El posible perjuicio de las partes en caso de negarse la declaratoria; y, IX) Cualquier otro elemento que permita al tribunal discernir la existencia de elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua entre las partes. Todo lo anterior se precisa en la jurisprudencia 1a./J. 125/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "CONCUBINATO. EL PLAZO ESTABLECIDO COMO ELEMENTO PARA SU CONFIGURACIÓN NO PUEDE JUSTIFICAR POR SÍ MISMO LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADOS MODELOS DE FAMILIA DE LA PROTECCIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO). Hechos: Una mujer demandó de la sucesión del hombre con quien había cohabitado hasta el día de su fallecimiento, el reconocimiento de su carácter de concubina y el pago proporcional de alimentos. La Sala responsable consideró que no se había acreditado el plazo de cinco años exigido en la legislación local para actualizar la existencia del concubinato. La actora promovió amparo directo, en el cual argumentó que el plazo era desproporcional y discriminatorio por lo que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de éste. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es injustificado no reconocer la existencia del concubinato por no cumplir con la exigencia general de un plazo. Pues si bien, la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, ello no debe convertirse en un requisito que prive a uno de los concubinos del derecho a la protección a la familia prevista en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Justificación: Si bien el plazo de cohabitación como elemento para acreditar el concubinato previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco es importante y satisface la necesidad de seguridad jurídica, ésta tiene también como consecuencia que la norma sea sub-incluyente. Pues excluye de su ámbito de protección a las parejas que, habiendo emprendido un proyecto de vida en común fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de convivir de forma estable, no alcancen a satisfacer el requisito de temporalidad. Por lo que esto implica que sean descartados de este régimen de convivencia pese a ser parte de una unidad familiar. De ahí, que es necesario buscar alternativas para alcanzar la finalidad de la norma, que es la seguridad jurídica, sin excluir injustificadamente a quienes, por elección o por circunstancias ajenas a su voluntad no alcancen a satisfacer estos requisitos, ello a través de una valoración armónica de la totalidad de circunstancias de hecho propias de cada caso. Es por lo que deben establecerse de manera enunciativa, mas no limitativa, criterios que las y los juzgadores deban observar para determinar la existencia de la unión de hecho, a saber: I) el nivel de compromiso mutuo; II) la existencia de una relación estable de carácter sentimental entre las partes; III) la existencia de un domicilio común, su naturaleza y alcance; IV) las relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes; V) la conformación de un patrimonio común; VI) los aspectos públicos de la relación; VII) las contribuciones pecuniarias o de otro tipo realizadas por las partes; VIII) el posible perjuicio de las partes en caso de negarse la declaratoria; y, IX) cualquier otro elemento que permita al tribunal discernir la existencia de elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua entre las partes." De este modo, la desacreditación de pruebas hecha por la Sala, imponiendo un estándar que se aparta de las previsiones del Máximo Tribunal del País [exigir una sentencia judicial que reconozca o declare el concubinato] violenta el artículo 217 de la Ley de Amparo, en cuanto a la obligación que impone a las autoridades para los justiciables; y atenta contra el principio de legalidad de la quejosa. Por lo anterior, procede conceder la protección constitucional en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para que la Sala responsable: Deje insubsistente la sentencia reclamada; y Dicte otra en la que solo tenga por actualizado el supuesto normativo del tercer párrafo del artículo 291 bis del Código Civil para esta ciudad, si efectivamente ... y ..., eran ambas concubinas al mismo tiempo; de lo contrario, se abstenga de aplicarlo como fundamento para resolver, atento a lo explicado en este fallo. Para definir si la quejosa María de Jesús Luna León, era concubina del autor de la sucesión, se abstenga de exigir un reconocimiento judicial de la relación; y lo defina la propia autoridad en la resolución, atendiendo a los factores apuntados en esta sentencia, derivados de la jurisprudencia obligatoria 1a./J. 125/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual deberá hacer un análisis fundado y motivado sobre el acervo probatorio ofrecido por la quejosa. Concesión extensiva a los actos de ejecución, pues su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados a la autoridad ordenadora y no fueron impugnados por vicios propios, sino en vía de consecuencia, acorde a la jurisprudencia 88, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, visible en el Tomo VI, página 70, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Cabe precisar que con en este fallo no se convalida la regularidad constitucional y/o convencional del tercer párrafo del artículo 291 del Código Civil para la Ciudad de México ni se considera que amerite desde ahora un análisis ex officio , pues como ya se explicó, su aplicación aún es incierta, esto quiere decir que la concreción de sus efectos aún es contingente dada la forma en que cada parte solventó la defensa de sus intereses y la correspondiente carga probatoria. De modo que este Juzgador considera que el despliegue efectivo de todas y cada una de sus consecuencias aún está entredicho, por lo que sería hasta entonces, que en su caso habría lugar a hacer alguna prospección. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 103/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Común, que dispone: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y, al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión ex officio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano (aun cuando no sean Jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) en todos los casos, siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, antes de individualizarla (aplicarla) en el caso concreto o validar su aplicación. Ello, en atención al mandato previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Le RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. ulo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Le RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO, EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver el juicio de amparo 518/2023, promovido por ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. La quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil (sucesorio) seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El reclamo en esta instancia es la sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la declaratoria de herederos -dictada en el sucesorio intestamentario ... del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de la misma especialidad y sede-; dejando de reconocer como heredera a la quejosa, al considerar que no era concubina del autor de la sucesión. TERCERO. Existencia de los actos. La Sala y el Juez responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal supletorio. CUARTO. Antecedentes procesales. Previo a entrar al fondo, se narran los eventos relacionados con la emisión del acto reclamado. I. El trece de julio de dos mil veintiuno, ..., ostentando el carácter de concubina del difunto; y ..., ... y ..., todos de apellidos ..., comparecieron ante un Juez de lo Familiar a denunciar la sucesión intestamentaria de .... Entre sus señalamientos, hicieron del conocimiento de la autoridad que el autor de la sucesión había tenido otros dos hijos de nombres ... y ..., ambos de apellidos .... El asunto se registró con el número de proceso 1148/2021 ante el Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, quien lo admitió el tres de agosto de ese año. II. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la quejosa se apersonó ante el mencionado juzgador, ostentando el carácter de concubina, anunciando que ante diversa autoridad se había radicado otro proceso sucesorio intestamentario, pidiendo su acumulación; y oponiéndose al carácter detentado por la promovente del juicio de origen, diciendo que era ella la concubina, que residían juntos y que habían tenido hijos en común. Para tal efecto, exhibió diversas documentales, entre otras, un acta matrimonial parroquial y una credencial de elector. Este ocurso se proveyó el veintidós de febrero de dos mil veintidós, donde se tuvieron por hechas sus manifestaciones, comisionando al conciliador para inspeccionar la constancias del diverso proceso sucesorio invocado por la aquí quejosa. III. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós tuvo verificativo audiencia para desahogo del testimonio de dos personas, quienes hicieron referencia, coincidentemente, a un matrimonio entre el difunto y la quejosa. IV. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Vigésimo Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, dictó sentencia declarando como herederos a ..., ... y ..., todos de apellidos ...; así como a ... y ...., ambos de apellidos ...; todos ellos por el entroncamiento filial con el autor de la sucesión. Y respecto de las personas que ostentaron el concubinato, únicamente tuvo como tal a la quejosa, declarándola también heredera [atento al acervo probatorio ofrecido], no así a la promovente del juicio sucesorio, de quien la autoridad sostuvo que no ofreció ningún elemento de prueba para acreditar que desde el año de mil novecientos ochenta y seis, inició una relación de concubinato con el de cujus, pues solamente ofreció los atestados de nacimiento de sus hijos. V. El uno de diciembre de dos mil veintidós la autoridad aclaró la sentencia respecto al nombre del autor de la sucesión. VI. Inconformes, la mandataria judicial de ...; ..., .... y ..., estos tres de apellidos ..., promovieron recurso de apelación contra dicha sentencia, de la cual conoció la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien confirmó la calificación de grado y citando el asunto para oír sentencia. VII. El trece de abril de dos mil veintitrés, la Alzada se pronunció en el sentido de modificar la sentencia apelada, resolviendo que la hoy quejosa carece del carácter de concubina, dejando el segundo punto resolutivo en los siguientes términos: "SEGUNDO. Atendiendo a lo dispuesto en el cardinal 291-Bis, párrafo tercero, del Código Civil y 803 del Código de Procedimientos Civiles, así como al principio de congruencia que rige el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, se dejan a salvo los derechos de ... y ..., para que los hagan valer en la vía y forma que en derecho corresponda a fin de dirimir a quien de ellas corresponde el carácter de concubina respecto al autor de la herencia y, de ser el caso, una vez resuelto ese conflicto, a quien pudiera asistirle el derecho a heredera, promueva el relativo juicio ordinario. " Este fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La quejosa indica que se viola en su perjuicio el principio de legalidad y debido proceso, pues sí acreditó el concubinato con el autor de la sucesión, dejando injustificadamente, la Sala de otorgar valor probatorio a las pruebas que ofreció y que no fueron refutadas por sus oponentes. Señala que además de la procreación de los hijos, de sus credenciales de elector se aprecia que vivían en el mismo lugar, y las declaraciones testimoniales en juicio revelan que tenían vida en concubinato, aunada a las documentales privadas consistentes en comprobantes de pagos o estados de cuenta, y la constancia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el mismo extinto la designó como beneficiaria, aludiendo al concubinato. Todo ello dejó de considerarse por la Sala, pues concatenadas demuestran el concubinato y su derecho a heredar, conforme al artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Decisión. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo; ya que el fundamento principal aplicado por la autoridad para resolver, no surtía plenamente sus extremos; y el estándar probatorio que impuso discrepa de las características propias del concubinato; y es abiertamente contrario a la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País. Por sus consideraciones, se invoca la tesis 1a. VII/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Constitucional, Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 654, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." El principio de legalidad está reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En la especie, para sostener el sentido de su determinación, la Sala reconoció lo fundado del agravio que se le expuso y partió de la base de que ... y ..., sostenían ser concubinas del autor de la sucesión, lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 291 bis, párrafo tercero del Código Civil para esta ciudad, de modo que no podía reputarse como tal a ninguna de ellas. Añadió que el juez solo puede reconocer como familiar heredero a quien justifica tal derecho al tenor de lo previsto en el artículo 1602, fracción I del Código Civil para esta ciudad; y en la especie ni una ni otra de las mencionadas ha justificado el carácter de concubina. Para justificar tal postura por cuanto hace a la quejosa, indicó que eran insuficientes: las credenciales de elector; el acta de matrimonio eclesiástico; las actas de nacimiento de los hijos; los estados de cuenta bancarios; de tiendas departamentales y los pagos de servicios; la solicitud de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del difunto; o la información testimonial allegada en autos. Ello, porque no establece o declara la relación de concubinato con el muerto, como pudiera ser una sentencia emitida por autoridad competente, esto es, que debió acreditarse la existencia de una resolución judicial que reconociera o decretara dicha unión, para poder acceder al derecho a heredar. Esto es, hay dos argumentos en la decisión de la Sala, el primero, se erige sobre la premisa legal de que hubo dos concubinas, lo cual actualiza el supuesto a que se refiere el mencionado artículo 291 bis del Código Civil local; y el otro, en la ausencia de pruebas que justifiquen el concubinato, enfocándose destacadamente en desacreditar las pruebas ofrecidas por la hoy quejosa. Situación que no solo es contradictoria en sí misma para partir del fundamento invocado por la autoridad [ya que es contradictorio afirmar que ambas son concubinas, para sostener la actualización del supuesto, y luego que ninguna lo es], pues además, sujeta a la quejosa a un rigor demostrativo incompatible con la figura del concubinato. En efecto, el artículo 291 bis mencionado, establece medularmente que si dos o más personas establecen concubinato con una misma, a ninguna se le reputará como concubina. Luego, para que las personas se excluyan entre sí del concubinato, necesariamente deben concurrir dos elementos: el primero, que efectivamente pueda decirse que son concubinas o concubinos, esto es, que tal calidad esté demostrada; y luego, lógicamente, que ello ocurra coetáneamente, es decir, que esa relación respecto de varias personas con una, ocurra en un mismo contexto cronológico, ya que estos es un presupuesto para que se configure la condición "se establecen varias uniones" que prevé la ley, pues incluso su conjugación es en tiempo presente. Bajo esa premisa, es por sí mismo contradictorio que la autoridad tuviera por acreditados los extremos del referido numeral para que no se reputara concubina a ninguna, si a la par, la propia la Sala reconoció que ninguna de las dos personas es concubina. En esta tesitura, si el juez de origen indicó que la señora ... no había probado su carácter de concubina, y la Sala iteró tal postura, entonces el ordinal invocado no surtía plenamente sus consecuencias, para aplicarlo como lo hizo la autoridad, pues no habría más de dos personas alegando relación respecto de una misma; y por tanto, para definir el carácter de ..., lo que correspondía a la autoridad era hacer el análisis que la jurisprudencia impone a la luz de las pruebas que ofreció, ya que la demostración de esta relación requiere de una sensibilidad más profunda de los aspectos sociales, culturales y conductuales que integran las relaciones humanas. En efecto, dentro de las relaciones de pareja, pero particularmente en aquellas que por su configuración dispensan de las formalidades en las que interviene el Estado, como es el concubinato, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido como elementos identificatorios: La estabilidad; la afectividad; la solidaridad; y la ayuda mutua, como se precisó en el Amparo Directo en Revisión ... . En ese precedente, la Suprema Corte sostuvo que respecto al elemento de estabilidad o "vocación de estabilidad y permanencia," su importancia radica en el efecto que éste tiene para distinguir entre las relaciones propiamente de concubinato y aquellas uniones "efímeras o pasajeras que no revisten las características expuestas anteriormente"; y que, el elemento de temporalidad (duración de la relación), resulta un factor que ayuda a las partes a acreditar la existencia del concubinato, pues la misma prolongación en el tiempo genera indicios importantes de la voluntad de las partes de establecer dicha unidad familiar con un carácter permanente. En cuanto a la afectividad, la Primera Sala indicó que es un elemento particularmente complejo, pues la gama de comportamientos y expresiones mediante los cuales los seres humanos externan su afecto no es cuantificable, y en ella inciden factores tan distintos como la edad, el género o la cultura de las partes, entre muchos otros; por ello, los tribunales deben ser especialmente cuidadosos de no imponer una visión particular y sesgada de lo que constituye propiamente la afectividad en una pareja; por lo que puede resultar mucho más útil, analizar con cuidado los aspectos públicos de la relación. En efecto, la forma en que el afecto se presenta y desenvuelve públicamente resulta más perceptible, por lo que los familiares, amigos y conocidos comunes de la pareja pueden proporcionar, a través de su testimonio, información que resulte de utilidad para calibrar este elemento de la relación. La Suprema Corte indicó que la ostentación pública de los concubinos como si fueran cónyuges, la celebración de ciertas ceremonias públicas (fiestas de compromiso, bodas religiosas, etcétera), las vacaciones familiares o la convivencia con familia y amigos en festividades tradicionales, entre otras, pueden orientar al juzgador en este punto. Por lo que hace a la solidaridad y ayuda mutua, la Primera Sala del Máximo Tribunal indicó que puede contar con un apoyo más sólido en hechos objetivos; no obstante, esta circunstancia no implica otorgar mayor peso o jerarquía a este elemento, sino que, lo primordial es elaborar una visión integral de todos los factores que concurren en cada caso. Desde luego, ninguno de los mencionados rubros debe analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto integral de interrelaciones. Así, por ejemplo, las contribuciones sustanciales de una de las partes pueden constituir un indicador importante de la existencia de una relación familiar generadora de derechos, aun si ésta tuvo una duración relativamente corta. En efecto, sirve para el análisis judicial de la Sala, el comportamiento patrimonial y las previsiones que una persona hiciera respecto de otra [donaciones, contratos o labores], tanto que revelan la fuerza en el compromiso que se hace en la vida común. Igualmente, la existencia de un domicilio común, aunque no resulta indispensable para la configuración de la relación, sí constituye un elemento relevante, dado que la convivencia cotidiana llega a suceder de forma más común en el lugar en que se vive. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo confluir todo lo anterior, de manera enunciativa, en los siguientes factores que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la existencia del concubinato: I) El nivel de compromiso mutuo; II) La existencia de una relación estable de carácter sentimental entre las partes; III) La existencia de un domicilio común, su naturaleza y alcance; IV) Las relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes; V) La conformación de un patrimonio común; VI) Los aspectos públicos de la relación; VII) Las contribuciones pecuniarias o de otro tipo realizadas por las partes; VIII) El posible perjuicio de las partes en caso de negarse la declaratoria; y, IX) Cualquier otro elemento que permita al tribunal discernir la existencia de elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua entre las partes. Todo lo anterior se precisa en la jurisprudencia 1a./J. 125/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Civil, que dispone: "CONCUBINATO. EL PLAZO ESTABLECIDO COMO ELEMENTO PARA SU CONFIGURACIÓN NO PUEDE JUSTIFICAR POR SÍ MISMO LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADOS MODELOS DE FAMILIA DE LA PROTECCIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO). Hechos: Una mujer demandó de la sucesión del hombre con quien había cohabitado hasta el día de su fallecimiento, el reconocimiento de su carácter de concubina y el pago proporcional de alimentos. La Sala responsable consideró que no se había acreditado el plazo de cinco años exigido en la legislación local para actualizar la existencia del concubinato. La actora promovió amparo directo, en el cual argumentó que el plazo era desproporcional y discriminatorio por lo que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de éste. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es injustificado no reconocer la existencia del concubinato por no cumplir con la exigencia general de un plazo. Pues si bien, la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, ello no debe convertirse en un requisito que prive a uno de los concubinos del derecho a la protección a la familia prevista en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Justificación: Si bien el plazo de cohabitación como elemento para acreditar el concubinato previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco es importante y satisface la necesidad de seguridad jurídica, ésta tiene también como consecuencia que la norma sea sub-incluyente. Pues excluye de su ámbito de protección a las parejas que, habiendo emprendido un proyecto de vida en común fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de convivir de forma estable, no alcancen a satisfacer el requisito de temporalidad. Por lo que esto implica que sean descartados de este régimen de convivencia pese a ser parte de una unidad familiar. De ahí, que es necesario buscar alternativas para alcanzar la finalidad de la norma, que es la seguridad jurídica, sin excluir injustificadamente a quienes, por elección o por circunstancias ajenas a su voluntad no alcancen a satisfacer estos requisitos, ello a través de una valoración armónica de la totalidad de circunstancias de hecho propias de cada caso. Es por lo que deben establecerse de manera enunciativa, mas no limitativa, criterios que las y los juzgadores deban observar para determinar la existencia de la unión de hecho, a saber: I) el nivel de compromiso mutuo; II) la existencia de una relación estable de carácter sentimental entre las partes; III) la existencia de un domicilio común, su naturaleza y alcance; IV) las relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes; V) la conformación de un patrimonio común; VI) los aspectos públicos de la relación; VII) las contribuciones pecuniarias o de otro tipo realizadas por las partes; VIII) el posible perjuicio de las partes en caso de negarse la declaratoria; y, IX) cualquier otro elemento que permita al tribunal discernir la existencia de elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua entre las partes." De este modo, la desacreditación de pruebas hecha por la Sala, imponiendo un estándar que se aparta de las previsiones del Máximo Tribunal del País [exigir una sentencia judicial que reconozca o declare el concubinato] violenta el artículo 217 de la Ley de Amparo, en cuanto a la obligación que impone a las autoridades para los justiciables; y atenta contra el principio de legalidad de la quejosa. Por lo anterior, procede conceder la protección constitucional en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para que la Sala responsable: Deje insubsistente la sentencia reclamada; y Dicte otra en la que solo tenga por actualizado el supuesto normativo del tercer párrafo del artículo 291 bis del Código Civil para esta ciudad, si efectivamente ... y ..., eran ambas concubinas al mismo tiempo; de lo contrario, se abstenga de aplicarlo como fundamento para resolver, atento a lo explicado en este fallo. Para definir si la quejosa María de Jesús Luna León, era concubina del autor de la sucesión, se abstenga de exigir un reconocimiento judicial de la relación; y lo defina la propia autoridad en la resolución, atendiendo a los factores apuntados en esta sentencia, derivados de la jurisprudencia obligatoria 1a./J. 125/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual deberá hacer un análisis fundado y motivado sobre el acervo probatorio ofrecido por la quejosa. Concesión extensiva a los actos de ejecución, pues su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados a la autoridad ordenadora y no fueron impugnados por vicios propios, sino en vía de consecuencia, acorde a la jurisprudencia 88, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, visible en el Tomo VI, página 70, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Cabe precisar que con en este fallo no se convalida la regularidad constitucional y/o convencional del tercer párrafo del artículo 291 del Código Civil para la Ciudad de México ni se considera que amerite desde ahora un análisis ex officio , pues como ya se explicó, su aplicación aún es incierta, esto quiere decir que la concreción de sus efectos aún es contingente dada la forma en que cada parte solventó la defensa de sus intereses y la correspondiente carga probatoria. De modo que este Juzgador considera que el despliegue efectivo de todas y cada una de sus consecuencias aún está entredicho, por lo que sería hasta entonces, que en su caso habría lugar a hacer alguna prospección. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 103/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Común, que dispone: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y, al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión ex officio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano (aun cuando no sean Jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) en todos los casos, siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, antes de individualizarla (aplicarla) en el caso concreto o validar su aplicación. Ello, en atención al mandato previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Le RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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