María de Jesús López Haas
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María de Jesús López Haas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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MESA V.- Para que obre como legalmente corresponda, agréguese a estos autos el oficio 3040/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva emitida en el presente asunto, formándose el toca 317/2018.
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MESA V.- Agréguese el escrito del autorizado de la quejosa, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se dispone agregar copia del escrito con el que interpone el recurso de revisión y el diverso con el que expresa agravios a este expediente, y distribuir las restantes entre las partes. Oportunamente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase el expediente original al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, así como del escrito en el que interpone el recurso de revisión y el diverso con el que expresa agravios, así como una copia de lo anterior destinada al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al H. Tribunal, para la substanciación del recurso respectivo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
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MESA V.- ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra de los actos que reclama del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mérida y otras autoridades, ante la inexistencia de dichos actos.
- Principal
MESA V.- Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, el que se notificó a las partes mediante lista publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional el veinticuatro de mayo del año que transcurre, por lo que no tuvieron la oportunidad de imponerse del contenido del citado informe con los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por ***, mediante el cual en contestación al requerimiento efectuado en proveído de veinticinco del presente mes y año, reitera su solicitud de que se le otorgue la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica para la vivienda de la que es arrendatario. En ese sentido cabe precisar al promovente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la negativa de celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica para la vivienda de la que es arrendatario. Ahora, los supuestos por los que procede la suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto se encuentran detallados en el artículo 22 Constitucional, el cual refiere: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes." Como se ha visto, el acto aquí reclamado no pertenece a los supuestos que precisa el artículo 22 constitucional, por lo que no es dable conceder suspensión de plano respecto de los actos que menciona.
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