María de Jesús López Chávez
Expediente 927/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María de Jesús López Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 927/2018, un anexo y testimonio de la ejecutoria dictada el uno de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 593/2018, interpuesto por María de Jesús López Chávez, concluyendo con los puntos resolutivos del tenor siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a MARÍA DE JESÚS LÓPEZ CHÁVEZ." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 593/2018, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes así como el original del incidental, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. aec
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión, mismo que quedó registrado con el número 593/2018; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. AEC
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito de la quejosa MARÍA DE JESÚS LÓPEZ CHÁVEZ, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el doce de septiembre del año en curso; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 927/2018-Il, promovido por María de Jesús López Chávez, contra actos de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra, y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito presentado el doce de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido ese mismo día en este Juzgado de Distrito, MARÍA DE JESÚS LÓPEZ CHÁVEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridades, los que hizo consistir en: "Señalo como acto reclamado la resolución emitida el 16 de abril de dos mil dieciocho, misma que me fuera notificada con fecha 22 de mayo del año en curso, por la que se me impone una sanción económica equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a la cantidad de $1,509.80 (UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.), cantidad que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia." SEGUNDO.- Por auto de trece de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías de referencia, se registró con el número 927/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde radica la autoridad emisora del acto reclamado, que tiene ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: La resolución dictada por la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dentro de la queja administrativa 234/2017, de su índice, en la que se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la servidora pública, aquí quejosa y se ordenó la imposición de una sanción económica. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente de queja administrativa 234/2017 formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado a la aquí quejosa, toda vez que así lo aceptó por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo de referencia (anexo I), a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La autoridad Director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al rendir su informe justificado manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, porque no ha ejecutado el cobro vía nómina de la sanción establecida en el acto reclamado debido a que no ha recibido instrucción alguna; así como en atención a la suspensión definitiva concedida a la quejosa en el presente asunto; sin embargo, aceptó que recibió el oficio MVG/BASB/1820/2018, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Magistrado Visitador General del Poder Judicial, mediante el que solicitó la incorporación de la resolución reclamada al expediente personal de la quejosa, lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del oficio de referencia (foja 39), a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, debe tenerse como cierto el acto que se le reclama, en virtud de que recibió copia de la resolución impugnada, por tanto, indudablemente por razón de jerarquía tiene la obligación de cumplir lo que ordene el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Resulta aplicable, la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, enero a Junio de 1989, Octava Época, registro 227890, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por ninguna de las partes ni advertirse la existencia de alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación que se observan. Son en una parte inoperantes e infundados en otra para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante. Se precisa además, que en el presente no se advierte queja deficiente que suplir, porque no existe en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y tampoco opera la suplencia de la queja prevista por el artículo 79 fracción V, porque el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo instaurado por la conducta desplegada por la servidora pública en el ejercicio de su función; procedimiento cuyo objetivo principal es verificar si el acto u omisión atribuido al servidor público afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública, por tanto toda vez que el procedimiento administrativo no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones inherentes a que se contrae el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública, no se actualiza la suplencia de la queja. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 190/2016 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 705, del Libro 38, Enero de dos mil diecisiete, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.". Es oportuno precisar que derivado de las reformas aprobadas el quince de diciembre de dos mil diecisiete por el Congreso del Estado de Morelos, el diecinueve de enero del presente año, la Comisión Permanente del Poder Legislativo emitió declaratoria en el sentido de que fueron aprobadas reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones constitucionales, entre las que destacan la desaparición del Consejo de la Judicatura Estatal, y en consecuencia en términos de la diversa disposición transitoria décima séptima del citado decreto 2589, publicado el quince de febrero de dos mil dieciocho, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5578, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, asumió las atribuciones del extinto Órgano Administrativo. Con posterioridad, mediante la disposición quinta transitoria del decreto 2590, publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5579, se facultó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para nombrar una comisión a efecto de realizar las funciones del extinto Consejo de la Judicatura. De esta manera, el procedimiento administrativo en el que se dictó la resolución reclamada, fue iniciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero la resolución correspondiente fue emitida por la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por tal razón al efectuar el análisis del acto reclamado se hará referencia a cualquiera de las autoridades, dependiendo de la que haya tenido participación en el momento procesal a que se alude. Sin que lo anterior constituya indefensión o inseguridad jurídica en agravio de la justiciable, pues al margen que no formula concepto de violación alguno en su contra, no puede soslayarse que dicha transformación institucional se encuentra o generó al amparo de los decretos legislativos citados y que se reitera no son materia de estudio en el presente asunto. Ahora bien, es inoperante el concepto de violación en el que la quejosa manifestó que la Comisión del Tribunal responsable al emitir la resolución impugnada no valoró las pruebas en su conjunto, ya que argumentó que no analizó la contradicción con las actas de audiencias en las cuales un funcionario con fe pública asentó que se encontraba presente en las diligencias; sin embargo, de las constancias que integran el procedimiento administrativo combatido, se advierte que la quejosa no ofreció ningún medio probatorio; ni obran en autos las actas a las que hace alusión, por tanto al encontrarse sustentado en una premisa carente de sustento, pues no obran en el sumario pruebas que robustezcan su aserto, resulta inoperante el concepto de violación, por resultar ocioso su estudio ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, porque parte de una suposición que no resultó corroborada, al no existir la base fáctica sobre la cual se formula, esto es, las actas de audiencia que aduce fueron omitidas su estudio, por lo que resultaría ineficaz para obtener un resultado favorable. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 108/2012 (10ª.), Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, Página 1326 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.". Por cuanto atañe a la afirmación de la quejosa en el sentido de que existe un error sobre la capacidad económica al momento de determinar el monto de la sanción impuesta en el procedimiento administrativo, ya que afirma que si bien es cierto que se desempeñaba como Juez de Primera Instancia, pero actualmente se encuentra jubilada, y que tal situación se debió tomar en consideración, debe decirse que tal concepto de violación resulta inoperante, por insuficiente, toda vez que para que un concepto de violación sea tomado en consideración como tal, tiene que contener la relación razonada que el quejoso establezca entre los actos desplegados por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que estime lesionados, y debe señalar jurídicamente la contravención de éstos por los actos de la autoridad, expresando los motivos por los cuales considera se conculcan; máxime que en el presente asunto no aplica la suplencia de la queja. Así, en razón de que la quejosa esbozó una mera afirmación en el sentido de que debía tomarse en consideración su condición de jubilada el determinar la penalidad administrativa, sin expresar el derecho fundamental transgredido así como los motivos por los que estimó que éste se violentaba, deviene inoperante el concepto de violación al no estarse en condiciones de estudiar ese aspecto, pues hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido. También resulta inoperante el concepto de violación en el que manifiesta la quejosa que se le vulnera su derecho de seguridad jurídica, acceso a la justicia y debido proceso al considerar que la resolución reclamada la sanciona dando un trato inequitativo con respecto a los demás jueces varones a quienes no se les ha iniciado un procedimiento de responsabilidad por las causas y razones en las que se basó el órgano colegiado para incoar el procedimiento en su contra, lo anterior es así, porque no proporciona un parámetro o medida válida a partir de la cual se pueda juzgar si existe o no alguna discriminación y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de la constitucionalidad del acto que se considera contrario al principio de igualdad. Es decir, que para efectuar el examen del acto, se debe tener un término de comparación adecuado, que permita analizar las situaciones de hecho que se regulan desde determinado punto de vista, para estar en posibilidad de establecer si existió una diferenciación injustificada. Así, la quejosa no demostró la existencia de un trato diferenciado entre los juzgadores varones y las mujeres, puesto que sólo se limitó a manifestar que a los hombres no se les inició procedimiento por las mismas razones que a ella, pero no proporcionó información que permita a este juzgador comparar entre dos situaciones que debieron ser tratadas bajo el mismo punto de vista. Lo anterior, sin soslayar la obligación de toda autoridad de actuar y juzgar con perspectiva de género, esto es, de velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad; sin embargo, en el presente asunto, no se advierte que la realidad socio-cultural en que se desenvolvió la aquí quejosa como mujer trabajadora le haya colocado en una situación de desventaja que le requiera mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. Además, del contenido de la resolución reclamada, se advierte que el Tribunal responsable ha iniciado procedimiento administrativo sancionador a todos los Juzgadores del Poder Judicial del Estado que han arribado a su centro laboral en contravención al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, e inclusive, cita el procedimiento de queja administrativa 233/2017 instaurado en contra de un Juez del sexo masculino, y como se refirió, ante este juzgador no se ha introducido un parámetro que permita valorar que se dio un trato desigual respecto de los jueces varones, por tanto, resulta inoperante su concepto de violación. Por otra parte, la impetrante aduce en su capítulo de conceptos de violación que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 5, 17, 123 y 133 de la Constitución; sin embargo, no formuló conceptos de violación en específico, advirtiéndose por este Juzgador que no hubo transgresión a la diversidad de derechos que contemplan los preceptos citados en favor de los gobernados, ni se advierte queja deficiente que suplir, pues como se resolverá, el acto aquí reclamado resulta acorde a las garantías y derechos humanos que tutela, relacionados con la pretensión jurídica de la quejosa. Ahora bien, para una mayor comprensión del asunto, es conveniente destacar que del tomo de prueba formado con las constancias remitidas por el Tribunal responsable, consistente en copia certificada de las actuaciones realizadas en la queja administrativa 234/2017, se desprenden los siguientes antecedentes: El veinte de junio de dos mil diecisiete, Héctor Narváez Álvarez, Encargado del Centro de Comando y Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, remitió oficio al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el que señaló los horarios de ingreso de la servidora pública, aquí quejosa los días uno y dos de junio de dos mil diecisiete, posteriores a las ocho y media horas, correspondientes a la primera quincena de junio del año dos mil diecisiete. A dicho informe anexó un disco DVD con las imágenes correspondientes. En atención al informe citado, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Juez de Primera Instancia Auxiliar, adscrita a la Visitaduría General dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos, levantó acta administrativa, en la que previa reproducción del DVD, se ordenó dar cuenta al Magistrado Visitador para a su vez, ser remitida al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos legales correspondientes, anexando el informe y el DVD con sello de recibido en la visitaduría. Una vez recibida el acta administrativa, mediante el oficio MVG/BASB/1712/2017 de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos la remitió a la Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, así como el DVD con la información correspondiente. Luego, el cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el oficio CJE/MCVCL/4512/2017, signado por la Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y Secretaria General del Consejo, se ordenó al Magistrado Visitador General iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la licenciada María de Jesús López Chávez, aquí quejosa. Lo anterior, en razón de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en sesión extraordinaria de cinco de julio de dos mil diecisiete, acordó por unanimidad que el actuar de la servidora pública presumiblemente podía ser motivo de responsabilidad administrativa. Por tal razón, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado Visitador General dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, ordenó el emplazamiento de la servidora pública y le requirió un informe; así como pruebas en relación a los hechos investigados. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete ante la Visitaduría General, la servidora pública investigada rindió el informe solicitado dentro del procedimiento administrativo. Seguidos los trámites de Ley, el Magistrado Visitador emitió el dictamen respectivo el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió la existencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la servidora pública, aquí quejosa; por lo que propuso en el resolutivo segundo la imposición de una amonestación como sanción; y ordenó remitir la queja administrativa al Consejo de la Judicatura a efecto de emitir la resolución correspondiente. Así, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura estatal, emitió resolución en la que declaró la existencia de responsabilidad administrativa contra María de Jesús López Chávez, en su entonces carácter de Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado; e impuso una sanción económica de veinte unidades de medida y actualización (UMA) equivalentes a la cantidad de $1509.80 (MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.). Esta última resolución constituye el acto reclamado en el presente asunto. Antes de emprender el estudio de los conceptos de violación conviene señalar que el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 14. (Párrafo segundo) ...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". De la trascripción anterior se desprende que nadie puede ser privado de sus propiedades o de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. El citado artículo constitucional contempla el derecho a la seguridad jurídica, entendido como el conjunto de prescripciones que el constituyente impone a las autoridades observar en el ejercicio de sus funciones, como condición para que puedan afectar la esfera jurídica de los particulares, esto es, deben seguir un procedimiento que revista ciertas formalidades, entre las cuales se encuentra el derecho de audiencia. El derecho fundamental de audiencia garantiza al gobernado que tendrá la oportunidad de defenderse antes de que una autoridad pueda emitir un acto privativo de derechos en su contra. Para ello se impone a dicha autoridad la obligación de observar una serie de formalidades del procedimiento que se consideran esenciales, tales como: la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de formular alegatos y el derecho de poder exigir el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 210 del Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima, Segunda Sección - Debido Proceso, página 1156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". Por otra parte, el artículo 16 Constitucional en su primer párrafo establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." Del anterior dispositivo, se advierte la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, ya que ésta es la única forma por la cual el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y, de poder combatirlas legalmente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión que el mismo se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ello, en atención a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, en el presente caso, la quejosa alega en sus conceptos de violación que la responsable al emitir la resolución reclamada transgredió en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para demostrar tal aserto formula diversos motivos de disenso en los que alega violaciones de fondo, procesales y formales, por lo que, atendiendo al principio de mayor beneficio que eventualmente éstos podrían originar sobre la esfera jurídica de la quejosa, se procede a abordar su análisis en un orden diverso al en que fueron planteados. Así, debe considerarse que de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que el acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal facultad. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el fundamento que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del fundamento de la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. Así, en primer orden, se atiende lo alegado por la quejosa quien acude a la instancia constitucional aduciendo que para incoar el procedimiento administrativo de responsabilidad su contra en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es indispensable invocar el precepto legal exactamente aplicable al caso que le otorgue competencia al Magistrado Visitador General para iniciar procedimiento de responsabilidad y en su caso emitir una sanción, y considera que la competencia no puede ser originada por un acuerdo o instrucción del extinto Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. En ese sentido, resulta pertinente dilucidar si el actuar del Magistrado Visitador General dentro del procedimiento administrativo, fue de conformidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica. En esa tesitura, a afecto de evidenciar que a la inconforme no le asiste la razón, pues el inicio del procedimiento administrativo tuvo su fundamento en un acuerdo del Pleno Consejo de la Judicatura estatal, que fue emitido conforme a las facultades otorgadas por la legislación aplicable, procede el estudio al tenor de lo dispuesto por las normas que rigen el acto que se aduce en agravio de la parte quejosa. Los artículos 92-A, fracción IV de la Constitución del Estado de Morelos, 117, fracciones IX, X y XIII, 120, 122 y 193 antes de la reforma publicada el quince de febrero de dos mil dieciocho, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; así como 15, fracción VII, 43, 46 y 55 del Reglamento Interior del entonces Consejo de la Judicatura local, prescriben: Constitución del Estado de Morelos ARTICULO 92-A.- Son facultades del Consejo de la Judicatura Estatal: I.- (.) II.- (.) III.- (.) IV.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; Reglamento Interior Consejo de la Judicatura local "ARTÍCULO 15.- El pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: I a VI (.) VII.- Imponer a los servidores públicos judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la legislación aplicable y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades; (.)" ARTÍCULO 43.- Corresponde al Consejo ejercer la función de vigilancia y disciplina del propio Consejo, y de los juzgados, comprendiendo tanto los órganos jurisdiccionales como los administrativos, en el ámbito de competencia del Consejo y conforme a las disposiciones legales aplicables así como las que acuerde el Pleno del Consejo. ARTÍCULO 46.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así como para dar cumplimiento a las funciones que le corresponden, el Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina coordinará las siguientes unidades administrativas del Consejo: I. La Dirección de Contraloría Interna. II. Jefe del Departamento de Archivo y Estadística. III. La Visitaduría General. Al frente de dichas unidades habrá un Magistrado y un jefe de departamento respectivamente, quienes se auxiliaran de los servidores públicos que requieran las necesidades del servicio de conformidad con el presupuesto de egresos correspondiente. ARTÍCULO 55.- Para los efectos del procedimiento administrativo, se consideran órganos facultados del Consejo a: I.- El pleno del Consejo; II.- Los consejeros en forma unitaria o en comisiones; y III.- La Visitaduría General. Ley Orgánica del Poder Judicial estatal. ARTÍCULO 117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: I. a IX (.) IX.- Nombrar, adscribir, cambiar de adscripción, sancionar y remover a los trabajadores del Poder Judicial del Estado, con excepción de los que contempla la fracción XIV del artículo 29 de esta ley; X.- Iniciar, de oficio o a solicitud del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, investigaciones sobre la conducta de Jueces, funcionarios y empleados el Poder Judicial; XIII.- Recibir y estudiar los informes y dictámenes del Magistrado Visitador General, para los efectos legales correspondientes; "Artículo 120.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura Estatal contará con los siguientes funcionarios: I.- Un Magistrado Visitador General; Artículo 122.- Son funciones del Magistrado Visitador General: XII.- Las demás que expresamente le señalen la presente ley, el reglamento interior del Tribunal y demás leyes relativas, así como el Pleno del Tribunal o su Presidente, o el Consejo de la Judicatura, según corresponda. ARTÍCULO 193.- En la tramitación correspondiente se observarán las reglas siguientes: D). Concluido el término señalado en el inciso b), y de no existir diligencias probatorias adicionales, o habiendo concluido la práctica de éstas, el Magistrado Visitador General, en su caso, formulará su dictamen de responsabilidad o irresponsabilidad administrativa, así como la propuesta de sanción, dentro de un plazo de diez días. Con lo anterior se dará cuenta al Consejo, a efecto de que éste proceda, en su caso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 26 de esta ley, sin perjuicio de que ordene la repetición o ampliación de pruebas. De los numerales antes transcritos se desprende que el entonces Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, contaba con facultades en materia de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Estatal, a fin de investigar y determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los diversos Órganos Jurisdiccionales de la entidad, así como con facultades para aplicar las sanciones correspondientes. Ahora bien, para el ejercicio de las atribuciones del órgano colegiado, la legislación aplicable contempla la figura del Magistrado Visitador General, cuya actuación en lo que interesa queda constreñida a dar cumplimiento a lo instruido por el Consejo para dar inicio a los procedimientos ordenados, al término de lo cual, por mandato de ley, deberá emitir el dictamen en el que indique si considera que existe o no la responsabilidad administrativa y en caso afirmativo propondrá una sanción. Así, el artículo 55 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, señala expresamente que para efectos del procedimiento administrativo, se consideran órganos facultados del Consejo al pleno del Consejo; los consejeros en forma unitaria o en comisiones y la Visitaduría General. En las relatadas condiciones, no asiste la razón a la quejosa al afirmar que el Magistrado Visitador no tiene competencia para iniciar el procedimiento de responsabilidad al considerar que dicho presupuesto procesal no puede provenir de un acuerdo o instrucción del extinto Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, toda vez que contrario a lo que manifiesta, éste es un órgano con independencia técnica, de gestión, y para emitir sus dictámenes y resoluciones, a quien correspondía la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, por tanto es el titular de la competencia originaria para ordenar el inicio de procedimientos administrativos, pues éstos constituyen una expresión de la facultad de vigilancia. Por otra parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad federativa se advierte que la Visitaduría General tiene la competencia delegada para llevar a cabo los actos que sean consecuencia directa de la atribución de vigilancia. En congruencia con lo anterior, si el referido Consejo es el titular de la indicada competencia, puede delegarla para el adecuado ejercicio de sus funciones mediante acuerdos generales, por tanto es evidente que mediante éstos puede válidamente ordenar al Magistrado Visitador iniciar el procedimiento administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: 2ª./J. 214/2007, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, página 155, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. AL SER EL TITULAR DE LA COMPETENCIA ORIGINARIA PARA PRACTICAR VISITAS DE INSPECCIÓN, PUEDE DELEGARLA EN ALGUNO DE LOS CONSEJEROS QUE LO INTEGRAN MEDIANTE UN ACUERDO GENERAL." De donde se sigue que mediante oficio CJE/MCVCL/4512/2017, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 fracción X en relación con el artículo 189 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del órgano colegiado ordenó al Magistrado Visitador General iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la entonces Juez María de Jesús López Chávez, en atención a lo cual, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado Visitador dictó acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, de ahí que resulte infundado el concepto de violación, toda vez que el acto de autoridad se emitió por quien se encontraba facultado, expresándose, el carácter con que se suscribió y el acuerdo que en que se fundamentó. Sin que resulte aplicable el criterio Tesis: I.5º.A. J/10, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, Página 2366, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.", toda vez que de los antecedentes de la tesis se observa que derivó de asuntos en materia fiscal en la que ante la diversidad de autoridades resulta necesaria la exactitud señalada en dicho criterio; sin embargo, en el caso concreto no puede haber duda de la competencia territorial, ya que el entonces Consejo de la Judicatura del Estado era la máxima autoridad del Poder Judicial en todos los asuntos que sean de su exclusiva competencia, y sólo existe una Visitaduría General para el auxilio de sus funciones, de ahí que exista certeza de que era la única autoridad con competencia para iniciar el procedimiento administrativo, estimándose innecesaria la cita de algún precepto. A más, que la tesis citada constituye jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito de diverso circuito, por tanto su aplicación no resulta obligatoria para este juzgador. En mérito de lo expuesto, se concluye que contrario a lo manifestado por la quejosa, la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos sí era legalmente competente para conocer del procedimiento de queja administrativa, a través del Magistrado Visitador, en el que se le impuso a la impetrante en su calidad de servidora pública la sanción administrativa que reclama en esta vía. Cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Magistrado Visitador al elaborar su dictamen, únicamente tiene facultad para proponer la sanción que considera adecuada; sin embargo, corresponde al Consejo, fijar en la resolución combatida la sanción que se impondrá al servidor público responsable, tal como aconteció en el presente asunto. Consecuentemente, resulta infundado el concepto de violación encaminado a atacar la falta de competencia del Magistrado Visitador para imponer una sanción a la servidora pública, porque del dictamen de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se advierte que únicamente se trató de una propuesta, que inclusive se hizo consistir en una amonestación como sanción; sin embargo, en la resolución definitiva, el órgano colegiado optó por imponer una sanción económica equivalente a la cantidad de $1509.80 (MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 80/100); por tanto, la sanción provino de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, razón por la que se estima infundado el concepto de violación. Cabe precisar que el Magistrado Visitador al emitir el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad no sólo fundamentó su proceder en el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de cinco de julio de dos mil diecisiete sino que además, señaló que el procedimiento tenía su génesis en el artículo 189, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En efecto, al ordenar el inicio del procedimiento se consideró por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, que se actualizaba la fracción II del artículo 189 y el diverso 117, fracción X, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos aplicable al caso, los cuales textualmente refieren: "ARTÍCULO 189.- El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado, deberá iniciarse: I.- Por denuncia bajo protesta de decir verdad, que deberá constar por escrito, suscrita por el denunciante con indicación de su domicilio, y ratificada ante el Secretario de Acuerdos que corresponda. A tal efecto, tienen, acción para la denuncia de faltas administrativas, aquellos que acrediten su interés jurídico para ello; II.- Como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos." (.) ARTÍCULO 117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: I a IX. X.- Iniciar, de oficio o a solicitud del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, investigaciones sobre la conducta de Jueces, funcionarios y empleados el Poder Judicial;(.)" De los numerales referidos, se obtiene que, entre otros, el Consejo de la Judicatura local, deberá iniciar de oficio o a solicitud del Pleno de Tribunal Superior de Justicia, investigaciones sobre la conducta de los Jueces; así como, por el resultado de las visitas de inspección practicadas a los órganos jurisdiccionales o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos. Por tanto no asiste la razón a la quejosa al afirmar que a su consideración no se satisfacen ninguno de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 189, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a fin de que el Consejo de la Judicatura estuviera en condiciones de iniciar el procedimiento seguido en su contra, ya que contrario a lo referido, un procedimiento administrativo no sólo puede iniciar bajo la hipótesis de que se presente una denuncia o en el caso de que derive del resultado de una visita de supervisión, sino que puede tener su origen en hechos que se desprendan del ejercicio de las funciones de los servidores públicos, conforme a lo establecido en la última parte del artículo 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal. En el presente, el procedimiento se inició de oficio, y no por una denuncia, ya que derivó del acta administrativa levantada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete (foja 6 del cuaderno de pruebas), pues se le imputa el hecho de haber llegado después del horario de entrada a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los días uno y dos de junio de dos mil diecisiete, a las ocho horas con treinta y cuatro minutos y nueve horas con once minutos. Ello fue así, toda vez que en el acta administrativa de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se hizo constar el informe que fue rendido por Héctor Narváez Álvarez encargado del Centro de Comando y Monitoreo (foja 7 del tormo de pruebas), mediante el cual remitió la información relativa a los horarios de ingresos, posteriores a las ocho horas con treinta minutos de la mañana, correspondientes a la primera quincena del mes de junio de dos mil diecisiete, de la aquí quejosa María de Jesús López Chávez, en su carácter de entonces Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, asimismo adjuntó a dicho informe un disco compacto (DVD) correspondiente a las grabaciones de la cámara de seguridad del estacionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con lo cual se dio cuenta al Magistrado visitador. Asimismo, de las copias certificadas de la queja administrativa 234/2017, se obtiene que, mediante sesión extraordinaria de cinco de julio de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos en virtud del acta administrativa antes referida, determinó incoar procedimiento administrativo en contra de María de Jesús López Chávez, en su carácter de Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 117, fracción X en relación con el artículo 189, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por considerar que su actuar presumiblemente pudiera actualizar las hipótesis normativas previstas en los artículos 183, fracciones XVI y XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 27, fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (fojas 1 a 3 del tomo de pruebas). En consecuencia, contrario a lo afirmado por la quejosa, dicho procedimiento fue iniciado de oficio por el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura local, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 117 fracción X y si bien es cierto, se sustentó, en parte, en el informe rendido por el Encargado del Centro de Comando y Monitoreo, ello en ese momento fue utilizado para considerar que el actuar de la aquí quejosa, presumiblemente pudiera ubicarse en alguna de las hipótesis normativas que pudiera constituir una responsabilidad administrativa por parte de ésta, es decir, por hechos que se desprendan del ejercicio de la función. Ahora bien, debe decirse que la sanción administrativa es aquélla que se impone, en sentido estricto, con motivo de una infracción cometida por el servidor público en ejercicio de sus funciones, y tiene como finalidad procurar la correcta actuación de los funcionarios públicos; sin embargo, para su imposición es necesario que la infracción que se reproche se encuentre establecida en ley, y que se siga un procedimiento en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta desplegada de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado, la tesis aislada 1ª. XXXV/2017 (10ª.), cuyo título se lee: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN.". Así, de las constancias de autos se obtiene que se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, otorgando a la servidora pública su garantía de audiencia, dándole la oportunidad de ofrecer pruebas, así como alegar lo que su derecho conviniera dentro de dicho procedimiento, dictando una resolución en la que se resolvieron las cuestiones debatidas (foja 26 a 33 y 131 a 174 del tomo de pruebas). Sin que obsten las anteriores consideraciones, que el cargo del servidor público que firmó el informe que dio pauta para iniciar el procedimiento de responsabilidad, no exista en el organigrama del Poder Judicial del Estado de Morelos; sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte copia certificada del nombramiento de Héctor Narváez Álvarez, como Oficial Judicial B, adscrito al Área de Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, de tres de abril de dos mil diecisiete (foja 60), por el periodo del siete de abril al seis de julio de dos mil diecisiete, constancia a la que se le da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, de lo cual se advierte que a la fecha en la que dicha persona suscribió el informe de veinte de junio de dos mil diecisiete, aún se encontraba vigente su nombramiento y por lo tanto era servidor público adscrito a dicha Área, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Asimismo, debe precisarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para estudiar la validez del nombramiento del Oficial Judicial B, adscrito al Área de Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, ya que el juicio de amparo sólo protege la competencia constitucional y jurisdiccional, por tanto discutir en esta sede el nombramiento expedido por la Presidenta del entonces Consejo de la Judicatura estatal, implicaría estudiar aspectos vinculados con lo que se ha denominado competencia de origen, en tanto que ello conlleva analizar la legitimidad de su designación, lo cual no está jurídicamente permitido, pues el derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se refiere a los límites fijados a la autoridad para su actuación frente a los particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.P.T. J/2 (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, Página 2044, de rubro: "COMPETENCIA DE ORIGEN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VINCULADOS CON ESE ASPECTO.". Por tal razón, no resultan aplicables al caso las tesis II.1º.48 P (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1697, de rubro: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO CON COMPETENCIA ESPECIALIZADA EN ESE SISTEMA, PERTENECIENTE AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, ES EL ÚNICO FACULTADO PARA PRONUNCIARSE DE PLANO SOBRE LA ADMISIÓN DE DICHO RECURSO, POR LO QUE ANTE LA AUSENCIA DEL MAGISTRADO TITULAR, ES NECESARIO QUE OTRO FUNCIONARIO DEL MISMO RANGO CUYO TRIBUNAL ESTÉ HABILITADO PARA FUNGIR COMO DE ALZADA, SEA QUIEN CONOZCA DE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN." y la tesis XX.77 K , Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Página 425: "SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR LA.", ya que se refieren a la competencia constitucional y jurisdiccional de determinados servidores públicos; empero, en el caso el análisis de determinados aspectos a la luz de la invalidez del nombramiento del servidor público, como se precisó, no resulta procedente en esta vía, de ahí lo infundado de su concepto de violación. En otro orden de ideas, el Tribunal responsable, al emitir la resolución combatida, realizó correctamente la valoración de las pruebas consistentes en el acta administrativa de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, a la que fue anexado el oficio de veinte de junio de dos mil diecisiete signado por Héctor Narváez Álvarez, como encargado del Centro de Comando y Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia, al cual se le confirió el valor de documental pública en términos del artículo 437 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición del artículo 41, por tanto estimó que su validez se encuentra preconstituida, a más que la quejosa no ofreció en el procedimiento de origen ningún medio probatorio para desvirtuar la validez del informe. Así, el artículo 437 fracción II de la legislación adjetiva estatal, prescribe: "Artículo 437. Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar. La calidad de auténticos y públicos se podrá demostrar además por la existencia regular en los documentos, de sellos, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan las leyes. Por tanto, son documentos públicos: .. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por funcionarios a quienes legalmente compete;.". De la fracción II del artículo recién citado se observa que un documento tiene la calidad de público auténtico, precisamente, si éste fue expedido en ejercicio de funciones por quien desempeña un cargo público. En el caso que ocupa, al dictar la resolución administrativa, el Tribunal Superior de Justicia señaló que el oficio sin número de veinte de junio de dos mil diecisiete fue expedido por Héctor Narváez Álvarez, como encargado del Centro de Comando y Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia, que tal como quedó acreditado se desempeñaba al momento de su emisión, como Oficial Judicial B, adscrito al Área de Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en razón de lo anterior, contrario a lo manifestado por la quejosa, es válido concluir que si el documento fue expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones debe considerarse público. Por tanto, es infundado el concepto de violación encaminado a combatir la valoración del informe de Héctor Narváez Álvarez, toda vez que se valoró como documento público de conformidad con el artículo 437 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por disposición del artículo 41 y ésta a su vez conforme a lo establecido en el artículo 195-Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, ya que como se vio, al margen de cualquier consideración en torno a la preexistencia de dicho funcionario en la estructura del entonces Consejo de la Judicatura o del Poder Judicial del Estado, que como quedó precisado no es dable someter a escrutinio su existencia y validez de sus actos, al no constituir la materia del juicio de amparo, empero al estar demostrado que contaba con nombramiento vigente en la época de los hechos, expedido por diverso funcionario de la institución, mediante el cual se le confería el cargo que ostentaba, documento que a falta de controversia eficaz goza de la presunción legal en términos del numeral 437 del Código Estatal de Procedimientos Civiles, conduce a concluir que el valor probatorio que se otorgó al informe rendido por Héctor Narváez Álvarez, resulta acertado y por ende, con la eficacia demostrativa que le confirió la responsable también de manera acertada. Así también, argumenta la quejosa que no se debió haber dado valor probatorio alguno a la videograbación remitida por el Encargado del Centro de Comando y Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, porque el cargo no está considerado en el organigrama del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. También señala, que no se encuentra reglamentada la grabación en ningún dispositivo legal como medio de prueba, por tanto el Tribunal responsable no debió de haber otorgado ningún valor probatorio. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que al video de vigilancia, se le otorgó valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 490 y 454 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal como lo previene el numeral 41; y, ésta a su vez a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en términos del precepto 195-Quater de ésta Ley. Valor probatorio que se otorgó admiculando la videograbación con el informe rendido por Héctor Narváez Álvarez, Encargado del Centro de Comando y Monitoreo del Consejo, quien como quedó analizado con anterioridad, al momento de emitir tanto el informe, como de efectuar la grabación, tenía la calidad de Oficial Judicial B, adscrito al Área de Monitoreo del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, expedición de nombramiento que como se precisó anteriormente, no está sujeta a análisis en esta instancia. De esta manera, el artículo 454 del Código Procesal Civil, prevé la prueba documental científica: "Artículo 454. Reproducción de figuras o de sonidos. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, telefax, cintas cinematográficas, discos u otros medios de reproducción visuales o auditivos o cualesquiera otros experimentos o reconstrucciones, siempre que sean acreditables por no tener alteraciones ocultas o disimuladas. Los escritos fraccionarios y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellos, haciéndose especificación exacta del sistema taquigráfico empleado y del documento cabal al que pertenecen." De ahí que al estar expresamente prevista como medio de prueba la existencia de discos u otros medios de reproducción visuales o auditivos, es decir, videograbaciones, deviene infundado el concepto de violación de la quejosa, ya que la valoración efectuada por la responsable, tiene su origen en una prueba que sí está contemplada en la ley, la cual además, fue admiculada con el informe rendido por quien se encontraba encargado de la vigilancia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. En tal virtud, la valoración probatoria no se llevó a cabo de forma aislada, sino de forma conjunta con el informe citado. A su vez, la quejosa sustentó sus argumentaciones en la tesis IV.3º.T.26 L (10ª.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 2551, de rubro: "VIDEOGRABACIONES. SU VALOR PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.", sin embargo, la propia responsable invocó y observó el antecedente citado al dictar la resolución reclamada, ya que admiculó el contenido de la videograbación, con el informe rendido por Héctor Narváez Álvarez, Encargado del Centro de Comando y Monitoreo del extinto Consejo de la Judicatura, de ahí que la aplicación de dicha tesis no le repare beneficio alguno. Sin que pase desapercibido el argumento esgrimido en el sentido de que la responsable pretende dejar a un lado su obligación de acreditar de forma indubitable la conducta atribuida a la quejosa, porque considera que en la resolución combatida se le pretende imponer la carga de acreditar que la conducta atribuida no fue desplegada, violando con ello el principio de presunción de inocencia. Cierto, el principio en estudio es aplicable, no únicamente a la materia penal, sino también al derecho administrativo sancionador, en tanto que éste es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, dado que implica la imposición de una sanción en virtud de una conducta humana que infrinja el ordenamiento jurídico, tal y se sostiene en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Página 41 de rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." En dicha jurisprudencia, el Máximo Tribunal precisó que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador con matices o modulaciones, según el caso. Además, también señaló que dicho principio implica desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. En el caso que ocupa, no se viola el principio en estudio, porque no se desplazó la carga de probar la inocencia hacia la quejosa, pues como se observa la responsable sustentó el acto en los medios de convicción aportados que en la valoración le permitieron arribar al dictado de la determinación que combate. Además el hecho de que se confiriera mérito convictivo a las probanzas en que apoyó su resolución, adverso a lo alegado no constituye una transgresión al principio aludido, sino precisamente su magnificación y efectivo respeto, pues fue a través del juicio de valor que ésta realizó el justipreciar las probanzas que le permitieron arribar al convencimiento que se encontraba desvirtuado el principio de presunción de inocencia, precisamente a partir del reproche que se obtenía de tales medios de prueba, que por ende traen como consecuencia que la impetrante tuviera precisamente que probar a su favor, pues tal prerrogativa fue eficazmente superada lo cual no constituye transgresión a garantía alguna en su perjuicio, sino el simple acato al debido proceso que se debe respetar en todo procedimiento seguido en forma de juicio, mucho más en los que como en el caso, constituyen una garantía ante la eventual imposición de una medida de castigo en ejecución al atributo del Estado a ejercer su derecho administrativo sancionador. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación de la quejosa. Así, contrario a lo manifestado por la quejosa, el Tribunal responsable observó el contenido de la tesis I.12º.A.50 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Novena Época, Página 1432, de rubro: "DILACIÓN EN EL DICTADO DE SENTENCIAS. EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO A JUECES Y MAGISTRADOS SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE IMPERAN EN LA MATERIA PENAL." En otro aspecto, la quejosa estima que el Tribunal responsable al imponer la sanción erróneamente tomó en cuenta el antecedente relativo a la queja administrativa 36/2016; ya que afirma que versó sobre infracciones diferentes a las que ahora se le fincó la responsabilidad, aunado a que en el sumario no obró copia certificada de dicha resolución. Ciertamente, de la resolución combatida, se advierte que al determinar el monto de la sanción la Comisión del Tribunal responsable, tomó en consideración la reincidencia en la comisión de faltas, acorde al oficio signado por la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del propio Tribunal, quien informó que la quejosa María de Jesús López Chávez, fue sancionada con diez unidades de medida y actualización, con motivo de la falta al artículo 183 fracciones III, XIV, XIX y XX en relación con el 73 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Empero, la Comisión del Tribunal responsable, contrariamente a lo alegado actuó conforme a derecho al tomar en cuenta el antecedente existente en el expediente 36/2016, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, en el artículo 195 Bis., fracción VI, señala que la reincidencia en la comisión de faltas es un factor a considerar para la imposición de la sanción correspondiente, sin hacer mayor distinción, luego, donde la ley no distingue, la autoridad jurisdiccional no debe hacerlo, de ahí que no se observa impedimento legal alguno para tomarse en consideración como reincidencia cualquier antecedente que refleje la previa imposición de una medida disciplinaria sin importar la falta cometida, ya que estimar lo contrario, implicaría exigir mayores requisitos a los contenidos en la norma que rige la forma de imponer la sanción. En ese sentido, para acreditar la reincidencia, a petición del Magistrado Visitador que substanció el procedimiento administrativo, la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del propio Tribunal, mediante el oficio 3166/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia simple de la resolución. Luego, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dicha Jefatura tiene la función de llevar el escalafón de los empleados y el expediente de cada uno, en el que figuren copia de los nombramientos que hayan recibido en el Poder Judicial, certificado de nacimiento o información testimonial en su caso, comprobantes de estudios y demás documentos que califiquen su hoja de servicios, de lo que se desprende que por disposición de la ley, es la servidora pública que tiene bajo resguardo la información pertinente al expediente personal de los empleados y funcionarios que laboran en dicha Institución, como lo es en el caso, los antecedentes por infracciones administrativas. Por tal razón, se concluye que el informe al que la servidora pública anexó copia simple de la falta administrativa 36/2016, alcanza el rango de documento público, al haber sido expedida por servidora pública en ejercicio de sus funciones, siendo apto y suficiente para acreditar la reincidencia de la servidora pública investigada. Sin que pase inadvertida la cita de la tesis aislada XX.32 P, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, Página 603, de rubro: "REINCIDENCIA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION NO ES APTO PARA ACREDITARLA."; respecto de la cual existe jurisprudencia en sentido diverso, a saber, en la Tesis: IV.1º.P. J/3, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, Página 981, de rubro: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL INDICIADO, COMO REQUISITO PARA FIJAR SU GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", además que como se precisó, la Jefa de Departamento del Área de Recursos Humanos del Poder Judicial estatal, no sólo rindió el informe solicitado sobre las faltas administrativas cometidas con anterioridad, sino que además anexó copia simple para acreditar su dicho, por tanto resulta infundado su concepto de violación. En las narradas circunstancias al no haberse acreditado que el acto reclamado haya transgredido las garantías que estimó violadas, al resultar en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de violación esgrimidos y al no actualizarse las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de la Materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora, en razón de que se encuentra vinculado con el acto ya analizado, y su participación se traduce únicamente en el cumplimiento de la determinación dictada por la autoridad responsable ordenadora, por lo que si se niega el amparo respecto de la autoridad ordenadora, también debe negarse respecto de ésta, máxime que no se combate por vicios propios. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia 91, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron el acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a María de Jesús López Chávez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones indicadas en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta hoy doce de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Maria de Jesus Garduño Contreras382/2023
- Maria de Jesus Gonzalez Torres1341/2015
- Maria de Jesus Gonzalez Torres768/2022
- María de Jesús Labra Lara1875/2015
- María de Jesús Landa Figueroa2140/2016
- Maria de Jesús Landa Figueroa245/2017
- María de Jesús Lucrecia Suárez Montejo2003/2014
- Maria de Jesus Olimpia Castañeda617/2019
- Maria de Jesus Olimpia Castañeda1578/2019
- Maria de Jesus Olimpia Castañeda Portilla535/2020
- Maria de Jesus Olimpia Castañeda Portillo1169/2017
- María de Jesús Piña2348/2014