María de Jesús Lara Magallón
Expediente 796/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
Partes del expediente
- María de Jesús Lara Magallón
Actuaciones
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO CUYA SÍNTESIS ES: Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso **** mediante el cual en atención a la vista ordenada en auto del veinticuatro de septiembre dos mil veinte, manifiesta que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Ahora bien, vistas las constancias que integran los presentes autos, y tomando en consideración el estado procesal que guardan los mismos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara se encuentra cumplido el fallo protector en atención a lo siguiente: Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva en el presente juicio, mediante la cual, en su primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; y en el segundo conceder el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso ***** para el efecto de que las autoridades Titular del Sistema de Transporte Colectivo [2] y del Consejero Jurídico y de Servicios Legales [3], ambos del Gobierno de la Ciudad de México, luego de que quede firme la presente resolución, emita la respuesta a la petición que se le formuló mediante escrito del uno de abril de dos mil diecinueve, ingresado ante la oficialía de partes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México el tres de abril de dos mil diecinueve, y de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo el cuatro del mismo mes y año, haciéndola del conocimiento de la parte impetrante de amparo, debiendo acreditar ante este órgano jurisdiccional con constancias fehacientes haber hecho del conocimiento de la parte quejosa la contestación que emita, con independencia de que para resolver sobre lo pretendido pueda ejercer, con plenitud de arbitrio, el cúmulo de sus facultades legales." Luego, la autoridad responsable recurrió la sentencia dictada por este juzgado, del recurso de revisión le tocó conocer al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el toca R.A. 388/2019, el cual mediante sesión del seis de agosto de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia recurrida respecto del sobreseimiento, y confirmar por lo que hace a la concesión del amparo. En consecuencia, y una vez recibidos los autos enviados por la superioridad, mediante auto del cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, requirió a la autoridad responsable y así como a su superior jerárquico, ambos dependientes del Gobierno de la Ciudad de México, para que cumplieran totalmente con el fallo protector; esto es: Emitiera la respuesta a la petición que se le formuló mediante escrito del uno de abril de dos mil diecinueve, ingresado ante la oficialía de partes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México el tres de abril de dos mil diecinueve, y de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo el cuatro del mismo mes y año, haciéndola del conocimiento de la parte impetrante de amparo, debiendo acreditar ante este órgano jurisdiccional con constancias fehacientes haber hecho del conocimiento de la parte quejosa la contestación que emita, con independencia de que para resolver sobre lo pretendido pueda ejercer, con plenitud de arbitrio, el cúmulo de sus facultades legales. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable mediante oficio registrado con el folio 11066, remitió copia certificada del oficio ***** del quince de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo del Gobierno de la Ciudad de México, con el cual acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector. Con dicho oficio, por proveído del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado al fallo protector, ordenándose así, la notificación personal a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, tal como se advierte de la constancia que obra en autos. En desahogo a lo anterior, la parte quejosa mediante el escrito de cuenta manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector. Ahora bien, este órgano jurisdiccional precisa que con la documental que obra en autos, consistente en el copia certificada del oficio ***** del quince de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo del Gobierno de la Ciudad de México, la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por el quejoso mediante escrito del uno de abril de dos mil diecinueve, ingresada ante la oficialía de partes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México el tres de abril de dos mil diecinueve, y de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo el cuatro del mismo mes y año; es decir, cumplió cabalmente con los efectos del fallo protector. Sin que pasen desapercibidas, las manifestaciones que realiza la parte quejosa, en relación a que la autoridad responsable no acreditó con dicha contestación, haber reinstalado al quejoso en el cargo que desempeñaba, y de igual manera que lo embargado en razón de la ejecución del laudo derivado de dicha separación de su cargo, no era el total de lo que debía pagársele al quejoso; sin embargo, ello no forma parte del estudio a lo que debe avocarse este Juzgado para determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida, toda vez que dicha particularidad, se encuentra fuera de la litis reclamada en el presente juicio. Máxime que es de reiterarse, que la autoridad responsable únicamente se encontraba constreñida a dar contestación a la petición formulada por el quejoso mediante escrito del uno de abril de dos mil diecinueve, siendo que la reinstalación y el embargo a los que refiere la parte quejosa, no forman parte de los efecto para los cuales fue concedido el amparo. De ahí que se puede afirmar que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, contrariamente a lo que aduce la quejosa, la ejecutoria de amparo fue acatada, pues la responsable siguió los lineamientos que le fueron precisados, toda vez dio contestación a la petición formulada por el quejoso mediante escrito del uno de abril de dos mil diecinueve, ingresada ante la oficialía de partes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México el tres de abril de dos mil diecinueve, y de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo el cuatro del mismo mes y año. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado puntualmente cumplido, toda vez que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1° y 2°, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En ese sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en dichos numerales se levanta la suspensión de los plazos y términos en el presente juicio constitucional, en el entendido que esta determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio, la cual operará hasta que se notifique el presente acuerdo a las partes. Lo anterior tiene singular relevancia, dado que el artículo 5° del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, faculta a los órganos jurisdiccionales para utilizar diversas herramientas tecnológicas para la atención a los justiciables, pues considerando el riesgo sanitario existente con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19, se continúa privilegiando el resguardo de la integridad y Salud de quienes realizan notificaciones y de las personas. Por tanto, notifíquese el presente acuerdo a través de las listas a que se refiere el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA para que dentro del plazo de TRES DÍAS proporcione el número de un dispositivo móvil o correo electrónico a través del cual el actuario pueda tener comunicación con ella, a efecto de programar la forma en que se llevará a cabo la notificación personal del presente proveído. Asimismo, comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables en los correos electrónicos oficiales, para lo cual se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional para que realice la investigación correspondiente, ya sea en el concentrado proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal, o en las páginas oficiales respectivas. En el caso, de que exista imposibilidad para notificar a las autoridades responsables vía correo electrónico, el actuario judicial deberá practicar la notificación por oficio en su domicilio oficial, en el entendido de que si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, el actuario deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en términos de los artículos 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 23 del mencionado Acuerdo General. Cabe precisar que las diligencias de notificación a las partes deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, vistas las constancias que integran los autos que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que mediante proveído del diecisiete de marzo de dos mil veinte se requirió al Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Uno, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, sin que hasta el momento se tenga constancia que acredite tal circunstancia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197 y 211 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por ultima ocasión al Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas Uno, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, plazo previsto en el diverso numeral 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, acredite haber pagado a la parte quejosa la cantidad de $98,924.00 (noventa y ocho mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). En el mismo sentido, con fundamento en el artículo 194 de la ley de la materia, requiérase al Delegado Regional Zona Norte en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que dentro del mismo plazo de DIEZ DÍAS acredite que en el ámbito de sus funciones, dictó las medidas necesarias e hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pudiera formular e imponer para que la autoridad responsable dé cumplimiento en sus términos al fallo protector, en la inteligencia que el superior jerárquico también incurre en responsabilidad, conforme a lo dispuesto en los artículos referidos en párrafos precedentes, en caso de ser omisos al requerimiento que se les formula. Bajo el apercibimiento que de ser omisos a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente las gestiones que se encuentran llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector y justificar la causa de su retraso, lo que deberán acreditar con constancias fehacientes, las personas físicas que ostentan la titularidad de las autoridades requeridas, se harán acreedoras a una multa equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, la separación del cargo de las autoridades omisas. Notifíquese.
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