María de Jesús Guillermina Díaz Bazan

Expediente 874/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
874/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • María de Jesús Guillermina Díaz Bazan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de la quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado. Finalmente, con relación a los autorizados que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por la quejosa ****, por medio del cual solicita la devolución de documentos que adjuntó a su escrito de demanda; asimismo, se expida copia certificada por duplicado de la sentencia definitiva dictada en el presente sumario. Atentó a lo anterior, se autoriza la devolución de las documentales que refiere la promovente previo cotejo y copia certificada que de ésta se realice y razón que por su recibo se glose al juicio. Por último, en cuanto a su solicitud para que se le expidan dos juegos de la sentencia definitiva emitida en el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental; y, de destrucción el original del incidente, en razón de que se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase al Director General del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la copia certificada del expediente con clave ISSEMYM 48016, sin que se solicite acuse por su recibo en virtud de ser copias certificadas.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 874/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el once de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día ante este órgano jurisdiccional; ****solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y mediante proveído de diez de julio del presente año, se admitió la demanda de amparo. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de agosto del año en curso, este juzgado se declaró incompetente para conocer dicha demanda, remitiendo los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; por lo que, el veintitrés siguiente el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó no aceptar la competencia declinada; en ese tenor, por auto de veintinueve de agosto del año en curso, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, a fin de que resolviera el conflicto competencial; en tal virtud, el once de octubre del presente año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, declaró competente para conocer la demanda a este juzgado. Luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 39 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, en razón de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La ilegal resolución respecto del recurso de inconformidad, dictada por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por la cual niega la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a la aquí quejosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En ese sentido, el representante legal del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado (fojas 110 a 112); no precisó si aceptaba o no el acto reclamado; sin embargo, de sus manifestaciones se colige la existencia del mismo; de ahí que se tenga por cierto el acto del que se duele la peticionaria de amparo. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se deben analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, señalaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues refiere que la quejosa no observó el medio de defensa establecido por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, previo a instar en la vía biinstancial. Dicha causal de improcedencia deviene fundada. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De la hipótesis normativa parcialmente reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales. Por ello, previo acudir al juicio constitucional, debe cumplirse el principio de definitividad, el cual consiste en que previamente a su interposición, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Lo anterior, siempre que conforme a la ley aplicable se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando:  El acto reclamado carece de fundamentación;  Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución;  Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en la ilegal resolución respecto del recurso de inconformidad, dictada por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por la cual niega la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a la aquí quejosa, como ya se dijo la peticionaria del amparo estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció, pues sí bien promovió el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad responsable Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo cierto es que estaba en posibilidad de interponer en contra de dicha determinación juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede optativamente el juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 186, 229, 230, fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y (sic) X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230.- Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. La autoridad de hecho. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231.- Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." "Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.". En efecto, del análisis de los preceptos transcritos, se llega a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue dictado por la Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo que se advierte del propio escrito inicial de demanda, con lo que se cumple el primero de los requisitos antes señalados. Además, el análisis de los numerales referidos evidencia que exigen tanto para el juicio contencioso administrativo promovido contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas del Estado de México, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, máxime que en ambos casos, se debe decretar la suspensión provisional en cuanto se reciba la demanda donde así se solicite. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.) sustentada por los Plenos de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la parte quejosa debió promover el medio ordinario que la ley del acto establece; por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el recurso previsto por la ley de la materia, el cual se encuentra a su alcance y si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo en la que esgrime que es ilegal la sanción impuesta, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar revocar o anular el acto que vaya a reclamarse y al no haberlo hecho así el amparista, se actualiza la causal de improcedencia en estudio y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción XX del numeral 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por****, contra el acto que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.

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