Maria de Jesus Gonzalez Torres
Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maria de Jesus Gonzalez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Condición especial Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales y Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en este juicio al haberse sobreseído, es obvio que no le afecta, por tal motivo, no está en aptitud de interponer el citado medio de impugnación. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la tesis XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 84, Núm. 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente al rubro se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." Al respecto también tiene aplicación, la tesis aislada XI.3o.4 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, página 706, Junio de 1998, Tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro indica: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada XX.299 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 208, Febrero de 1995, Tomo XV, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN QUE RECLAMA LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LE PERJUDICA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL." Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, incisos a) y c) del acuerdo general citado; por tanto, el principal y el cuadernillo de incidencia son susceptibles de destrucción. Destrucción del expediente principal Además, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal y cuadernillo de incidencia dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Finalmente, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Devolución de oficio por imposibilidad de notificación. Agréguese a los autos la guía de estafeta relativa a la notificación por oficio 17933/2022 dirigido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, autoridad responsable en el presente juicio, toda vez que la misma fue devuelta con las observaciones de "autoridad incompleta y mal dirigido". Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el presente expediente, se advierte el acuse de recibo del oficio 12163, el cual se encuentra dirigido a dicha autoridad, mismo que fue recibido en la Dirección General de Apoyo y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número setenta y cinco, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal, 06500. En consecuencia, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, se ordena enviar el citado memorial al domicilio de referencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 540/2022, promovido por ************, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey (fojas 8 a 14), quien el siete de abril de dos mil veintidós, celebró la audiencia constitucional y declinó competencia a este órgano de control constitucional en razón de ser el único que no fue señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo 713/2021 de su estadística (fojas 272 a 277). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Una vez que fue integrado debidamente el expediente por la autoridad declinante, este juzgado aceptó la competencia para continuar con el trámite a efecto de su resolución, el once de agosto de dos mil veintidós (fojas 374 a 380). TERCERO. Emplazamiento terceros interesados. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 406). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El siete de abril de dos mil veintidós; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la orden de detención o aprehensión que atribuye a las autoridades responsables siguientes: 1. Juzgado de Control Región Centro 2. Juzgado de Control Región Oriente 3. Juzgado de Control Región Norte 4. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. 5. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León. 6. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nuevo León. 7. Director de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León. 8. Director de la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León. 9. Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado. 10. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Cuernavaca Morelos. 11. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Cuautla Morelos. 12. Fiscal General del Estado de Morelos. 13. Fiscal Especializada Contra el Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos. 14. Fiscal Regional Metropolitano, en su denominación correcta de la que la quejosa señaló como Fiscal Regional Zona Metropolitana en el Estado de Morelos. 15. El Fiscal Regional Oriente, denominación correcta de la señalada por la quejosa como Fiscal Regional Zona Oriente en el Estado de Morelos. 16. El Fiscal Regional Sur Poniente, en su denominación correcta de la señalada por la quejosa como Fiscal Regional Zona Sur Poniente en el Estado de Morelos. 17. Encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en su denominación correcta de la que la quejosa señaló como Encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Nuevo León. 18. Fiscal Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el Estado de Morelos. 19. Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, denominación correcta de la que la quejosa señaló como Coordinador General de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Morelos. 20. Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada por la quejosa como Coordinador General de Administración en el Estado de Morelos. 21. Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada por la quejosa como Coordinador General de Servicios Periciales en el Estado de Morelos. 22. Coordinadora General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su denominación correcta de la que señaló como Encargada de Despacho de la Coordinación General Jurídica en el Estado de Morelos. 23. Director General de Operaciones Tácticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su denominación correcta de la señalada como Dirección General de Operaciones Tácticas e Inteligencia del Estado de Morelos. 24. La Dirección General de Análisis e Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Estado de Morelos, por conducto de la encargada de despacho, cuya denominación fue señalada como Dirección General de Operaciones Tácticas e Inteligencia del Estado de Morelos. 25. La Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por conducto de la encargada de despacho, denominación correcta de la señalada por la quejoso como Director de la Agencia de Investigación Criminal y Elementos Bajo su Cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 26. Encargado de la Unidad de Administración que integra la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos. 27. Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de Morelos. 28. Fiscal General de la República. 29. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. 30. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 31. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 32. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Primera Investigadora Cuernavaca del Equipo de Investigación y Litigación II en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-2. 33. Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Titular de la Célula Primera Investigadora Cuernavaca del Equipo de Investigación y Litigación 3 en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3. 34. Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula Segunda del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Cuernavaca, Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II. 35. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Segunda Investigadora del Equipo de Investigación y Litigación 2 en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2, negó. 36. Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio de la Célula Segunda del Equipo de Investigación y Litigación 3 Cuernavaca, Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-3. 37. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo 1 de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-1. 38. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca, del Equipo de Investigación y Litigación 2, de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2. 39. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III, del Equipo de Investigación y Litigación 3, en Cuernavaca, Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3. 40. Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio de la Célula Cuarta del Equipo de Investigación y Litigación 1, en el Estado de Morelos, denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-1. 41. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-2. 42. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-3. 43. Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 44. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 45. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 46. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 47. Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 48. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 49. Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. 50. Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 51. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. 52. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables: 1. Juzgado de Control Región Centro; 2. Juzgado de Control Región Oriente y 3. Juzgado de Control Región Norte, por conducto del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, negaron la existencia del acto reclamado (foja 37 y 137); Las diversas: 4. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; 5. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León; 6. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nuevo León; 9. Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Nuevo León, por conducto del Director General Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, negaron el acto que se les atribuye (foja 39). Asimismo, la señalada como: 11. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Cuautla Morelos, por conducto del Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, negaron el acto destacado como reclamado (foja 179). Por su parte, el 12. Fiscal General del Estado de Morelos (foja 135); 13. Fiscal Especializada Contra el Secuestro y Extorsión en el Estado de Morelos, por conducto de la encargada de despacho (foja137); 14. Fiscal Regional Metropolitano (foja 139); 15. El Fiscal Regional Oriente (foja 157); y 16. Fiscal Regional Sur Poniente (foja 151); 17. Encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (foja 25); 18. Fiscal Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el Estado de Morelos (foja 267); 19. Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 141); 20. Coordinador General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 224); 21. Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 161); 22. Coordinadora General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; 23. Director General de Operaciones Tácticas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (foja 145); 24. Dirección General de Análisis e Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Estado de Morelos (foja 147); 25. Dirección Regional Metropolitana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por conducto de la encargada de despacho (foja 149); 27. Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Procedimientos Penales Federales y Amparo (foja (230); 28. Fiscal General de la República, por conducto del Director de Amparo (foja 237); 32. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Primera Investigadora Cuernavaca del Equipo de Investigación y Litigación II en el Estado de Morelos (foja 94); 33. Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal Titular de la Célula Primera Investigadora Cuernavaca del Equipo de Investigación y Litigación 3 en el Estado de Morelos (foja 71); 34. Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula Segunda del Equipo de Investigación y Litigación 1 en Cuernavaca, Morelos (foja 77), 35. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Segunda Investigadora del Equipo de Investigación y Litigación 2 en el Estado de Morelos (foja 226); 36. Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio de la Célula Segunda del Equipo de Investigación y Litigación 3 Cuernavaca, Morelos (foja 68 bis, marcada como 61); 37. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo 1 de Investigación y Litigación en el Estado de Morelos (foja 80); 38. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera Investigadora Cuernavaca, del Equipo de Investigación y Litigación 2, de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos (foja 223); 39. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III, del Equipo de Investigación y Litigación 3, en Cuernavaca, Morelos (foja 82); y 40. Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio de la Célula Cuarta del Equipo de Investigación y Litigación 1, en el Estado de Morelos (foja 84), negaron los actos reclamados. Igualmente, los Jugados: 43. Primero (foja 43); 44. Segundo (foja 45 y 180); 45. Tercero (foja 60); 46. Cuarto (foja 56); 47. Quinto (foja 47); 48. Sexto (foja 52); 49. Séptimo (foja 48); 50. Octavo (foja 49); y 51. Noveno(foja 167), todos de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, negaron la certeza de los actos reclamados. De las constancias de autos se advierte que la quejosa no desvirtuó tales negativas en el trámite del amparo, ni en la audiencia constitucional. Por otra parte, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, tuvo como inexistentes a la autoridades responsables: 7. Director de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León (fojas 53 y 54); 8. Director de la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León (fojas 53 y 54); 10. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Cuernavaca Morelos (foja 239); y 26. Encargado de la Unidad de Administración que integra la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos (fojas 172 y 173), por lo que los actos de ellas reclamados se tienen por inexistentes. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a los actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. Al rendir su informe justificado el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos actuando en funciones de Juez de Control, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó consistentes en la copia certificada de la causa penal ******, de su índice y copia del registro de audio y video de las audiencias celebradas el trece de septiembre, diez y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por lo que se tiene por existente. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Causales de improcedencia. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos actuando en funciones de Juez de Control, invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la misma Ley, lo que impide examinar el acto reclamado y los conceptos de violación expresados al respecto. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De acuerdo con la disposición legal transcrita, el amparo resulta improcedente contra actos que emanen de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Asimismo, cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto, de manera que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En el caso particular, al rendir su informe justificado el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, actuando en funciones de Juez de Control, dijo que el trece de septiembre de dos mil veintiuno, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, emitió orden de aprehensión contra la quejosa María de Jesús González Torres y otros, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción Il, en relación con el numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción Il, en relación con el numeral 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el diverso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de Posesión de Bienes y Numerario dentro del Territorio Nacional con conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal. Agregó, que tal mandato de captura fue cumplimentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; por lo que el diez de diciembre siguiente, a solicitud del ministerio público se reanudó el proceso y previa formulación de imputación, la quejosa se acogió al plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, se impuso a la imputada María de Jesús González Torres, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; el quince de diciembre siguiente dictó auto de vinculación a proceso en su contra por los hechos que la ley señala como delito materia de la imputación. Lo que se constata con las copias certificadas que anexó a su informe, en las que obra a foja 194 del presente juicio de amparo, los datos mínimos de la audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, iniciada a las catorce horas del quince anterior, en la que el juez de la causa emitió el mencionado auto de vinculación a proceso, contra la quejosa María de Jesús González Torres, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción Il, en relación con el numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción Il, en relación con el numeral 11, inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y El diverso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de Posesión de Bienes y Numerario dentro del Territorio Nacional con conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción 1, del Código Penal Federal. En tales condiciones, se fijó como plazo de investigación complementaria de cuatro meses, que fenecería el quince de abril de dos mil veintidós. Así, de conformidad con los artículos 318 y 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los efectos del auto de vinculación de la imputada a proceso son establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento y antes de finalizar la audiencia en que se dicta, el Juez de control, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria, mismo que deberá concluir dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el último artículo. En ese tenor, es inconcuso que al haberse decretado la prisión preventiva de la quejosa cambió su situación jurídica, en virtud de que la detención derivada de la orden de aprehensión reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de vinculación a proceso, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las consecuencias establecidas en los referidos artículos 318 y 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que se le siga proceso por los hechos delictivos que se decretó su vinculación, el que deberá concluir en el plazo para el cierre de la investigación complementaria, fijado en la audiencia correspondiente, lo que impide entrar al estudio de las violaciones cometidas en todo caso y de ser así, en la orden de aprehensión de la que se duele, pues el auto de vinculación a proceso provocó un cambio de la situación jurídica que tenía al momento en que se emitió la orden de aprehensión y por ello se instó el juicio de amparo, quedando irremediablemente consumadas las posibles violaciones que pudieron haberse cometido al emitir dicho mandato de captura. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 169410, publicada en la página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Asimismo, la diversa XVII.1o.P.A. J/18 (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Registro digital 2017544, publicada en la página 2482 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Sin que en el caso se surta la excepción relativa a cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en el citado precepto, pues el mandato de captura reclamado se rige por el diverso 16 constitucional. En esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo que establece el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese ordenamiento, como sucedió en la especie. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expresados en el tercero y quinto de ellos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintidós. Solicitud acceso a expediente electrónico. Glósese a los autos el oficio AMPF/68/2022 signado de manera electrónica por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, por medio del cual solicita el acceso al expediente electrónico y otros del índice de este Juzgado Federal. Autorización consulta del expediente electrónico. Al respecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "*****" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Se instruye al oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes
- María Berenice Hernández Avila1104/2022
- María Concepción Novoa Franco42/2023
- Maria Concepcion Soriano Guatirojo374/2022
- Maria Cristina Hernandez Cruz756/2022
- Maria Cristina Peralta Violante342/2023
- Maria Cristina Peralta Violante1112/2022
- María de la Luz Díaz Sotelo295/2023
- Maria de la Luz Esteban Marquez47/2022
- María de la Luz Ortíz Bahena1178/2023
- María de la Luz Saavedra Martínez408/2022
- María de la Luz Tapia Torres190/2023
- María de los Ángeles Aguillón Avalos971/2023