María De Jesús Gómez Zapata y Otros.
Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2017
Partes del expediente
- María De Jesús Gómez Zapata y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación realizada a la parte quejosa del proveído de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. En tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata realice la notificación correspondiente a la parte quejosa del auto de veintisiete de marzo del año en curso, así como de este proveído. Notifíquese; y personalmente el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO Y SIETE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ****, designando como representante común a la primera nombrada, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Consejero Jurídico y de Asistencia Legal del Gobernador del Estado, ciudad. 2. Subconsejero Jurídico y de Regulación Patrimonial, de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobernador del Estado, ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 290/2017-X. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación a los preceptos 1, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Esto es así, porque los promoventes****, acuden a esta vía constitucional, reclamando el amparo y protección de la Justicia de la Unión por su propio derecho, sin encontrarse legitimado para tal efecto en términos de la invocada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de evidenciar tal aseveración, es menester destacar que los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". De los últimos dos artículos transcritos, se advierte que para ser considerado parte quejosa en el juicio de amparo, quien solicita la protección constitucional, invariablemente, debe resentir una afectación a su esfera jurídica, porque eso lo legitima para promover el citado juicio en contra de un acuerdo dictado por una autoridad administrativa, como el que se reclama en este expediente. Luego, de la demanda de amparo se advierte que los propios quejosos aducen que reclaman de las autoridades responsables la recisión del contrato de comodato que fue celebrado entre el Gobierno del Estado de Chiapas y****, así como la resolución de treinta de enero del año en curso, en la cual hacen del conocimiento de la citada****, que cuenta con el término de treinta y seis horas para hacer entrega del local que ocupa la cafetería del parque conocido como "****" que consta de un área de 390.51 metros cuadrados; mas no aseveran que el citado contrato rescindido se haya celebrado con los impetrantes del amparo, lo cual es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo que consagra el principio de instancia de parte agraviada, ya que ésta debe promoverla quien sea el titular del derecho. De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo 6º de la Ley de Amparo, transcrito, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona constitucionalmente protegidos, afectación que debe ser personal y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Ahora, los quejosos ****reclaman en esta vía constitucional de las autoridades responsables la recisión del contrato de comodato que fue celebrado entre el Gobierno del Estado de Chiapas y****, así como la resolución de treinta de enero del año en curso, en la cual hacen del conocimiento de la citada****, que cuenta con el término de treinta y seis horas para hacer entrega del local que ocupa la cafetería del parque conocido como "****" que consta de un área de 390.51 metros cuadrados; mas no aseveran que el citado contrato rescindido se haya celebrado con los impetrantes del amparo, lo cual es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, es decir, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica de los quejosos; por tanto, carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo al no verse afectados en sus derechos de propiedad, pues en todo caso, quien debe promover el juicio lo sería **** quien refieren tenía la posesión del referido bien y es quien se ve afectada con las actuaciones realizadas por la autoridad y, no la aquí parte quejosa por sus propios derechos. Por ello, el acto que aquí reclaman, no afecta sus derechos constitucionalmente protegidos, pues se insiste no son parte en el multicitado contrato que refieren. Esto, por que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. En esa medida, los actos reclamados precisados con antelación, no producen en la esfera jurídica de los quejosos, una lesión o perjuicio directo y, por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatir los mismos, ya que no les causan ningún agravio; por lo que no tiene legitimación procesal activa para impugnarlos, siendo que, conforme al artículo 6º de la Ley de la Materia antes transcrito, sólo puede promover el juicio a quien le ocasione un agravio personal y directo el acto de autoridad, o en su caso por conducto de sus representantes. De igual forma, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la legislación de amparo, en relación con la diversa fracción X del propio precepto, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Los preceptos transcritos establecen que el juicio constitucional es improcedente en contra de actos de autoridad que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando éste se hubiere promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, independientemente de que las violaciones constitucionales alegadas llegaren a ser distintas. La causal de improcedencia en estudio evita la tramitación y resolución de juicios de amparo en los que la litis redunda en dilucidar la constitucionalidad de un mismo acto reclamado de las mismas autoridades por el mismo particular, con el fin de preservar el principio de cosa juzgada. Es decir, con el fin de salvaguardar la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa el citado principio e impedir que se abra nuevamente alguna controversia que llegue a ser discrepante de una resolución precedente que ya obtuvo la calidad de firme, preservando en ese sentido la seguridad jurídica de todo gobernado. Previo a exponer el porqué se considera así es conveniente precisar los siguientes antecedentes: 1. Los quejosos reclaman del Consejero Jurídico y Subconsejero Jurídico y de Regulación Patrimonial, de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobernador del Estado, residentes en esta ciudad, el acuerdo de rescisión de contrato de comodato celebrado entre la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas ****y la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete. 2. Ante este Juzgado de Distrito se tramitó el juicio de amparo****, promovido por****, mismo que se invoca como un hecho notorio, constancias de las que se advierte, en lo que es de interés para la resolución del presente juicio: a) **** promovió diverso juicio de amparo contra actos del Consejero Jurídico y Subconsejero Jurídico y de Regulación Patrimonial, de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal del Gobernador del Estado, residentes en esta ciudad, consistentes en la resolución del recurso de revisión **** interpuesto contra el acuerdo de rescisión del contrato de comodato, mediante la cual las responsables declararon improcedente el recurso interpuso ante éstas. b) Asunto que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, el cual en proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis se ordenó admitir bajo el número****. c) Posteriormente, el nueve de agosto de dos mil dieciséis al recibir los informes justificados de las responsables se determinó sobreseer fuera de audiencia el citado juicio de amparo, pues se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, ya que el ahí quejoso no agotó el principio de definitividad en contra de una determinación administrativa de una autoridad estatal, de la cual se resolvió en definitiva un recurso de revisión, debió agotar el juicio de nulidad. De manera que, si el acto aquí reclamado por los quejosos ya fueron motivo de estudio en el diverso****, del índice de este Juzgado de Distrito, resulta inconcuso que deviene improcedente este juicio. De ahí que se concluya, que los promoventes carecen de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional y al haber quedado demostrado que los actos reclamados en este juicio fueron materia de otra ejecutoria de amparo, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XXIII, en relación con la diversa fracción X y los preceptos 5 y 6, de la propia ley de la materia; motivo por el cual, se desecha de plano la presente demanda de amparo por notoria improcedencia, promovida por****, con apoyo además en el invocado numeral 113 de dicho ordenamiento legal. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado****; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a****. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa". Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que no obra constancia de notificación realizada a la parte quejosa del proveído de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. En tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata realice la notificación correspondiente a la parte quejosa del auto de veintisiete de marzo del año en curso, así como de este proveído. Notifíquese; y personalmente el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
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