MARIA DE JESUS DEL PUEBLITO JOSEFINA RIVERA MONTES y Otros.

Expediente 1616/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1616/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • MARIA DE JESUS DEL PUEBLITO JOSEFINA RIVERA MONTES y Otros.
  • C. A. C. G. y Otros.
  • Maria de Jesus del Pueblito Josefina Rivera Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se observa que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de seis de marzo pasado, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación a las constancias con que la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, afirmó dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, este órgano jurisdiccional procede su análisis, para determinar si se acató el fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En tal virtud, este Juzgador procede al análisis de las constancias que integran la etapa de ejecución, con la finalidad de determinar, si el fallo protector ha sido cumplido. Primero se tiene que el amparo y protección de la justicia federal se concedió a la parte quejosa para que la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control Unidad II, Distrito Judicial de Querétaro, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación tomada en la audiencia celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho dentro de la causa judicial 797/2018, con número único de causa CI/QRO/34380/2018. b) Convoque nuevamente a una audiencia para que resuelva sobre la petición de revisión de medida cautelar prevista en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual reitere el resto de consideraciones adoptadas que no fueron materia del fallo protector y, a la luz de la parte considerativa de esa determinación, con plenitud de jurisdicción, de manera debidamente fundada y motivada, resuelva sobre la pretensión de la quejosa, para lo cual, deberá tomar en consideración en completitud los medios de prueba que le fueran ofertados durante la audiencia, como puede ser el expediente clínico de la imputada, aquí quejosa, así como los argumentos que le viertan las partes de modo puntual. La referida concesión de amparo, se concedió atendiendo a las consideraciones siguientes: ".En el orden esbozado, quien aquí resuelve advierte que la razón esencial en que se basó el operador penal para negar la petición de modificación, consistió en la insuficiencia de datos objetivos por parte de la defensa de la imputada, que corroboraran su condición médica a efecto de poder valorar en definitiva la pertinencia de modificar la prisión preventiva que pesa en contra de aquella, pues incluso asumió que igual postura adoptó la fiscalía en su oposición a la medida, de la cual se destaca que la representación social señaló que dentro de la carpeta judicial no obraban datos sobre el estado de salud de la imputada, sin embargo, el contraste entre lo decidido por el operador responsable y el contrargumento que expresó el defensor durante la audiencia que se revisa, permiten advertir que como bien lo sostiene la quejosa en sus motivos de queja constitucional, el cual se estima fundado, la autoridad emisora del acto omitió analizar y dar contestación respecto al contenido del dato de prueba que le merecía el expediente clínico exhibido durante la audiencia aludida, así como tampoco se dio respuesta a la petición de la defensa respecto a la pretensión de que fuera requerido el Centro Penitenciario en que se encuentra recluida la quejosa a fin de que proporcionara la información relativa al estado de salud de aquella (expediente clínico penitenciario). Lo que resulta trascendente, ya que si la razón en que se sustenta la negativa para modificar la medida cautelar por arraigo domiciliario -debido a los padecimientos médicos que presenta la quejosa en su condición de internamiento- estriba en la falta de datos objetivos para conocer la apuntada circunstancia, resulta una infracción a los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en toda resolución judicial, máxime que en términos del artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares las partes pueden ofrecer los medios de prueba para modificar o revocar las medidas cautelares decretadas en las causas judiciales.". De lo transcrito, se desprende que el fallo protector fue concedido, toda vez que la responsable al emitir el acto reclamado, omitió analizar y dar contestación a la petición de la defensa, consistente en requerir del centro penitenciario donde se encuentra recluida la quejosa, a fin de que proporcionara la información relativa al expediente su clínico, infringiendo con ello los principios de congruencia y exhaustividad que toda determinación judicial debe contener. Por su parte, la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control Unidad II, Distrito Judicial de Querétaro, con la intención de cumplir con lo anterior, remitió disco versátil digital, en el que constan las audiencias que celebró el uno y cuatro de marzo de hogaño, dentro de la carpeta con número único de causa CI/QRO/3480/2018, mismo que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 202, con relación al diverso 129, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un disco versátil digital expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. hora bien, de audiencia celebrada en uno de marzo de dos mil diecinueve, se advierte que la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control Unidad II, Distrito Judicial de Querétaro, dejó insubsistente la audiencia celebrada en dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa judicial 797/2018 y, en atención a lo solicitado por defensor particular de la quejosa, ordenó librar oficio al titular del centro de reclusión de la imputada, a efecto de requerir el informe correspondiente respecto de su estado salud, señalando nueva fecha para la continuación de la audiencia. Adicionalmente, en audiencia de cuatro de marzo siguiente, el juez responsable reanudó la referida audiencia, en la que la fiscalía y la defensa, manifestaron que se impusieron del contenido del expediente clínico de la parte quejosa, por lo que abrió el debate sobre el mismo y, una vez hecho ello, declaró cerrado el debate, por lo que con plenitud de jurisdicción, resolvió la petición de revisión de medida cautelar solicitada por la quejosa, invocando como sustentó en el artículo 161, con relación al 171, se entiende por su contexto que son dl Código Nacional de Procedimientos Penales. Agregó, que en cuanto a la manifestación realizada por la defensa de la quejosa en el sentido de que variaron las condiciones personales y de cautela que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, para ser sustituida por la de reclusión domiciliaria, tomó en consideración las expresiones realizadas por la defensa en dicha solicitud, hizo referencia al artículo 166 primer párrafo -se entiende también por su contexto que es del Código Nacional de Procedimientos Penales-, se tiene como premisa la existencia de una enfermedad grave.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, así como sus anexos, con los que comparece en atención al requerimiento formulado por este juzgado federal, relacionado con el fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa y, al efecto, remite las constancias con las que considera cumplir con la sentencia de amparo. E tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes corriéndoles traslado con copia del oficio de cuenta y anexo a éste, a fin de que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver si la sentencia ejecutoriada fue o no cumplida, con base en los elementos que obran en el expediente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María de Jesús del Pueblito Rivera Montes, por cuanto hace a la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos indicados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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