María de Jesús Cortés Becerra

Expediente 432/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
432/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • María de Jesús Cortés Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable Director General del Centro de Readaptación Social del Estado de Nuevo León, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, comuníquese a las partes y con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, este expediente encuadra dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita; sin embargo, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano, concediendo dicha medida cautelar, con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de ser depurado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el Acta de Gestión que rinde Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de veintitrés de enero del año en curso; por tanto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos se advierte que no obran en autos las constancias de notificación personal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ni de la parte quejosa ********************de la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sean notificadas de manera personal las partes de referencia del citado auto. Asimismo no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios con los cuales se hizo del conocimiento de las autoridades responsables dicha determinación; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, gírese oficio a las autoridades responsables, adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Asimismo, se encomienda a los fedatarios judiciales adscritos a este Juzgado para que a la brevedad posible una vez realizadas las notificaciones a las autoridades, verifiquen que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR LA VIA ELECTRÓNICA LA RESOLUCIÓN DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinte de julio de dos mil veinte, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María de Jesús Cortés Becerra solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable (en su denominación correcta). Comisionado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Director General del Centro de Readaptación Social del Estado de Nuevo León. Acto reclamado: .la orden de traslado y su ejecución." SEGUNDO. El veintiuno de julio de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 432/2020, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien mediante ejecutoria de tres de diciembre de dos mil veinte, en el expediente 106/2020, declaró fundado el aludido medio de defensa. CUARTO. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La orden de traslado ordenada mediante resolución administrativa de dos de marzo de dos mil veinte y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con el contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron al mismo. CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, en virtud de que sobre dicho acto, no se cumplió con el principio de definitividad; precepto que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del contenido del precepto anterior, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerando sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Asimismo, el amparo es improcedente contra actos de autoridades judiciales en contra de los cuales procede un recurso. Ahora, atendiendo a los actos que reclaman los quejosos, no debe perderse de vista lo establecido en los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda. Así, se tiene que tratándose de traslados involuntarios, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé el siguiente procedimiento a seguir: 1) Tratándose de traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 2) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: I) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, III) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 3) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 4) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 5) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 6) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 7) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I) la persona privada de la libertad; II) el defensor público o privado, III) el ministerio público; IV) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, VI) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 8) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 9) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 12) La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; II) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; III) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; V) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; VI) las partes formularán alegatos finales; VII) el juez declarará cerrado el debate; y, VIII) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 13) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 14) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 15) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Por tanto, es inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva y las resoluciones judiciales, a su vez, pueden combatirse a través del recurso de apelación. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque la quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió acudir ante el juez de ejecución, y agotar el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, situación que la promovente del amparo omitió realizar. Máxime que de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, la orden de traslado aludida se puede combatir mediante recurso de apelación ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. Por tanto, con el procedimiento que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice la causal que se invoca. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023736, que establece: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Por lo anteriormente expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Jesús Cortés Becerra, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos plasmados en el último considerativo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy quince de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, residente en la Ciudad de México; mediante el cual solicita información acerca del estado procesal que guarda el juicio de amparo indirecto en que se actúa. Al respecto, infórmesele que con fecha quince de marzo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente decretando el sobreseimiento del juicio de amparo. Notifíquese.

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