María de Jesús Cazares Eufracio
Expediente 1542/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/08/2019
Partes del expediente
- María de Jesús Cazares Eufracio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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Agréguense únicamente para que obre como corresponda el comunicado signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, toda vez que diez de julio de la anualidad que transcurre se pronunció respecto del cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve (folio 106 a 108), que disponía la parte quejosa para compareciera a recibir los documentos exhibidos en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y se ordena la depuración de los mismos junto con el expediente. Notifíquese.
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Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos de advierte que en sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil nueve este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa para los siguientes efectos: a) No le apliquen a la impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales . b) El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad. Se explica lo anterior. En el presente caso se trata de una prestación por parte del Estado de un servicio, como lo es el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al que corresponde el pago de un derecho; en ese sentido, el propio numeral reclamado dentro de la fracción I, en que se ubica en lo general la situación en examen, contempla como cuota mínima (de todas las hipótesis que prevé y que se tomaron como parámetro para evidenciar la inconstitucionalidad del inciso h) en su inciso i) el monto de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional); el amparo tiene por efecto, entonces, otorgarle el mismo trato que como monto mínimo se establece para el pago de este derecho en la comentada hipótesis . En consecuencia, una vez hechas las operaciones aritméticas correspondientes, se deberá devolver a la parte quejosa la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de las escrituras públicas, conforme al inciso h) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, cobrándole únicamente la cantidad de ****************************************************Mediante oficio PF-DC-JA-19087 , la Directoras de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el desde el veinte de junio del año en curso, se encontraba a su disposición la orden de pago número 1815767, asimismo, informó que el once del mimo mes y año dictó un acuerdo en el que ordenó la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa respecto de las porciones normativas declaradas inconstitucionales e hizo del conocimiento de este juzgado la imposibilidad de notificarla, no obstante de haber acudido a buscarla en el domicilio señalado para ello, de ello anexó un legajo de copias certificadas, con las que acreditó sus manifestaciones. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atendió los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, ordenó desincorporar de la esfera jurídica a la quejosa respecto de la norma combatida, expidió orden de pago a su favor por la cantidad de $24,439.80. (Veinticuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), y allegó acta en la que se advierte la imposibilidad de hacerlo de su conocimiento, lo que se le notificó a la impetrante el dos del mes y anualidad que transcurren, cumpliéndose así con la ejecutoria del presente juicio de garantías. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Se requiere a la parte quejosa. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa en los términos indicsdos. Apercibida que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, podrán ser depurado en forma conjunta con el expediente.
- Principal
AVISO- se notifica por este medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 1542/2018; toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días hábiles que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de amparo, no obstante el aviso que se le dejó fijado en la puerta de ingreso el once de julio de dos mil diecinueve, por lo tanto dicho proveído a notificar dice: se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger los documentos certificados que exhibió. Apercibida que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, podrán ser depurado en forma conjunta con el expediente.
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