María de Jesús Alva Dávalos
Expediente 761/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María de Jesús Alva Dávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dos y tres del segundo de dichos meses por corresponder a sábado y domingo, respectivamente; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de noviembre citado, dentro del juicio de amparo número 761/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del presente juicio de derechos sí se tramitó incidente de suspensión en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. Dentro del referido incidente no fue exhibido billete de depósito. Que no existe recurso alguno por resolver dentro del referido incidente de suspensión. Que no existen constancias pendientes de devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos, con la certificación que antecede y con dos piezas postales devueltas por la administración local de Correos, con sede en esta ciudad. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de noviembre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió al quejoso dicha medida suspensional. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en virtud de que obra agregado el primer testimonio de la escritura mil doscientos cuarenta y seis, de siete de agosto del año en curso, exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y REQUIERA a María de Jesús Alva Dávalos, en su carácter de albacea a bienes de Juan Leonardo Ubario Macías, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, a fin de que con identificación oficial y vigente y en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Finalmente, vistas las piezas postales de cuenta devueltas por la administración local de Correos, con sede en esta ciudad, las cuales contienen los oficios 21095 y 25094, girados a la autoridad responsable, glósense al presente sumario sin mayor trámite, dado lo que se acordó con anterioridad. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Olivia
- Incidental
El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con registro 15783. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el telegrama de cuenta que remite el encargado de telegramas oficiales de la Oficina de Telégrafos, con sede en esta ciudad, por el que informa que el telegrama relativo al oficio 24163, se encuentra en lista de rezago debido a que no hay servicio de reparto a las comunidades de Fresnillo, Zacatecas, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento virtud a que el presente incidente se encuentra concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Incidental
En diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 15299.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 878/2017 y de origen 413/2017, del índice de este Juzgado, mismo que le fue enviado para que notificara a la autoridad responsable J. Jesús Ubario Macías, el auto de veinticuatro de octubre del año en curso; glósese dicha comunicación oficial y dése de baja en el libro de gobierno correspondiente, debiendo acusarse el recibo de estilo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 761/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por J. Jesús Ubario Macías (fojas 42 a 53), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos, las cuales fueron exhibidas por la autoridad responsable y requeridas a la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la quejosa, J. Jesús Ubario Macías como autoridad responsable y la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, consistente en Escritura pública número mil doscientos cuarenta y seis de siete de agosto de dos mil diecisiete levantada ante la fe del Notario público número Cuarenta y Seis, escrito dirigido al Subdirector de Administración del Agua (CONAGUA), acta de junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea del juicio sucesorio intestamentario (fojas 30 y 31), oficio B00.932.01.3931/5868 (fojas 23 y 24), copias certificadas anexadas al oficio BOO.932.00.1.-376 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 74 a 94), así como las copias certificadas en fojas 103 a 106 de autos y copias simples de solicitud al Comité Interno de Administración del Agua en Zacatecas y del acta número siete mil ciento sesenta y cuatro, volumen ciento setenta y seis celebrada ante la Fe del Notario público Número Treinta y Dos con residencia en Fresnillo, Zacatecas, la instrumental pública de actuaciones y la prueba presuncional legal y humana ofrecidas en escrito de ocho de noviembre del presente año por la parte actora, registrado con folio 14906. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, se da cuenta con los alegatos expuestos por la quejosa en escrito registrado con folio 14908 recibido el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 96), así como los presentados en esta misma fecha, en los cuales solicita se difiera la audiencia constitucional. A lo que el juez determina: agréguese a sus autos para que obren como correspondan los alegatos expuestos por la quejosa y en cuanto a su petición de diferimiento dígasele que se esté a lo acordado en nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como a lo expuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo y jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA". Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 761/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María de Jesús Alva Dávalos por propio derecho y como albacea a bienes de Juan Leonardo Ubario Macías, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: La persona física J. Jesús Ubario Macías. Acto reclamado: "MODIFICACIÓN, MEJORA, CAMBIO, LIMITACIÓN, DETRIMENTO, INCREMENTO O DECREMENTO, CON LA ILEGAL PRIVACIÓN DE AGUA EN MI PERJUICIO". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 25 a 28), se registró bajo el número de expediente 761/2017; y se previno a la quejosa para que exhibiera documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con que se ostenta, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la demanda. En escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 29) la quejosa anexó acta de reconocimiento de herederos y designación de albacea, a su favor dentro del juicio sucesorio marcado con el número 211/2016 a bienes de Juan Leonardo Ubario Macías, radicado en el Juzgado Primero Civil, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. En auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto atribuido a un particular que hace actos de autoridad, residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". El acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La negativa de otorgarle el suministro de agua que emana de la concesión a nombre de J. Jesús Ubario Macías. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido a J. Jesús Ubario Macías, consistente en la negativa de otorgarle el suministro de agua que emana de la concesión a nombre de J. Jesús Ubario Macías, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, en el que señaló lo siguiente: "[.] no existe, modificación, ni privación de agua en perjuicio de la quejosa, puesto que NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO EN QUE SUSTENTE SU LEGALIDAD PARA PODER DETERMINAR QUE LA QUEJOSA FUE PRIVADA DE UN DERECHO REAL DE AGUA, es decir, la quejosa no sustenta tener un título de concesión expedido por la autoridad competente a su nombre en la que demuestre que efectivamente es o era titular de un derecho, de igual manera tampoco tiene algún permiso o constancia en la que demuestre que efectivamente tenía y gozaba de derecho de disfrutar del agua que dice que fue privada por el suscrito, por lo tanto y si no acredita ser la titular de un derecho de concesión de agua, entonces podemos afirmar que en ningún momento se le privó de ese derecho como falsamente lo pretende hacer valer como ley o acto reclamado. Por lo que se refiere a los puntos de hechos, me permito manifestar lo siguiente: Primero. En cuanto al punto número 1 de los hechos, es cierto en parte ya que existe un suministro de agua tanto agrícola como domiciliaria para aproximadamente 30 años, pero no emanada actualmente de una concesión 07ZAC205616/36AMDL08, derivado de autorización del C. APOLONIO UBARIO ESCOTO Y/O MARCELINO UBARIO ESCOTO 3ZAC105016/36AMGR97, ya que tal título de concesión de agua SE ENCUENTRA A MI NOMBRE Y DENTRO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN NO EXISTE CONSTANCIA DE DICHO CONCESIÓN LO ERA TAMBIÉN PARA EL RIEGO DE LA PARCELA DEL FINADO JUAN LEONARDO UBARIO MACÍAS Y DEL DOMICILIO CONYUGAL DE LA QUEJOSA. Segundo. Por lo tocante al punto número 2, es cierto en parte, ya que efectivamente mi hermano JUAN LEONARDO UBARIOS (sic) MACÍAS falleció el día 9 de marzo del año 2016, no teniendo conocimiento del nombramiento de albacea y heredera universal, y efectivamente tengo conocimiento que no procrearon hijos. [.] Primero. Por lo que se refiere al punto primero de los conceptos, es improcedente lo manifestado en este punto, puesto que en ningún momento prive el derecho al suministro de agua, por lo que ese derecho no existe, y si no existe entonces no se puede privar del mismo, es decir, la ahora quejosa en ningún momento acredita tener algún documento a nombre del finado JUAN LEONARDO UBARIO MACÍAS en la que se determine que este tenía algún derecho otorgado por CONAGUA para disfrutar del uso de agua, de igual manera no se encuentra dentro del padrón de usuarios para poder disfrutar del agua, y si bien es cierto que existía una concesión a nombre de MARCELINO UBARIO ESCOTO, también es cierto que el mismo se encuentra a mi nombre y actualmente en trámite de solicitud para el incremento de suministro de agua, [.] ". De la transcripción anterior se advierte que efectivamente J. Jesús Ubario Macías tiene una concesión de agua, la cual le otorgó la Comisión Nacional del Agua y que la mencionada persona es hermano del finado esposo de la aquí quejosa y argumenta que no existe la privación del agua en perjuicio de la quejosa porque no existe documento alguno que lo compruebe. Asimismo de autos se desprenden los trámites que se han realizado en la concesión de agua 2ZAC100175/37AMGR94 de la cual dice la quejosa le otorgaban agua y J. Jesús Ubario Macías argumenta que es para su uso exclusivo. Dichas documentales merecen valor probatorio pleno de conformidad con el ordinal 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, no se advierte ningún dato que corrobore la existencia de los actos negativos reclamados, aunado a que la quejosa no exhibió ninguna prueba que acredite su dicho. Lo anterior es así, pues los medios de convicción que exhibió, consistentes en: Acta de junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea del juicio sucesorio intestamentario de diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 30 y 31). Escritura pública número mil doscientos cuarenta y seis de siete de agosto de dos mil diecisiete, levantada ante la fe del Notario público número Cuarenta y Seis. Oficio Boo.932.01.3931/5868 de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete expedido por el Director de la Comisión Nacional del Agua (fojas 23 y 24). Escrito dirigido al Subdirector de Administración del Agua (CONAGUA) Copia simple de solicitud al Comité Interno de Administración del Agua en Zacatecas. Copia simple de acta número siete mil ciento sesenta y cuatro, volumen ciento setenta y seis celebrada ante la Fe del Notario público Número Treinta y Dos con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Probanzas con las cuales no se comprueba la existencia del acto reclamado, ya que con la marcada en el punto 1, únicamente se evidencia la existencia de un juicio 211/2016, en el cual fue nombrada albacea la aquí quejosa, misma que se valora de conformidad con el ordinal 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con la marcada en el punto 2 se comprueba la fe que dio el Notario Público en la cual indicó encontrarse en el lugar conocido como Granja San Antonio de la comunidad de San Gabriel, en Fresnillo, Zacatecas en la que asentó que una persona de nombre Juan Caldera Zapata, del cual anexó copia de su credencial de elector, le informó que el día anterior el tanque estaba lleno de agua limpia y que ese día ya se encontraba verdosa y turbia, agua la fue extrajo en una muestra y dice que constató una excavación en un predio colindante en la cual le informan pasa la tubería que va hacia del pozo hacia el tinaco, así como diversas fotografías a color de una escalera, una tina con agua y un camino, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con el ordinal 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con la prueba marcada con el número 3 se demuestra únicamente que se solicitó información respecto de si la Comisión Nacional del Agua había expedido algún permiso para la modificación, relocalización, reubicación, incremento de volumen o transmisión de derechos del título de concesión 3ZAC105016/36AMGR97, a lo cual se le informó que no se ha expedido ningún permiso, la cual tiene valor probatorio de acuerdo a lo estipulado en el ordinal 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Con las pruebas marcadas en los puntos 4, 5 y 6, se demuestra únicamente la solicitud que realizó la quejosa a la Comisión Nacional del Agua, con las cuales anexó copias simples mismas, las cuales al ser copias fotostáticas simples son valoradas como indicios de la existencia de las originales pero no puede apreciar el contenido ahí mencionado, ya que carecen de valor probatorio. Probanzas que adminiculadas entre sí, no generan la convicción de la existencia del acto negativo reclamado. Al respecto, se precisa que la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica, que denota la omisión o abstención de la autoridad a quien se atribuye; es decir, consiste en que la autoridad se rehúse a hacer algo a lo que está obligada, por ley o porque previamente le fue solicitado por un particular. Aquí conviene hacer un paréntesis a fin de precisar la noción de "abstención", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, dado que el primer concepto tiene una connotación más amplia que el segundo. En efecto, para que exista una conducta calificada jurídicamente como una "omisión o abstención" no basta con una referencia a una actuación humana (un no hacer), sino que se requiere un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, esto es, sólo puede omitirse algo que se está obligado a realizar. En otras palabras, la abstención jurídicamente reprochable no la constituye un mero no actuar, sino la omisión de hacerlo como se espera o como se está obligado. En consecuencia, para que exista una omisión o abstención, se deben reunir dos requisitos, a saber: 1. Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa la omisión, impuesta en una norma legal o por resolución de autoridad competente y, 2. Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. De lo anterior se deduce que para verificar la certeza de los actos omisivos, se debe analizar si la autoridad a la que se atribuye la omisión se encuentra constreñida a actuar en el sentido que pretende la quejosa, ya sea por la existencia de una petición, de un precepto legal que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que lo exija. En el caso concreto, la impetrante de amparo aduce que J. Jesús Ubario Macías se niega a otorgarle el suministro de agua que emana de la concesión a nombre del mencionado; pero, se insiste, no allegó constancia que justifique que lo expuesto es así, sin que pase desapercibido que J. Jesús Ubario Macías no realiza actos de supra a subordinación o no se tiene demostrado que haya actuado éste con carácter de autoridad. En razón de que si bien en la Ley de Amparo el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas, además de señalar que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa porción normativa, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el proceso legislativo que dio origen a la nueva Ley Reglamentaria se explicó el alcance de esta nueva disposición al tenor de las siguientes consideraciones. DICTAMEN CÁMARA DE SENADORES "[.] Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el "enemigo a vencer" por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la "garantía individual" de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión". "DICTAMEN CÁMARA DE DIPUTADOS (.) Entre otras innovaciones, se define el acto de autoridad independientemente de la naturaleza formal de la persona que lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por ley a una función pública y que no tenga un medio adecuado o vía ordinaria para remediarlo que lo deje en estado de indefensión, ampliando el concepto de autoridad responsable." Poniéndose de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Indicado lo anterior, se tiene que en la especie, no se acreditó que J. Jesús Ubario Macías realizara actos de autoridad, ya que el mencionado acto reclamado es inexistente. Por ende, el dicho de la quejosa, por sí sola, no demuestra la existencia de los actos omisivos reclamados de la responsable, al no encontrarse adminiculada con otros medios de convicción y al no obrar en autos otro elemento que relacionado con ésta, que genere convicción de que se le negó el otorgarle a la aquí quejosa el suministro de agua que emana de la concesión a nombre de J. Jesús Ubario Macías; por lo tanto, se sobresee el presente juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, no es posible jurídicamente abordar el análisis de los motivos de inconformidad que plantea el peticionario del amparo, de acuerdo con la jurisprudencia II.3o. J/58, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María de Jesús Alva Dávalos, por propio derecho y como albacea a bienes de Juan Leonardo Ubario Macías, contra la negativa de otorgarle el suministro de agua que emana de la concesión a nombre de J. Jesús Ubario Macías, reclamada a éste último; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Alicia
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