María de Jesús Almendarez Prieto
Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de Jesús Almendarez Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V I S T O, para resolver, el juicio de amparo 1163/2023-V, promovido por María de Jesús Almendarez Prieto. [...] Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguense a los presentes autos el oficio remitido por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí, mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria; por tanto, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. No obstante lo anterior, en virtud de las consideraciones vertidas en la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como de lo informando por el oficiante, no se advierte documento idóneo que otorgue certeza a este órgano constitucional respecto a que se continuará suministrando a tiempo y de forma permanente el tratamiento y medicamento que requiere la parte quejosa para su padecimiento. Requerimiento En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constriñan a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y "bajo protesta decir verdad" manifiesten que se continuará brindando la asistencia médica necesaria para la aquí quejosa Arelis Castillo Sánchez, así como los medicamentos que al efecto el o los galenos tratantes determinen; o bien, demuestren fehacientemente de alguna otra forma la continuación de dicha asistencia médica. Apercibimiento Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. Diferimiento audiencia constitucional En consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de constancias Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse recibidos los autos de este juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el amparo en revisión 674/2023. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en cuyos puntos resolutivos se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo 410/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, promovido por Tonantzin Reyna Valero González, por propio derecho, en términos considerando de esta ejecutoria." Ahora bien, de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, se advierte que se ordena se deje insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo; que se emita de un nuevo acuerdo de admisión de demanda de amparo; y que ese acuerdo sea firmado por la suscrita y el respectivo secretario, en la misma fecha que sean autorizados. Consideraciones previas Como primer punto, debe precisarse que la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal colegiado, obedece a que diversos acuerdos, entre ellos, el auto inicial y la sentencia, dictados en el presente asunto, fueron firmados electrónicamente por el respectivo secretario que dio fe, un día antes a la fecha en que se dice se dictó el acuerdo; mientras que la titular de este juzgado, los firmó, también electrónicamente, en la data correspondiente (un día después a la firma por parte de la persona secretaria). En ese sentido, el aludido tribunal resolutor, consideró que esa situación no puede ser legal, dado que una actuación judicial no puede ser autorizada con firma electrónica por quien da fe, antes de su emisión. Además, dichas violaciones fueron consideradas como de aquellas que trascienden al resultado de la sentencia definitiva y que causaron perjuicio a la parte quejosa. Pues bien, sentado lo anterior, de forma respetuosa, este juzgado de distrito no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por las siguientes consideraciones: 1. Si bien la formalidad contenida en los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita; implica una seguridad jurídica para las partes, en el sentido de que el funcionario judicial que emite la determinación, cuenta con las facultades para ello, y lo hace ante quien da fe de la emisión del acto; igualmente cierto es que el artículo 26 Ter del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, posibilita y faculta a firmar los acuerdos, autos, decretos y/o resoluciones, a través de una firma electrónica previamente autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, estatuye que el único acto que sigue a la firma de la persona secretaria, es la firma del juez o jueza, o de la persona titular del juzgado respectivo, con lo que se culmina el PROCESO DE APROBACIÓN de la actuación judicial o resolución correspondiente. Esto es, que la firma de la persona titular, aprueba la determinación propuesta y firmada, previamente, de forma electrónica (también) por la persona secretaria. Por tanto, sostener que una determinación no puede ser firmada con anterioridad -aún un día antes- por la persona secretaria y aprobada posteriormente, incluso un día después, por la persona titular, al considerarlo ilegal, dado que una actuación judicial no puede ser autorizada con firma electrónica por quien da fe, antes de su emisión; implica desconocer dicha porción normativa, así como el proceso de firma electrónica, contenido también en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que aboga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo". Cierto, pues el actual esquema de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, proscribe que una resolución sea materialmente firmada, en primer término, por la persona secretaría y, en segundo lugar, por la persona titular, como culminación del proceso de aprobación. Por tanto, sostener actualmente la interpretación dada a los referidos preceptos por el mencionado Tribunal Colegiado, haría materialmente imposible la emisión de cualquier determinación por los órganos judiciales, incluso, la propia ejecutoria que ahora nos ocupa, pues técnicamente es firmada de forma electrónica, en primer lugar, por la persona secretaria (quien solo debería dar fe de su dictado) y, posteriormente por la persona o personas titulares de los órganos judiciales (quien en sí, dictan las mismas). Al caso resulta aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.)1, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contradictorias al analizar si la falta de suscripción de la firma electrónica del Juez de Distrito y/o del secretario el día en que se emite la sentencia y, en su caso, la audiencia constitucional, constituye o no una violación de tal trascendencia que amerite reponer el procedimiento. Así, un Tribunal Colegiado de Circuito estimó intrascendente que el Juez firmara electrónicamente la audiencia en día inhábil y posterior a la fecha de su emisión, pues ninguna trascendencia tuvo en el fallo al no generar inestabilidad o desequilibrio procesal entre 1 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, mayo de 2023, tomo II, página 1997, registro digital 2026455. las partes, en la medida en que no se afectó el derecho del quejoso de acudir a la audiencia, ni se le impidió ejercer alguno de sus derechos. Mientras que otro Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que la sentencia recurrida es inválida porque el Juez del conocimiento y el secretario firmaron electrónicamente la sentencia dos días después de su emisión y en día inhábil, con lo que se violó el principio de seguridad jurídica al transgredir las reglas del procedimiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que si bien la falta de suscripción de la firma electrónica del Juez de Distrito y/o del secretario el mismo día en que se emite la sentencia, incluida, en su caso, la audiencia constitucional, cuando no se dicte en el mismo momento, y en día inhábil, viola el principio de seguridad jurídica, lo cierto es que no se trata de una violación de tal trascendencia que amerite reponer procedimiento. Justificación: De conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, la reposición del procedimiento debe decretarse cuando la violación efectivamente trascienda al resultado de la sentencia y cause perjuicio a la parte recurrente. Bajo esta idea, los vicios de que el Juez y/o el secretario no firmen electrónicamente la sentencia y, en su caso, la audiencia constitucional en que intervienen en la fecha de su emisión y lo hagan en día inhábil, no son de tal magnitud que las partes queden en estado de indefensión por afectar alguno de sus derechos sustantivos y que la sentencia resulte nula de pleno derecho, en algunos casos, pues tienen que ver con la carencia de formalidades que no constituyen elementos esenciales a discernir y que por su naturaleza práctica y casuística basta que su actuación (sentencia, incluida la audiencia en su caso cuando no se dicte en el mismo momento) se suscriba electrónicamente por el Juez y el secretario previo a su publicación para que surta pleno efecto y para que las partes estén en condiciones de controvertirlo. Máxime si se considera que el acto jurisdiccional de que se trata puede generar perjuicio a las partes una vez que surta efectos su publicación, y no antes; de ahí que se corrobore que las particularidades aquí examinadas no provocan daño superior o grave. Aunado a que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, contiene el mandato de optimización en la medida que dispone que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, la autoridad debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales que no afecten en grado predominante.". (El resaltado no es de origen) 2. Contrario a lo determinado, en todo caso, tal hipótesis de hecho no se considera una violación que efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y que cause perjuicio, en el caso, a la parte quejosa, puesto que las determinaciones precisadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, -así como toda determinación-, fueron notificadas con posterioridad, a las partes, en los términos de la Ley de Amparo; con lo cual se asegura el pleno conocimiento de lo resuelto, por la totalidad de las partes actuantes, lo que se demuestra, verbigracia, con los escritos de ampliación de demanda y alegatos presentados por la parte quejosa; los informes con justificación de las autoridades designadas como responsables; el pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación; el apersonamiento de la parte tercero interesada; ello, además, sin que dichas partes se hubiesen inconformado con dicha circunstancia. Aún más, sin que ello hubiese sido motivo de agravio en el recurso de revisión hecho valer. De ahí que este juzgado de distrito considere que en la especie, tales violaciones no reúnen las precitadas características de que efectivamente trasciendan al resultado de la sentencia definitiva y que cause perjuicio a la parte recurrente; y, como consecuencia, se advierta la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 65/99. Tampoco se estima aplicable la tesis 1a. XV/2000 ni la jurisprudencia P./J. 3/97, en la medida en que, en la especie, como bien lo refiere el propio tribunal resolutor, sí existen las firmas de emisión, fe y aprobación, emanadas tanto de la persona secretaria como de la persona titular de este juzgado. Por el contrario, en el caso se estiman aplicables, por analogía, las siguientes jurisprudencias: Jurisprudencia 1a./J. 41/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 569 del libro 19, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2015, Décima Época, con registro digital 2009408, que dice lo siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.". Así como la Jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece en la página 863 del libro 66, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de mayo de 2019, Décima Época, con registro digital 2019973, que dice lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL. En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, la regla general para la presentación del recurso de revisión adhesiva es que deberá hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de la admisión del recurso principal. Sin embargo, de los numerales 21 y 22 de la ley referida, y aplicados análoga y sistemáticamente con el artículo 82 aludido, se concluye que si el recurrente adhesivo interpone el recurso de mérito antes de que le hubiere sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse extemporáneo; máxime que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al respecto, ni señala que por esta condición el medio de defensa sea inoportuno.". Máxime que el criterio que cita dicho Tribunal Colegiado con registro 2025065 y rubro "RESOLUCIONES DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SON NULAS CUANDO LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LA O EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y DE LA SECRETARIA O SECRETARIO SON DE DIVERSA FECHA A LA DE SU EMISIÓN E, INCLUSO, DE UN DÍA INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"; SE ENCUENTRA SUPERADO, precisamente por la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente, y que fue citada párrafos atrás "FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. Manifestaciones que se asientan, se insiste, de forma respetuosa, a fin de no contrariar el principio constitucional de privilegio del fondo sobre la forma. En ese sentido se cita la Jurisprudencia 1a./J. 29/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1374 del libro 7, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2021, Undécima Época, con registro digital 2023791, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL). Hechos: Una persona demandó en la vía ordinaria civil a una inmobiliaria el otorgamiento y firma de escritura de un contrato de compraventa de un inmueble. Al contestar, la empresa opuso la excepción de improcedencia de la vía, sustentada en que la relación entre las partes es mixta y, por tanto, se debió demandar en la vía ordinaria mercantil. La excepción fue desestimada en ambas instancias, bajo el argumento de que no le causaba perjuicio, dada la similitud de plazos entre ambas vías y porque la vía civil concede una mayor oportunidad probatoria. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado consideró que no se argumentó cuál derecho fue trastocado con la tramitación del juicio en la vía incorrecta y que la jurisprudencia 1a./J. 74/2005 se emitió previo a la incorporación del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual los Jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma. Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio. Justificación: La vía es un presupuesto procesal y, por ende, una condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional. Su objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas y su existencia deriva de uno de los derechos que sustenta todo el sistema jurídico nacional: la seguridad jurídica. Sobre esas bases, la tramitación del juicio en la vía incorrecta no es un mero formalismo procedimental, ni siquiera el incumplimiento a alguna de las formalidades que deben regir el proceso natural, sino la transgresión a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho del demandado a la seguridad jurídica y legalidad. Por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, so pretexto de fallar de fondo la litis del juicio, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen de la existencia de violaciones procesales, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica.". Cumplimiento a la ejecutoria No obstante lo antes expuesto, en estricto acatamiento a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, se acuerda lo siguiente: Admisión de demanda Vista la demanda de amparo promovida por Tonantzin Reyna Valero González; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida contra actos del JUZGADO ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI y otras autoridades. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que se solicita. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Se guarda anexo por separado De conformidad con el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el disco compacto (CD), así como el anexo que ya obra en autos y pónganse a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Parte tercero interesada Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse como tercera interesada en este asunto a Marina del Carmen Rivera Castillo, sin que haya lugar a emplazarla al presente juicio, toda vez que ello ya ocurrió el diecinueve de mayo de dos mil veintidós; no obstante lo anterior, se ordena notificarle personalmente el presente proveído. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Alfredo Enríquez Rubio, por así solicitarlo. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Por otra parte, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Maria de Guadalupe Martinez Ramirez884/2020
- Maria de Jesus Almendarez Prieto838/2019
- Maria de Jesus Almendarez Prieto1161/2018
- María de Jesús Almendarez Prieto1164/2023
- María de Jesús Almendarez Prieto1165/2023
- Maria de Jesus Almendarez Prieto560/2020
- Maria de Jesus Beltran Najera1178/2019
- María de Jesús Blanco Gúzman256/2022
- Maria de Jesus Castillo Solis323/2019
- Maria de Jesus Garcia Cortina534/2019
- Maria de Jesus Gonzalez Gomez1068/2019
- Maria de Jesus Gonzalez Gomez740/2019