María de Jesús Alegría Ortíz

Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
14/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • María de Jesús Alegría Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el quince de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo promovida y que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María de Jesús Alegría Ortíz, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, se provee como sigue. 1).- Procedencia de la sustanciación de este asunto. El presente asunto encuadra en el supuesto que establece el artículo 4º, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante AG 13/2020), relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19; lo anterior, de conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, derivada de la sesión de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la república mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; al tratarse de un asunto en el que la quejosa reclama el levantamiento de la medida de resguardo domiciliario que le fue otorgada para no asistir a laborar durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y/o la enfermedad de COVID19, en virtud que aduce que cuenta con un padecimiento crónico, por lo que de postergar la atención de este asunto, podría afectarse su derecho a la salud, de ahí que se debe darse el trámite correspondiente. 2).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Se le exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo con fundamento en el artículo 2° fracción XIX del "Acuerdo General 13/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19", se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Lo anterior, para la tramitación y eventual resolución del presente asunto, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos mediante el esquema conocido como "juicio en línea". En el entendido de que de conformidad con el artículo 9° transitorio del mencionado Acuerdo General 13/2020, en caso de que no sea posible notificar a la parte quejosa al no contar con firma electrónica (FIREL o e.firma), la tramitación se suspenderá y podrá reanudarse una vez que se regularicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación. 4).- Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo1, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo2, porque la ausencia de firma electrónica representa la falta de voluntad de la quejosa. En efecto, los mencionados artículos de la Ley de Amparo, regulan la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo3, prevé como una opción para el justiciable, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, destacando que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 724, 735 y 766 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se establece que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, se establece que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. Ahora bien, en el caso en concreto la demanda de amparo que se provee, según se aprecia de lo asentado en la certificación secretarial, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica, por ende, no es posible advertir en ella la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; lo que implica la omisión del promovente en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia: P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMAELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Así, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien al parecer promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Y se dice que dicho acto no encuadra en tales hipótesis porque de lo manifestado por la amparista en su demanda se advierte que se duele de que las autoridades son omisas en otorgar en su favor la medida de resguardo domiciliario para que no acuda a trabajar en el Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana ISSSTE, lo cual señala que pone en riesgo su vida, ya que padece obesidad y tal centro hospitalario atiende a pacientes con síntomas del virus SARS-CoV-2 y/o la enfermedad COVID-19. Sin embargo, de esa sola circunstancia no se advierte que el acto reclamado sea en sí mismo inconstitucional en el sentido de que ponga en peligro la vida, ya que tomando en consideración los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo", debe de acreditarse que la parte quejosa además de encontrarse dentro de un grupo de riesgo de los establecidos en las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuenta con un valor de vulnerabilidad suficiente, que la ponga en riesgo para que sea reincorporada a las actividades presenciales, así como que el entorno en que desempeña sus labores no permite que se tomen las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio de la mencionada enfermedad, lo cual debe ser acreditado indiciariamente, de allí que de la apreciación de dicho acto en su contexto, no puede discernirse que se trata de uno en sí mismo inconstitucional, que son los que tutela el artículo 15 de la Ley de Amparo. Precisamente, no debe pasarse por alto que como evidenció el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 6/2014,8 el sentido funcional de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede la suspensión de plano, radica en que se encuentra establecida para aquellos actos inconstitucionales en sí mismos, esto es, de aquellos los cuales desde una primera impresión claramente es perceptible su inconstitucionalidad, por su notoriedad, dentro de los que no encuadran aquellos que su ilegalidad se encuentra sujeta a prueba, para los que se instituyó un incidente de suspensión en el cual se pueda probar la necesidad o no de conceder una medida cautelar. Característica que no puede afirmarse del acto reclamado en el presente asunto, en el cual, para poder sostenerse que pone en peligro la vida, la omisión de no permitir a la quejosa que se resguarde domiciliariamente, y que por tanto, no se presente a trabajar presencialmente, deben de probarse ciertas circunstancias, como que el grado de la condición de vulnerabilidad de la quejosa sea tal que haga necesario que no se le reincorpore al trabajo presencial, así como que el entorno en el que se le obliga a laborar, no tiene las condiciones necesarias para asegurar su integridad, de allí que el acto que aquí se reclama no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales se concede la suspensión de oficio y de plano sin necesidad de probar alguna cuestión. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida. 5).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en los términos que solicita a las personas que designa. 6).- Autorización de consulta de expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona en su demanda y se encuentre registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente son para entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo; por lo que se le tienen señalados para tal efecto. 7).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe

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