María de Guadalupe Felix Porras
Expediente 1233/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María de Guadalupe Felix Porras
- Magistrados integrantes de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 26/2019-A-I, firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 1/2019, de su índice, en la que determinó: ".PRIMERO. Se declara legalmente competente a la Juez Décimo Novena de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por María Guadalupe Félix Porras contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a los jueces Décimo Quinto y Décimo Novena de Distrito en el Estado, con residencia, respectivamente, en esta ciudad y Coatzacoalcos, Veracruz; anexándole al segundo, las constancias respectivas, para la tramitación de la demanda de amparo de que se trata, previa copia obre en autos..." En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno que corresponda y archívese este expediente como concluido. Ahora bien, conforme a la fracción XXIX, punto segundo del Capítulo Primero de las Disposiciones Generales del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, el presente cuadernillo no se considera de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el asunto que nos ocupa encuadra en la hipótesis establecida por la fracción I, del punto vigésimo, en relación con la fracción XX, punto segundo del Capítulo Primero de las Disposiciones Generales, del ordenamiento citado en el párrafo que antecede, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses se procederá para tal efecto.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo signado por la Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 1233/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado en su estadística bajo el número 924/2018-IV, en virtud de que no aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, por las razones que ahí expone. Al respecto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y acúsese el recibo de estilo. SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL. Ahora bien, del oficio que se provee se desprende que la Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, no aceptó la competencia declinada por este juzgador federal, al considerar esencialmente que, en el caso, se actualiza la regla competencial prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no requiere ejecución dada su naturaleza meramente declarativa, por tal razón es competente el Juez donde se haya presentado la demanda de amparo. Al respecto, este juzgador sostiene que para determinar si un acto tiene ejecución material o no, es menester establecer en qué medida la resolución reclamada es o no de carácter ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva. En términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa tesitura, las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que resuelve qué juzgado es competente para conocer y resolver de una demanda, conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Sentado lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señaló la quejosa, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. La quejosa promovió demanda de divorcio incausado contra Marcos Theurel Cotero, misma que fue radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, bajo el número 549/2018/III. Una vez emplazada la parte demandada, ésta promovió excepción de incompetencia por declinatoria ante el juez del conocimiento, quien le dio trámite y remitió dicha excepción al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que resolviera lo conducente, correspondiendo el conocimiento a la Sexta Sala de dicho tribunal. Luego, la sala de referencia, por resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por Marcos Theurel Cotero, y ordenó la remisión de los autos originales del juicio ordinario civil 549/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, así como copia certificada de la resolución aquí reclamada, al Juez de Primera Instancia en turno Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. En ese sentido, aunque respetables el suscrito no comparte los argumentos vertidos por la Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para rechazar la competencia planteada, por lo que se insiste en las consideraciones esgrimidas en el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el controvertido en el que se actúa, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto en cuestión. Lo que se determinó así porque la resolución que por esta vía constitucional combate la parte quejosa, si bien es cierto fue emitida por una autoridad con residencia en esta ciudad capital, como lo es la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, también es cierto que dicho órgano de segunda instancia determinó una cuestión de competencia, en la que resolvió que quien debe conocer del asunto ventilado en el juicio ordinario civil 549/2018, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, es el Juez de Primera Instancia en turno Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenando remitir dicho asunto a este último órgano judicial; es decir, la resolución reclamada por el accionante del amparo, debe ser ejecutada por el juez residente en Coatzacoalcos, Veracruz, en el momento en el que reciba el expediente civil de mérito y la resolución aquí combatida, juicio que radicara en su estadística y continuara con la secuela procesal, tal como lo ordenó la sala responsable, de esta manera llevará a cabo la ejecución de la resolución reclamada hasta sus últimas instancias, como lo es dictar la sentencia correspondiente y ordenar su ejecución. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, a consideración de este órgano jurisdiccional, el Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por estar ubicado dentro del territorio donde tiene sede el Juzgado de Primera Instancia en turno Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. En ese orden de ideas, conforme a las consideraciones establecidas en el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho y las aquí vertidas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito insiste en declinar la competencia planteada; en consecuencia, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con sede en esta ciudad, a fin de que sea éste quien resuelva respecto al conflicto competencial suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María de Guadalupe Félix Porras contra actos reclamados a los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1233/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Coatzacoalcos, pues el acto que reclama la parte promovente tiene ejecución material en la ciudad de Coatzacoalcos, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación. Cabe destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se desprende que el proceso legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: 1. Se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En tales condiciones, como se expuso anteriormente, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa en esta vía constitucional, señala como acto reclamado: ".La resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018 en los autos del toca número 1926/2018, del índice de la Sexta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia, misma que determina resolver la incompetencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Ver. Para que en su lugar resuelva del Juicio de Divorcio Incausado promovido por la suscrita en lo sucesivo el Juez competente de Turno del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Ver." Ahora, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, así como de la resolución combatida, que exhibe en copia certificada, se advierte: Que la demanda de divorcio que promovió contra Marcos Theurel Cotero, fue radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, bajo el número 549/2018/III. Una vez emplazada la parte demandada, ésta promovió excepción de incompetencia por declinatoria ante el juez del conocimiento, quien le dio trámite y remitió dicha excepción al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que resolviera lo conducente, correspondiendo el conocimiento a la Sexta Sala de dicho tribunal. Luego, la sala de referencia, por resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por Marcos Theurel Cotero, y ordenó la remisión de los autos originales del juicio ordinario civil 549/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, así como copia certificada de la resolución aquí reclamada, al Juez de Primera Instancia en turno Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. Así, de las anteriores acotaciones se advierte que si bien la resolución que por esta vía constitucional se combate fue emitida por una autoridad con residencia en esta ciudad capital, como lo es la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo cierto es que dicho órgano de segunda instancia determinó una cuestión de competencia, en la que resolvió que quien debe conocer del asunto ventilado en el juicio ordinario civil 549/2018, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, Veracruz, es el Juez de Primera Instancia en turno Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenando remitir dicho asunto a este último órgano judicial; es decir, la resolución reclamada por el accionante del amparo, debe ser ejecutada por el juez residente en Coatzacoalcos, Veracruz, en el momento en el que reciba el expediente civil de mérito y la resolución aquí combatida, lo radique en su estadística y continúe con la secuela procesal, tal como lo ordenó la sala responsable, de esta manera llevará a cabo la ejecución de la resolución reclamada hasta sus últimas instancias, como lo es dictar la sentencia correspondiente y ordenar su ejecución. Consecuentemente, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Lo anterior se sustenta en la Tesis Aislada I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como también, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.(Lo resaltado es propio) Y la diversa Tesis Aislada IX.2o.19 K, en materia común, emita por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la que se determina lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 1233/2018, así como las ocho copias de la demanda y su anexo, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por el artículo 126 de la ley de la materia y por el arábigo 22 constitucional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sebastián Montero Álvarez y Christian Armando Gaspar Cruz, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 108475 y 135658. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante el fedatario correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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