María de Carmen López Alejo

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • María de Carmen López Alejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión de plano; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, toda vez que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, remitió diversas constancias conducentes al juicio de origen 554/2019 de su consecutivo (tomo de pruebas I); para la sustanciación de este juicio, las cuales ya no resultan necesarias; por tanto, se ordena su devolución.

  2. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 58/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, certifica que las autoridades responsables que enseguida se enlistan rindieron sus informes justificados en los siguientes términos: # Autoridades responsables Sentido 1. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. No es cierto 2. Secretaria Auxiliar en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto 3. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto 4. Actuario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto 5. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Es cierto 6. Oficial de Partes en funciones de Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Es cierto Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales, entre las que se encuentra la fotocopia certificada del juicio reivindicatorio 554/2019 de su índice (tomo I); mientras que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno, a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por tanto, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no formularon manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia constitucional. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 58/2022-III, promovido por María del Carmen López Alejo, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el mismo día a este juzgado de distrito, María del Carmen López Alejo, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la siguiente autoridad: Autoridades responsables 1 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 2 Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 3 Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 4 Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 5 Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 6 Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: - - - La falta o ilegal emplazamiento o llamamiento al juicio 554/2019. - - - Inminente desalojo y/o entrega de posesión de la propiedad que se defiende. - - -Confiscación y/o decomiso" SEGUNDO. Radicación, suspensión de plano y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintisiete de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de la misma fecha, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 58/2022-III, se concedió la suspensión de plano, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; en su oportunidad, reconoció el carácter de tercero interesado a Mario Arturo Burgos Herrera, quien fue emplazado a juicio y compareció al mismo. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos en materia civil con ejecución dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De los Jueces Primero, Segundo y Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) La falta de emplazamiento al juicio 554/2019, b) Todo lo actuado en el citado juicio, incluyendo la orden de desalojo, del inmueble ubicado en región doscientos veintiocho (228), manzana ciento cuatro (104), lote diez (10), de esta ciudad. c) La orden de confiscación del inmueble citado. De los Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero, Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: d) La ejecución de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c) que anteceden. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se enlistan, negaron la existencia de la totalidad de los actos que se les reclaman, según se advierte del contenido de sus informes justificados: # Autoridades responsables Sentido 1. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. No es cierto 2. Secretaria Auxiliar en funciones de Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto 3. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto 4. Actuario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo No es cierto Cancún, Quintana Roo Por su parte el 5] Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 6] el Oficial de Partes en funciones de Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados, únicamente aceptaron la existencia de los precisados en los incisos a), b) y d), del considerando tercero, por que se entiende tácitamente que niegan los actos perecidos en el inciso c), consistentes en la confiscación del inmueble que defiende la quejosa en el presente juicio y su ejecución; por tanto, resultan inexistentes dichos actos, atribuidos a dicha autoridades. Negativa de la autoridad responsable que no se desvirtúa con el material de convicción ofrecido por la parte quejosa que obra en el presente sumario, que es el siguiente: # Anexos 1 Fotocopia sin certificar del recibo de luz número de servicio 781210800711 expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Bello López Mario Agustín, con código QR. 2 Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento expedido por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil a favor de Mario Agustín Bello López, con código QR. 3 Escrito bajo protesta de decir verdad suscrito por Lilia Muñoz García con firmas originales de veintisiete de enero de dos mil veintidós. 4 Escrito bajo protesta de decir verdad suscrito por Mario Picasso Martínez con firmas originales de veintisiete de enero de dos mil veintidós. En relación con la prueba señalada en el punto 1, cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo; pues si bien cuenta con código QR, su constatación por medios electrónicos no es posible dado que redirecciona a la página app.cfe.mx y requiere el nombre de usuario y contraseña registrados ante la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, dicha documental únicamente prueba que probablemente sea una reproducción de su original. En todo caso, no tienen el alcance de acreditar la emisión de los actos reclamados a las autoridades antes indicadas. La documental precisada en el punto 2, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser una documental pública y al contar con código de QR; sin embargo, únicamente demuestra el nacimiento de la persona ahí mencionada, no así la existencia de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables. Asimismo, en relación con las pruebas señaladas en los numerales 3 y 4, se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 133, 197, 203 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que son documentales privadas que no fueron objetadas, aunado que los documentos descritos no cuentan con la debida certificación del funcionario público facultado para ello, por lo que no consta la veracidad de los hechos ahí descritos. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la autoridad señalada como responsable; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 2] Oficial de Partes en funciones de Actuario de su adscripción, aceptaron la existencia de los actos reclamados precisados en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia, pues refieren que el juicio ordinario civil de origen fue promovido por Mario Arturo Burgos Herrera en contra de Agustín Bello Navarro. Asimismo, dicha afirmación se confirma con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio reivindicatorio 554/2019 de su índice (tomo I), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de las que se advierte que lo siguiente: 1.- Mediante demanda presentada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, Mario Arturo Burgos Herrera, por propio derecho, promovió juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de Agustin Bello Navarro, en la que demandó el pago de las prestaciones ahí mencionadas (foja 1 al 7 del tomo de pruebas), de la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, cuyo titular, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, la radicó bajo el número 554/2019 de su índice (foja 10 y 11 del tomo de pruebas), la admitió a trámite y ordenó se emplazara a la parte demandada en el domicilio que se le proporcionó para tal efecto, para que dentro del término de nueve días contestara la demanda entablada en su contra. 2. Mediante constancia actuarial de cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 15 del tomo de pruebas), la Actuaria adscrita del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emplazó a juicio a la parte demandada. 3. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 21 del tomo de pruebas), se tuvo al demando Agustín Bello Navarro, contestando la demanda entablada en su contra, por lo que se citó a las partes para la audiencia de conciliación. 4. Seguido el juicio en sus etapas, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se declaró como legítimo propietario del bien inmueble identificado como "SUPERFICIE DE 225.00 METROS CUADRADOS, IDENTIFICADO COMO LOTE 10, MANZANA 104, REGIÓN 228, CON LA CLAVE CATASTRAL 601622810401000000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CONLINDANCIAS: AL NORTE: 9.00 MTS. CON LOTES 22 Y 23; AL SUR 9.00 MTS. CON AVENIDA NIÑOS HEROES; AL ESTE: 25.00 MTS. CON LOTE 09; AL OESTE 25.00 MTS. CON LOTE 11"; y se condenó a Agustín Bello Navarro, a entregar a la parte actora el predio mencionado incluyendo sus frutos, mejores y accesorios." (fojas 51 a 61 del tomo de pruebas) 5. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, había causado ejecutoria y se requirió al demando el cumplimiento de la citada sentencia con el apercibimiento de solicitar el auxilio de la fuerza pública y ruptura de cerraduras (foja 74 del tomo de pruebas), en caso de desacato; notificación de dicho auto que se llevó a cabo el veinticinco de enero de dos mil veintidós (foja 76 del tomo de pruebas). Por tanto, son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia. Asimismo, dado que las autoridades responsables señalaron que la parte quejosa no es parte en el juicio del que deriva el acto reclamado precisado en el inciso b) que antecede; también queda acreditada la existencia del acto precisado en el diverso inciso a) del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y Actuario de su adscripción, precisados en el considerando tercero, incisos a), b) y d) de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, como los actos reclamados provienen de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta como legítima poseedora del inmueble que defiende, se analizará a la luz del interés jurídico. Así las cosas, la parte quejosa, como se precisó en el considerando tercero, reclama los siguientes actos: a) La falta de emplazamiento al juicio 554/2019, b) Todo lo actuado en el citado juicio, incluyendo la orden de desalojo, del inmueble ubicado en región 228, manzana 104, lote 10, de esta ciudad. d) La ejecución del acto que antecede. Luego, la parte quejosa María del Carmen López Alejo, se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es la actual propietaria del inmueble materia de la controversia, pues en su demanda, sostiene lo siguiente: "PRIMERO.- Su señoría desde aproximadamente en el año dos mil cuatro entre en posesión del inmueble ubicado en el lote diez, manzana ciento cuatro, región doscientos veintiocho, en virtud, de un contrato de cesión de derechos que se realizó en forma oral, cuando entramos al inmueble se encontraba en obra negra, y lo hemos ido construyendo." Así las cosas, los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por los siguientes motivos: I. La quejosa María del Carmen López Alejo, no es parte en el sumario de origen, pues así se advierte de las constancias que integran el juicio reivindicatorio 554/2019 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se concedió valor probatorio pleno en el considerando quinto, donde se obtiene que el citado juicio fue promovido por Mario Arturo Burgos Herrera, en contra de Agustín Bello Navarro. Así las cosas, si la quejosa María del Carmen López Alejo, no es parte demandada en el proceso de origen, la falta de emplazamiento al mismo, así como todo lo actuado en ese proceso, la sentencia dictada en el juicio de origen y sus actos de ejecución, no le conculcan derecho subjetivo alguno, por lo que carece de interés jurídico para reclamar esos actos en esta vía constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Página: 1513 AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." II. Los actos reclamados tampoco inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que no demostró ser el legítima propietaria o posesionaria del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Sin que pase desapercibido que a su escrito de demanda solamente acompañó las documentales que se relacionan enseguida: # Anexos 1 Fotocopia sin certificar del recibo de luz número de servicio 781210800711 expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Bello López Mario Agustín. 2 Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento expedido por la Directora General y Oficial Central del Registro Civil a favor de Mario Agustín Bello López. 3 Escrito bajo protesta de decir verdad suscrito por Lilia Muñoz García con firmas originales de veintisiete de enero de dos mil veintidós. 4 Escrito bajo protesta de decir verdad suscrito por Mario Picasso Martínez con firmas originales de veintisiete de enero de dos mil veintidós. Probanzas a las que se otorgó valor probatorio en el considerando cuarto de esta sentencia y que únicamente demuestran: La precisada en el punto 1, que probablemente sea una reproducción de su original. En todo caso, no tiene el alcance de acreditar que la parte quejosa, detente la posesión del inmueble que defiende pues se trata de un recibo de luz expedido en favor de una persona distinta a la impetrante. Luego, la documental precisada en el punto 2, si bien tiene pleno valor probatorio, únicamente demuestra el nacimiento de la persona ahí mencionada, no así la existencia de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables. Asimismo, las pruebas señaladas en los numerales 3) y 4), son ineficaces para demostrar la posesión que se refiere tener sobre el bien en mención, pues los documentos descritos no cuentan con la debida certificación del funcionario público facultado para ello, ni consta la veracidad de los hechos ahí descritos. Por tanto, con dichas documentales no se acredita la propiedad del inmueble que dice tener, ni se advierte derecho alguno que sea susceptible de tutela judicial. En se sentido, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar de las autoridades responsables, los actos precisados en el considerando tercero incisos a), b) y d), debido a que no demostró ser el legítima propietaria o posesionaria del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, ni ser parte en el juicio de origen. Por tanto, no se comprobó la existencia del derecho de propiedad o posesión susceptible de ser protegido jurídicamente en favor de la quejosa. En ese orden de ideas, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar de las autoridades 5] Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 6] Oficial de Partes en funciones de Actuario de su adscripción, los actos precisados en el considerando tercero incisos a), b) y d); por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y que por su aplicación relacionada con el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento; en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María del Carmen López Alejo, por propio derecho, contra los actos reclamados de la autoridad responsable precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    I. Se apersona tercera interesada Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Mario Arturo Burgos Herrera, mediante la cual comparece al presente incidente y, visto su contenido, se acuerda: a. Domicilio. Téngase a la parte tercera interesada apersonándose al presente juicio y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. b. Autorizados. Por otra parte, vista la certificación de cuenta téngase como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Antonio Xequeb Panti. c. Datos de contacto. Téngase al promovente señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. d. Autorización de consulta vía electrónica. Vista la certificación de cuenta, con apoyo en los artículos 3° y 30, fracción II de la Ley de Amparo, 6, 16, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico únicamente a Antonio Xequeb Panti bajo el nombre de usuario "axequeb". e. Copias certificadas. Asimismo, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las fotocopias que solicita a su costa, previa toma de razón por su recibo.

  4. Principal

    I. Se apersona tercera interesada Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Mario Arturo Burgos Herrera, mediante la cual comparece al presente juicio y, visto su contenido, se acuerda: a. Domicilio. Téngase a la parte tercera interesada, apersonándose al presente juicio y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. b. Autorizados. Por otra parte, vista la certificación de cuenta ténganse como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Antonio Xequeb Panti. c. Datos de contacto. Téngase al promovente señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. d. Autorización de consulta vía electrónica. Vista la certificación de cuenta, con apoyo en los artículos 3° y 30, fracción II de la Ley de Amparo, 6, 16, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico únicamente a Antonio Xequeb Panti bajo el nombre de usuario "axequeb". e. Copias certificadas. Asimismo, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las fotocopias que solicita a su costa, previa toma de razón por su recibo.

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