María David Rosas Hernández

Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • María David Rosas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el expediente principal es destruible, transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, al desecharse la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por *******************************, por propio derecho, contra actos del Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 768/2023-E que le corresponde. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Desechamiento. Es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, se transcribe el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca familiar número ********************, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por ********************, en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que se calificaron de legales todas y cada una de las posiciones que absolvió la demandada en el expediente civil de acción pauliana o revocatoria ******************** del índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Los preceptos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, a la salud, etcétera; lo cual se distingue de una violación formal, pues sus efectos no producen una afectación material y pueden desaparecer si la parte quejosa obtuviera sentencia favorable, caso contrario, estará en aptitud de promover lo que en derecho corresponda. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, estableció que para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que tal afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, que tal acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, por lo que de acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, sólo la violación de derechos sustantivos o que afecten materialmente al gobernado pueden ser considerados como actos de imposible reparación para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La jurisprudencia a que se alude, es de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". (Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39). De este modo, para considerar actualmente como actos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender únicamente como aquellos que producen una afectación material de manera directa a algún derecho sustantivo tutelado en la constitución y los tratados internacionales; sin que exista la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales o adjetivos. Ciertamente, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un procedimiento, de tal forma que la vulneración a los mismos puede restituirse mediante la emisión de la resolución definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado, pues eventualmente se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho vulnerado, o en su caso, de examinarse el fondo de la contienda, la resolución favorable para el afectado tendría como consecuencia que quedase insubsistente la violación procesal reclamada; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracciones III, IV y V de la ley de la materia, de cuya intelección se advierte que el auto por el que se admiten pruebas dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia con número de registro 207226, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990 página: 236, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. En otras palabras, la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable impide conocer ex ante la trascendencia de la violación con respecto al sentido de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, pues tal trascendencia sólo puede ser verificada ex post, precisamente cuando se impugne el fallo definitivo. Esa es la razón que, al menos en parte, informa la regla prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que no puede tener como objeto entorpecer o alargar los juicios naturales y por ello se limita su procedencia a aquellos casos en los que la violación procesal resulte de imposible reparación, y en supuestos como el presente basta la posibilidad de que se alcance una resolución favorable para que ordinariamente se le excluya esa característica, pues no es el hecho de que el acto reclamado pueda ser conculcatorio de garantías lo que le da la calificativa de acto con efectos de imposible reparación, sino que para ello se atiende al criterio de trascendencia y economía procesal, esto es, que la violación haya trascendido al resultado del fallo, lo que se insiste, sólo puede constatarse mediante un juicio ex post, luego de dictada la definitiva. En esa tesitura, se insiste, el acto reclamado únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia definitiva a favor de la parte quejosa, dicha violación no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse la contienda y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. En ese sentido, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto dentro de juicio de imposible reparación, pues no afecta de manera directa y actual algún derecho sustantivo constitucional o convencionalmente tutelado, que amerite sujetarlo al control constitucional de manera inmediata, sin esperar a que se dicte la sentencia en el juicio de origen, toda vez que dicho acto sólo implica una infracción a derechos adjetivos, esto es, únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, caso contrario podrá combatirse tal cuestión en amparo directo contra el fallo definitivo. En efecto, tal acto se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, que no lesiona derechos sustantivos, pues no es un acto de imposible reparación, ya que para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material, directa y actual a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad; asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados en términos amplios a********************y********************, quien cuenta con cédula registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a********************y********************, por no contar con cédula profesional registrada en el consabido sistema, como se advierte de la certificación secretarial que antecede. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por *******************************, por propio derecho, contra actos del Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 768/2023-E que le corresponde. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Desechamiento. Es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, se transcribe el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca familiar número ********************, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por ********************, en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que se calificaron de legales todas y cada una de las posiciones que absolvió la demandada en el expediente civil de acción pauliana o revocatoria ******************** del índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Los preceptos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, a la salud, etcétera; lo cual se distingue de una violación formal, pues sus efectos no producen una afectación material y pueden desaparecer si la parte quejosa obtuviera sentencia favorable, caso contrario, estará en aptitud de promover lo que en derecho corresponda. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, estableció que para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que tal afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, que tal acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, por lo que de acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, sólo la violación de derechos sustantivos o que afecten materialmente al gobernado pueden ser considerados como actos de imposible reparación para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La jurisprudencia a que se alude, es de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". (Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39). De este modo, para considerar actualmente como actos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender únicamente como aquellos que producen una afectación material de manera directa a algún derecho sustantivo tutelado en la constitución y los tratados internacionales; sin que exista la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales o adjetivos. Ciertamente, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un procedimiento, de tal forma que la vulneración a los mismos puede restituirse mediante la emisión de la resolución definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado, pues eventualmente se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho vulnerado, o en su caso, de examinarse el fondo de la contienda, la resolución favorable para el afectado tendría como consecuencia que quedase insubsistente la violación procesal reclamada; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracciones III, IV y V de la ley de la materia, de cuya intelección se advierte que el auto por el que se admiten pruebas dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia con número de registro 207226, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990 página: 236, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. En otras palabras, la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable impide conocer ex ante la trascendencia de la violación con respecto al sentido de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, pues tal trascendencia sólo puede ser verificada ex post, precisamente cuando se impugne el fallo definitivo. Esa es la razón que, al menos en parte, informa la regla prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que no puede tener como objeto entorpecer o alargar los juicios naturales y por ello se limita su procedencia a aquellos casos en los que la violación procesal resulte de imposible reparación, y en supuestos como el presente basta la posibilidad de que se alcance una resolución favorable para que ordinariamente se le excluya esa característica, pues no es el hecho de que el acto reclamado pueda ser conculcatorio de garantías lo que le da la calificativa de acto con efectos de imposible reparación, sino que para ello se atiende al criterio de trascendencia y economía procesal, esto es, que la violación haya trascendido al resultado del fallo, lo que se insiste, sólo puede constatarse mediante un juicio ex post, luego de dictada la definitiva. En esa tesitura, se insiste, el acto reclamado únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia definitiva a favor de la parte quejosa, dicha violación no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse la contienda y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. En ese sentido, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto dentro de juicio de imposible reparación, pues no afecta de manera directa y actual algún derecho sustantivo constitucional o convencionalmente tutelado, que amerite sujetarlo al control constitucional de manera inmediata, sin esperar a que se dicte la sentencia en el juicio de origen, toda vez que dicho acto sólo implica una infracción a derechos adjetivos, esto es, únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, caso contrario podrá combatirse tal cuestión en amparo directo contra el fallo definitivo. En efecto, tal acto se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, que no lesiona derechos sustantivos, pues no es un acto de imposible reparación, ya que para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material, directa y actual a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda ubicado en esta ciudad; asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados en términos amplios a********************y********************, quien cuenta con cédula registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a********************y********************, por no contar con cédula profesional registrada en el consabido sistema, como se advierte de la certificación secretarial que antecede. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente.

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