María Cuevas Aguilar

Expediente 1185/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1185/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • María Cuevas Aguilar
  • Antonio Aguilar Silva (REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las once horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1185/2022, promovido por Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Arturo González Virgen, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas en autos por la parte quejosa, así como con las remitidas por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del VXII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos (tomo único de pruebas). Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. Se acuerda: como ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, el Juez dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1185/2022 promovido por Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, emplazar al juicio a los terceros interesados (fojas 12-16). A través de lista de acuerdos de nueve de enero del año en curso, fueron emplazados al presente juicio los terceros interesados (fojas 24 y 26). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 27-29). Integrado que estuvo el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 71) la cual se llevó a cabo en el horario y día fijados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación a proceso emitido contra los quejosos, susceptible de afectar su derecho fundamental de la libertad personal, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en:  El auto de vinculación a proceso de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado contra los quejosos en el proceso penal 537/2022 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, por su participación probable en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de despojo y robo (Determinación que fue notificada personalmente a los quejosos el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 30-). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 27-29). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación (foja 30) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1). A las 12:21:48 del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial y solicitó a los partes su individualización.  12:21:53 se individualizó Martín Miguel Ángel Palacios Mendoza, Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz.  12:22:16 se individualizó el asesor jurídico de las víctimas Luis Antonio Ortiz Valero  12:22:26 se individualizaron las víctimas Natividad de María Cruz Morelos y Santo Javier Maldonado Cruz.  12:22:37 se individualizaron los defensores voluntarios de los implicados, licenciados Ana María Mendoza Lara y José Antonio Pérez de León Quiroz, identificándose este último con la cédula profesional 1642694.  12:23:05 se individualizaron los imputados Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar, así como el diverso de nombre Andrés García Hernández.  12:23:13 el juez hizo saber a las víctimas los derechos que a su favor concede la constitución, quienes contestaron que les quedaron claros.  12:24:59 el juez preguntó a los implicados si era su deseo designar como sus defensores a los abogados allí presentes, quienes dijeron que sí.  12:25:57 el juez cuestionó a los abogados si aceptaban y protestaban el cargo conferido, quienes respectivamente lo aceptaron y protestaron.  12:25:60 el juez comunicó a los implicados los derechos que a su favor establece la constitución federal, preguntándoles en presencia de sus defensores si les quedaban claros, quienes a su vez contestaron que sí.  12:27:30 luego de que el juez concedió el uso de la voz al fiscal, éste formuló imputación contra los investigados, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto de los hechos que la ley señala como los delitos de despojo y robo, concluyendo a las 12:35:54.  12:35:54 el juez pidió al fiscal precisara las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución de los hechos imputados.  12:36:09 el fiscal precisó lo pedido por el juez.  12:36:48 el juez preguntó a los imputados si les habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaban alguna aclaración o precisión, pudiendo consultar ello con sus abogados.  12:37:20 los imputados refirieron que les habían quedado claros los hechos atribuidos.  12:27:20 en uso de la voz el defensor de los imputados expuso cuestiones sobre el lugar de los hechos.  12:39:35 el juez indicó al defensor el lugar en que la fiscalía dijo se cometieron los hechos; por lo que dicho defensor refirió no requerir aclaración alguna.  12:39:40 el juez preguntó a los imputados si deseaban declarar en ese momento, así como que antes de responder, podían consultarlo con sus defensores; a lo que éstos respectivamente manifestaron que era su deseo guarda silencio.  12:40:35 Ante ello, previo uso de la voz que se concedió a su favor, el fiscal inició la solicitud formal de vinculación a proceso del imputado respecto de los delitos de despojo y robo, para lo cual citó los hechos y datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo la exposición de la misma a las 13:17:32.  13:17:39 el juez preguntó a los imputados en qué plazo deseaban que se resolviera su situación jurídica; quienes previa consulta con sus defensores, eligieron que se hiciera en el término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas.  13:19:54 el juez, atendiendo a la decisión de los imputados, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica y fijó a partir de las quince horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, para continuar con la audiencia inicial. 2). En la audiencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, a las:  16:07 el juez declaró el inicio de la continuación de la audiencia y pidió a las partes presentes se individualizaran.  16:07:10 se individualizó Martín Miguel Ángel Palacios Mendoza, Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Veracruz, Veracruz.  16:07:25 se individualizó el asesor jurídico de las víctimas Luis Antonio Ortiz Valero  16:07:34 se individualizaron las víctimas Natividad de María Cruz Morelos y Santo Javier Maldonado Cruz.  16:07:47 se individualizaron los defensores voluntarios de los implicados, licenciados José Antonio Pérez de León Quiroz y Alberto Salvador Pérez de León Quiroz identificándose este último con la cédula profesional 2031263.  16:08:10 se individualizaron los imputados Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar, así como el diverso de nombre Andrés García Hernández.  16:08:42 en uso de la voz que se concedió a la defensa, manifestaron que en la capeta de investigación aportaron diversos documentos como medios de prueba para demostrar la propiedad del inmueble de que se trata; lo cual reconoció la fiscalía a las 16:09:15.  16:09:23 el asesor de la víctima pidió se le diera vista en ese momento con los aludidos medios de prueba, por lo que una vez que se hizo ello, dicha asesoría se dio por enterada de su contenido.  16:11 en uso de la voz que se autorizó, la defensa contestó la solicitud de vinculación a proceso; concluyendo a las 16:22:35.  16:22:40 el juez concede el uso de la voz al fiscal; quien contesta lo alegado por el defensor y reitera su solicitud de vinculación a proceso.  16:29:39 se concede el uso de la voz al asesor jurídico de las víctimas; quien se adhiere a lo alegado por la fiscalía y realiza diversas manifestaciones en su complemento.  16:31:51 en replica de ello, la defensa realiza diversas manifestaciones contestando la intervención de la asesoría jurídica.  16:33:29 en uso de la voz el fiscal contestó lo alegado por la defensa.  16:33:50 el juez de control declara cerrado el debate y, resuelve la situación jurídica de los imputados, decretando al final de su exposición, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO sólo contra los hoy aquí quejosos, respecto de los delitos de despojo y robo -Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 70-79 del tomo único de pruebas). Lo que además se constata con la reproducción del disco que contiene la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 30) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en el inmueble ubicado en boulevard Ave del Paraíso, número 695, esquina con Perdis, colonia Reserva Territorial Vergara Tarimoya Uno, en Veracruz, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, a partir de las doce horas con veintiún minutos, se desahogó una audiencia donde los imputados eligieron que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en continuación de la audiencia inicial, el dos de diciembre siguiente (a partir de las 16:33:50 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso a los imputados respecto de los hechos que la ley señala como los ilícitos de despojo y robo. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional prorrogado dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que los imputados se presentaron en libertad ante la autoridad judicial el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, al haber sido citados, su situación jurídica se resolvió el dos de diciembre siguiente, es decir, sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido por aquéllos. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 12:27:30 y las 12:35:54 del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra los hoy quejosos por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como los delitos de despojo y robo. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós los imputados decidieron guardar silencio en ese acto (12:39:40). 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra los ahora quejosos el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de despojo, previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I y, robo, previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 205, fracción II, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso contra los aquí quejosos, clasificó jurídicamente los hechos en los delitos de despojo y robo, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, contrario a lo sostenido por el quejoso en sus conceptos de violación, en el sentido de que no se respetaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento; de allí que sean infundados sus motivos de disenso en ese aspecto. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como los delitos de despojo, previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz y, robo, previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 205, fracción II, inciso c), ambos del Código Penal para el Estado de Veracruz. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: a). Escrito de diez de noviembre de dos mil veintiuno, signado por María Natividad Cruz Morelos o Natavidad Cruz Morelos, en el que menciona ser propietaria del lote número diecisiete, manzana sesenta y nueve, del Boulevard Ave del Paraíso, número 695, esquina con Perdis, colonia Reserva Territorial Vergara Tarimoya Uno, en Veracruz, Veracruz, con una superficie de 73.50 metros cuadrados, inmueble que expuso, tanto ella como Santo Javier Maldonado Cruz adquirieron mediante acción de prescripción positiva que promovió contra Antonio Aguilar Silva, según la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil cuatro, en el expediente 1569/2003 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Veracruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el número 4164; sentencia que fue confirmada por el tribunal de segundo grado, luego de ser impugnada en apelación. Refieren haber estado fuera de la ciudad los días veintiocho, veintinueve y treinta de octubre de dos mil veintiuno, que cuando llegaron el día treinta y uno de octubre siguiente, se percataron que la chapa de su domicilio había sido cambiada, por lo que no pudieron entrar al mismo, percatándose que en su interior se encontraban unos vecinos con machetes quienes les dijeron que la casa era de ellos, por lo que llamaron al novecientos once. Manifiestan también que en el interior de dicho inmueble se encontraban los objetos tipo: una cómoda, dos ventiladores, una mesa, seis sillas, un refrigerador, una factura 379084419, dos televisiones, una impresora, una lavadora, los cuales se encuentran a nombre de Santo Javier Maldonado Cruz. b). Escritura número 24,804, de nueve de junio de dos mil veintidós, expedida por el Notario Público número Tres de Veracruz, relativa a la información testimonial donde se acredita que a Natividad de María Cruz Morelos también se le conoce con el nombre de Natividad Cruz Morelos. c). Dictamen de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, signado por la perito Alba Pinzón Muslera, quien realizó una inspección y secuencia fotográfica en el lugar de los hechos, donde tomó medidas y colindancias del inmueble y realizó avalúo comercial. d). Entrevista de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, rendida por Serapio Cruz Morelos, quien dijo conocer a Natividad Cruz Morelos, dado que pasó a tomarle medidas de una escalera. e). Escrito de denuncia por robo signada por Santo Javier Maldonado Cruz, quien exhibió las facturas de los objetos de su propiedad. f). Dictamen de avalúo comercial signado por el perito Alfredo Franco Cruz, respecto de dos colchones y demás bienes muebles, asignándoles el valor de cincuenta y cuatro mil pesos. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que comulga este Juzgador Federal, permiten establecer que: aproximadamente a las trece horas del treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno (circunstancia de tiempo) en el domicilio ubicado en el Boulevard Ave del Paraíso, número 695, esquina con Perdis, colonia Reserva Territorial Vergara Tarimoya Uno, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) inmueble que corresponde a una casa habitación que María Natividad Cruz Morelos o Natavidad Cruz Morelos y Santo Javier Maldonado Cruz obtuvieron su dominio por prescripción declarada judicialmente y al cual se introdujeron Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar, cambiando la cerradura y apoderándose de los enseres que se encontraban en su interior (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia de los delitos de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I y, ROBO, previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 205, fracción II, inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprende que el inmueble de que se trata es propiedad de los ofendidos, el cual adquirieron su dominio a través de la declaratoria de prescripción judicial que se realizó a su favor, por lo tienen un derecho oponible a los imputados. Explicó el juzgador que dicho inmueble se encuentra ubicado de manera contigua al domicilio de los imputados, pero que éstos se introdujeron en él y se apoderaron de los enseres que había en su interior, sin contar con el consentimiento de quienes podían otorgarlo. Correctamente el juez de control explicó que con esos hechos se actualizaron de manera coetánea dos conductas ilícitas, pues por un lado se introdujeron al inmueble e impidieron a sus propietarios su acceso y, por otro, se apoderaron de los bienes muebles que había en su interior, todo ello sin contar con la autorización de los ofendidos. Abundó el juzgador penal que la intención de los imputados de apoderarse del inmueble y sus enseres, se materializó desde el momento en que los ofendidos manifestaron que las cerraduras del inmueble fueron cambiadas y se les impidió el acceso al mismo. Dijo el juez responsable que no pasaba inadvertido la existencia de una controversia sobre la posesión del inmueble entre los imputados y los ofendidos, la cual se evidenció con el dicho de los elementos policiacos que acudieron al lugar el día de los hechos; no obstante, correctamente expuso que esa controversia trascendió desde el aspecto civil, pero se dilucidó a favor de los ofendidos desde el momento en que obtuvieron una resolución judicial favorable que les concedió la propiedad del bien, procedimiento judicial que los imputados conocían y sabían de la existencia de la declaratoria de prescripción del predio a favor de los ofendidos. En abundamiento de lo resuelto por la autoridad responsable respecto del delito de despojo, se trae a colación el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo al resolver la contradicción de tesis 106/2010, donde interpretó los artículos 191, fracción I y 192 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I del mismo ordenamiento vigente, referentes al delito de despojo y, sostuvo que el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas, ya que tal precepto al sancionar la ocupación y uso indebido de inmuebles, tutelan la posesión inmediata de los mismos, es decir, la que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza, ya que el tipo penal no requiere necesariamente que el sujeto pasivo deba ser el propietario legítimo del inmueble. En otras palabras, explicó la Primera Sala que ese tipo penal sanciona la ocupación y el uso indebido de inmuebles, de manera que se tutela su posesión inmediata, esto es, la posesión que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza, ya que incluso, la ley penal no exige que el sujeto pasivo deba ser necesariamente el propietario legítimo del inmueble. Esto es, se protegen los derechos reales, ya sea la propiedad o bien, los derechos directos como el usufructo, uso, habitación y servidumbre, o los accesorios como la hipoteca y la prenda, ya sea que deriven de la propiedad o de un convenio o diverso acto jurídico celebrado entre particulares. Además, la Primera Sala ha apuntado que estos derechos de posesión, propiedad o derechos reales, conllevan implícita la figura de la posesión, ya sea derivada o por uso, el titular se encuentra poseyendo de hecho o jurídicamente, en el inmueble y detenta el poder, que le permite el derecho que se detenta. De ahí que, sea importante destacar que la figura genérica de la posesión se integra por dos elementos fundamentales: a) El corpus, que es el conjunto de hechos o actos materiales de uso, goce o transformación que una persona ejerce y realiza sobre una cosa; este elemento sólo da a la persona que detenta el inmueble una situación que recibe el nombre de tenencia, que aun cuando es la base de la posesión, por sí sola no la implica. b) El animus, que es el elemento indispensable de la posesión, consiste en la intención de conducirse como propietario a título de dominio al ejercitar actos materiales de detentación del inmueble; a este animus es al que se le designa como animus domini o animus rem sibi habendi y es el factor determinante, creador, soberano de la posesión; diverso al animus detinendi que es el que tiene una persona cuando retiene una cosa ajena no para sí, sino en nombre de otra. Es por lo que la Primera Sala del Máximo Tribunal concluyó que si la posesión, como figura genérica, es lo que esencialmente se protege en el tipo penal de despojo, es claro que en éste, el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que la integran y, no sólo a uno de esos elementos, pues sólo en su conjunto se integra la referida posesión. Abundó dicha Sala que la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues ésta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de aquél, no se podría estar en presencia de la posesión que tutela el tipo penal, por no encontrarse reunidas las características de una posesión permanente y definitiva, que desemboquen en una apropiación del inmueble afecto por parte del sujeto activo y, por ende, en perjuicio de los derechos reales, de propiedad o de posesión del sujeto pasivo. De dicha contradicción surgió la jurisprudencia 1a./J. 70/2011 , que se lee: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria." En el caso concreto se sostiene que, como objetivamente lo consideró el juez responsable, con los datos de prueba habidos hasta esa etapa, se demuestra que la acción de ocupación atribuida a los imputados se realizó con ánimo de apropiación, puesto que dan cuenta que las cerraduras del inmueble fueron cambiadas e impidieron su acceso a los ofendidos el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, quienes tenían la posesión del mismo y contaban con un título judicial que los acredita como sus legítimos propietarios. Asimismo, es correcto jurídicamente lo concluido por la autoridad responsable respecto del delito de robo, pues como lo sostuvo, los datos de prueba allegados por la fiscalía ponen de manifiesto que los imputados también se apoderaron de los enseres y objetos que se encontraban en el interior del inmueble al momento en que impidieron su acceso a los ofendidos, los cuales son propiedad de Santo Javier Maldonado Cruz, es decir, son cosas muebles ajenas a los imputados y respecto de las cuales el ofendido no dio su consentimiento para que los imputados se las apoderaran; de allí, que se estime que dicho apoderamiento se realizó con ánimo de dominio. Entonces, los datos de prueba reseñados, como lo consideró el juez responsable, son suficientes para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como los delitos de despojo y robo. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que los imputados, de manera conjunta, cometieron los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado por los ofendidos María Natividad Cruz Morelos o Natavidad Cruz Morelos y Santo Javier Maldonado Cruz, concatenado con las entrevistas del testigo Serapio Cruz Morelos, quien ubica a Natividad Cruz Morelos en el inmueble en disputa cuando dijo pasó a tomarle medidas de una escalera y, con el dictamen pericial rendido por Alba Pinzón Muslera, la cual refirió la existencia del predio. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que los imputados cometieron de manera conjunta los hechos que la ley considera como los delitos de despojo y robo. Asimismo, se advierte que acertadamente la autoridad responsable descartó la apreciación de la defensa de los imputados en el sentido que respecto al ilícito de robo, los testigos que dicen haberse percatado de la existencia de los objetos muebles materia del apoderamiento en ningún momento dijeron haberse percatado que los mismos se encontraban en el interior del inmueble de que se trata, ni tampoco se expuso cómo fue que ocurrió la sustracción de estos. También descartó lo alegado en el sentido que el inmueble aludido anteriormente conformaba otro inmueble más grande y que no se demostró que el predio cuente con número exterior 695, pues en realidad es el lote diecisiete. Argumentos que acertadamente fueron descartados por el juez responsable, pues como ya se vio, dijo que no pasaba inadvertido la existencia de una controversia sobre la posesión del inmueble entre los imputados y los ofendidos, la cual se evidenció con el dicho de los elementos policiacos que acudieron al lugar el día de los hechos; no obstante, sostuvo que si bien esa controversia trascendió desde el aspecto civil, ésta se dilucidó a favor de los ofendidos desde el momento en que obtuvieron una resolución judicial favorable que les concedió la propiedad del bien, procedimiento judicial que los imputados conocían y sabían de la existencia de la declaratoria de prescripción del predio a favor de los ofendidos. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autores materiales y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. No pasa inadvertido que en sus conceptos de violación los quejosos sostienen que los datos de prueba allegados por la fiscalía fueron valorados indebidamente por el juez de control, pues a su juicio, carecen de valor probatorio. Sin embargo, debe decirse que dada la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio, el juez de control para el dictado de un auto de vinculación a proceso, únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Luego, es infundado lo alegado por los quejosos, pues se observa que en la resolución reclamada el juez de control sí cumplió con su obligación constitucional de ponderar los datos de prueba que le sirvieron para vincular a proceso a los imputados, con los cuales, como ya se vio, se conocieron los hechos delictivos y la participación probable de aquellos; máxime que, dada la incipiente etapa preliminar en que se encuentra el asunto, el estándar probatorio es reducido y no es necesario que las pruebas tengan un valor jurídico previamente asignado, al tratarse únicamente de datos de prueba, sin que con ello desde luego se evada la obligación que tiene el juzgador de justificar de manera objetiva la información arrojada por los datos de prueba, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que se lee: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión." Finalmente, se estima que contrario a lo sostenido por los quejosos, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables de que los imputados probablemente cometieron de manera conjunta los ilícitos atribuidos, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquél, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que los imputados cometió los delitos atribuidos, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por los quejosos cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometieron los hechos señalados por la ley como delito y existía la probabilidad de que los imputados lo cometieron; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales de los quejosos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia, como estos alegan a título de conceptos de violación en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por los quejosos. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Antonio Aguilar Silva y María Cuevas Aguilar, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario de Juzgado Arturo González Virgen, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del VXII Distrito Judicial en Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento con el requerimiento efectuado en autos. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. En esas condiciones, a efecto de hacer efectivo el citado plazo y dar oportunidad de que se realice la notificación correspondiente a las partes, se impone se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito con registro 6084 signado de manera conjunta por los aquí terceros interesados; en atención a su contenido, se les tiene realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y atendiendo al contenido de las documentales remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz y del disco digital, de un análisis preliminar de las mismas, se estiman insuficientes para dictar la sentencia en el presente juicio de amparo, pues no se advierten las relativas al cercioramiento correspondiente a la calidad de profesionales de derecho de los defensores de los aquí quejosos. Lo anterior, pues respecto del tema de defensa adecuada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el sistema de justicia penal acusatorio, este derecho fundamental sólo puede considerarse satisfecho si los órganos jurisdiccionales que intervengan en las diversas etapas e instancias del proceso penal, corroboran en audiencia que la persona que funge como defensor del imputado cuenta con la competencia técnica de licenciado en derecho, a través de su cédula profesional expedida por la autoridad legalmente competente; lo cual se constata en la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) que se lee: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, la Primera Sala refiere que el derecho a una defensa adecuada sólo puede considerarse tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, cuando la defensa del imputado es proporcionada por un licenciado en derecho con cédula profesional, lo cual debe quedar evidenciado en la videograbación de la audiencia correspondiente. De conformidad con la jurisprudencia y consideraciones de la ejecutoria anteriormente reseñadas, los lineamientos a seguir para garantizar el derecho a una adecuada defensa y que deben quedar registrados en la videograbación de la audiencia respectiva son: 1). La manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro del Poder Judicial y el correspondiente a su cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal, así como del documento con el que se identifica plenamente, pues debe tenerse presente que actualmente existe un formato de cédula profesional que se emite en línea y no contiene imagen fotográfica de la persona. 2). El momento en que el órgano de jurisdicción penal cuestiona al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos proporcionados por la persona que ejerce la defensa fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, así como con las bases de datos respectivas, entre lo que debe destacar desde luego, el número de cédula profesional. 3). En el supuesto de que la defensa de la parte imputada corra a cargo de una persona distinta de la que haya ejercido esa función durante la audiencia que dio materia a la resolución recurrida, ya sea la inicial, la intermedia o la de juicio, el órgano de apelación deberá cerciorarse plenamente por todos los medios a su alcance, de que aquélla también contaba con cédula profesional de licenciado en derecho desde el inicio de su intervención. En esas condiciones, y toda vez que conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la calidad profesional de licenciado en derecho no puede presumirse, ni siquiera porque la persona sea defensora pública o de oficio, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se impone requerir a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, envíe a este juzgado copias certificadas, íntegras y legibles de las constancias relacionadas con el cercioramiento que el proceso penal se haya verificado sin violación al derecho de defensa adecuada, correspondiente a la calidad de profesionales de derecho de los defensores de los aquí quejosos, esto es, a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de las personas que fungieron como defensor de los quejosos en la audiencia inicial y su continuación; así como de las cédulas profesionales de los mismos que los acrediten como licenciados, y deberá informar si previo a la audiencia inicial, se identificaron con sus respectivas cédulas profesionales de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Apercibido, que de no cumplir con lo ordenado en el plazo para ello concedido, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintiocho de marzo del año en curso, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se giró el oficio correspondiente al Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz (quien conoce de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FISCAL7/F7/6716/2021) sin embargo del acuse de recibo que obra en autos a foja veintidós, se advierte que tiene sello de recibido de la Fiscalía Décima Investigadora, por lo que no existe certeza de su debido emplazamiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, a fin de subsanar lo anterior, se regulariza el procedimiento para el único efecto de emplazar a la citada Fiscalía Séptima Investigadora, ello, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se ordena reexpedir el oficio 37622. VISTA DE CONSTANCIAS Dada la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, dese vista a la parte tercera interesada de mérito, con el informe justificado de la autoridad responsable, así como las constancias que obran en autos, para que manifieste lo que a su interés convenga, por el plazo de ocho días contado a partir de su legal notificación. En esas condiciones, a efecto de dar margen a que ocurra lo antes expuesto, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por NATIVIDAD DE MARÍA CRUZ MORELOS; en atención a su contenido, téngasele apersonándose al presente juicio, toda vez que señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados de su parte, por lo que el suscrito provee: AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que cita en su escrito de cuenta, puesto que acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Exceptuando de lo antes expuesto a las personas Luis Antonio Ortiz Rosete y Jaime González Rico, a quienes se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 12 párrafo segundo de la ley de la materia, toda vez que no se encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema. De igual forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el propio escrito de comparecencia. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. Por último, en relación a las manifestaciones que realiza en el sentido de que se efectúe el debido emplazamiento del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, y como consecuencia de ello, solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para esta fecha; al respecto dígasele que se esté a lo acorado en los primeros párrafos que conforman el presente proveído. Notifíquese en términos de ley.

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