María Cruz Rivas Martínez
Expediente 1911/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1911/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Cruz Rivas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, se restituyó a Teresa Hernández Quiroz, Leandro García González, Julián Torres Hernández, Luis Zamora Peredo, Raúl Juárez Aguirre, Carlos Arturo Cerón Álvarez, Agustín Leobardo Herrera May y Saúl Manuel Domínguez Nicolás, el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se sobreseyó en parte, negó en otra y en una más se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, haciendo conservable únicamente el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a los quejosos Teresa Hernández Quiroz, Leandro García González, Julián Torres Hernández, Luis Zamora Peredo, Raúl Juárez Aguirre, Carlos Arturo Cerón Álvarez, Agustín Leobardo Herrera May y Saúl Manuel Domínguez Nicolás, los documentos que exhibieron en este juicio, mismos que obran agregados en autos, por lo que hágase entrega de éstos a la parte quejosa, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable encargada del cumplimiento...
- Principal
... Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, se advierte que por acuerdos de tres y siete de diciembre de dos mil quince, la citada responsable radicó los juicios laborales 1112/VI/2015, 1113/VI/2015 y 1116/VI/2015, promovidos por los aquí quejosos María Cruz Rivas Martínez, Rosa Inés Contreras Jácome y Gustavo Irigoyen Herrera. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; precepto que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, pues en el caso, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo contra los actos reclamados consistentes en: "1°. La dilación continuada en la tramitación y resolución de cada uno de los juicios promovidos por cada quejoso que sin justificación alguna las responsables han dilatado por más de dos meses en los que se ignora cuál es la ubicación de cada expediente de los quejosos ni qué autoridad es la que realmente los tiene y debe tramitar.------ 2°. Las responsables han dilatado la continuación del procedimiento laboral dado que si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente en cada uno de esos juicios, resulta que desde que se declaró incompetente en cada uno de esos juicios, resulta que se declaró incompetente a la fecha actual, los expedientes laborales no han llegado a la Junta Especial responsable o ésta no los ha registrado para continuar con su tramitación, lo que representa una violación a los derechos humanos de esta parte al no darle continuidad pronta y expedita a cada uno de esos juicios----------------------------------------------- 3°. La negativa por parte de la junta especial número 06, de registrar y tramitar los expedientes señalados en este escrito, bajo el argumento de no haberlo recibido de parte del tribunal." Ahora, del diverso informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 17 y 18), se advierte que por acuerdos de siete y veintiocho de agosto y primero de septiembre de dos mil quince, dictados en los juicios laborales 225/2015-V, 298/2015-VI y 299/2015-V, de su índice, declinó la competencia para conocer de los referidos juicios a la Junta Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, los cuales fueron remitidos mediante oficios números 7551, 7900 y 7987, en fechas veinticuatro de noviembre, tres y siete de diciembre del año pasado; asimismo, del informe rendido por la Junta, se desprende que los días tres y siete de diciembre de dos mil quince, se radicaron los juicios laborales 1112/VI/2015, 1113/VI/2015 y 1116/VI/2015, promovidos por los aquí quejosos María Cruz Rivas Martínez, Rosa Inés Contreras Jácome y Gustavo Irigoyen Herrera y que fueran allegados por el Tribunal responsable; lo que da como consecuencia que el acto aquí reclamado ha dejado de surtir efectos, dado que ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, si lo medularmente reclamado por los accionantes del amparo lo constituyó la dilación por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, de remitir los expedientes citados a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, y de esta última, la omisión de registrarlos y darles trámite; lo cierto es que a la fecha tales expedientes ya se encuentran radicados, con sus respectivas fechas de audiencia, lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la citada Junta. De lo anterior, se colige entonces, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Nueva Ley de Amparo, dado que la materia de reclamo en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir el acto reclamado en el presente juicio, de ahí, la actualización de la causal de improcedencia invocada. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. En este orden de ideas, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las trece horas con veinte minutos del dos de febrero de dos mil dieciséis.
- Principal
.... agréguese a los autos del juicio de amparo 1911/2015 en que se actúa, promovido por María Cruz Rivas Martínez, Rosa Inés Contreras Jácome y Gustavo Irigoyen Herrera, el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y ténganse como pruebas de su parte, las documentales que anexó a su informe de ley, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional.
- Principal
... se colige que el presente juicio no se encuentra integrado, por lo que no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere, y en su lugar se fijan las trece horas con veinte minutos del dos de febrero de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables...
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