Maria Cruz Ramirez Lopez

Expediente 893/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
893/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
31/08/2017

Partes del expediente

  • Maria Cruz Ramirez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existen documentos originales agregados en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido acuerdo general, dese vista a la parte quejosa, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las documentales exhibidas, apercibido que, en caso de no hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 893/2017, promovido por ***, por propio derecho, contra el acto que reclamó del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones vertidas en el considerando cuarto del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 118 de la Ley de Amparo, en concordancia con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley en comento, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Al respecto, de acuerdo al artículo 4º transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO. Del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo y de la tesis P./J. 54/2000, se advierten los lineamientos para la presentación del informe justificado que deben rendir las autoridades responsables, la fecha en que debe celebrarse la audiencia constitucional y los supuestos en que ésta ha de diferirse o suspenderse, así como las siguientes reglas generales: 1) que dicho informe debe rendirse por las responsables en un término de cinco días, o 2) cuando menos con la suficiente anticipación -ocho días antes de la celebración de la audiencia-, para que sea del conocimiento de las partes y éstas puedan oponerse, 3) de lo contrario, el Juez puede diferir o suspender la audiencia, a petición del quejoso o del tercero perjudicado, o de oficio y por una sola vez si éstos no comparecen a la audiencia para solicitarlo. Sin embargo, el artículo 156 de la mencionada Ley establece de manera concreta y específica diversos supuestos de excepción a dichas reglas, a saber: a) cuando el quejoso impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o b) en aquellos casos en que se alegue la violación a que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, es decir, a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en tales hipótesis los plazos para la sustanciación del procedimiento se reducen a tres días improrrogables para la rendición del informe y a diez días siguientes al de la admisión de la demanda para la celebración de la audiencia. Ello es así, porque al ser claro y categórico el aludido artículo 156 no es posible realizar una interpretación distinta; de ahí que cuando en la demanda de garantías se señalan como actos reclamados los supuestos apuntados, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en tres días y el Juez de Distrito debe ordenar dar vista de éste a la quejosa por un término continuo y genérico de tres días -acorde con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- a fin de que la audiencia constitucional se verifique dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda; lo cual, por otro lado, garantiza la observancia al principio de celeridad contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, en caso de incumplimiento de las autoridades responsables, el Juez está en aptitud de aplicar lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 149 de la Ley de Amparo para sancionarlas, e incluso si así lo solicita la impetrante, la audiencia constitucional puede suspenderse o diferirse por una sola ocasión, pues las excepciones previstas en el citado precepto 156 no desincorporan en su totalidad las previsiones generales estatuidas en aquel numeral. Como lo dispone el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que cita la autoridad de cuenta En términos de los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del catorce de agosto de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Cruz Ramírez López, por propio derecho, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en auto de trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 33 a 37), manifiesta que no es su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como el diverso 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite a trámite la demanda promovida por María Cruz Ramírez López, por su propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 118 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con catorce minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete. Se hace del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización , en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, deberá: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 64, 237, fracción I, 251, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. PRUEBAS Con fundamento en lo previsto por el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en la forma y términos en que lo hace, así como las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, las cuales se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. Finalmente, respecto de la documental marcada con el numeral 4, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable remita las constancias del mismo en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

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