Maria Cruz Martinez Villanueva
Expediente 1667/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2022
Partes del expediente
- Maria Cruz Martinez Villanueva
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se declare que ha causado estado la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el presente expediente, se devuelvan los documentos exhibidos con la demanda y se tenga por autorizada a Claudia Andrea García Ramírez, para recibir dichas constancias. Al respecto, dígasele al promovente que mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se declaró que el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, causó estado y se ordenó devolver las documentales a la parte quejosa; en ese tenor se autoriza a la persona señalada para recibir dichas constancias, en el entendido que deberá exhibir un copia simple de identificación oficial, previa presentación del original. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicta la devolución de los documentos que exhibió con su demanda, autorizado para recibirlos a ***************. Atento a lo anterior, dígasele al promovente que una vez que cause estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se dejaran a su disposición dichos documentos. Por otra parte, visto el contenido del oficio SEADS/707/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción de la Jueza Diana Abraján Peña, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por María Cruz Martínez Villanueva, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos, bajo el número 1667/2022-III. Causales de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: .. En primer término, se debe precisar que la impetrante reclama: La sentencia de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 1285/2015 relativo al juicio sucesorio sobre los derechos parcelarios de Fidencio Concepción Martínez González y/o Fidencio Martínez Gómez, sustentada en la carta testamentaria de nueve de marzo de dos mil dos. Precisado lo anterior, es menester destacar que, en el caso, se evidencia, la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Una vez expuesto lo anterior, se precisa que la quejosa María Cruz Martínez Villanueva, manifestó bajo protesta de decir verdad que fue durante la audiencia de imputación de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, llevada a cabo en la causa penal 26/2022, que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, esto es, de la sentencia de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio agrario 1285/2015. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese orden, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, según se desprende de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la cual se turnó el veintiséis de los cursantes a este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, pues la interposición de la demanda ocurrió más de cinco meses después de que se venciera el plazo de quince días con el que la quejosa contaba para hacerlo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, aun cuando el quejoso estaba obligado a promover el juicio de amparo dentro del plazo de referencia, que en el caso se cuenta a partir del día siguiente hábil al en que el promovente del amparo tuvo conocimiento del acto que reclama. En esa tesitura, si la promovente tuvo conocimiento del acto que reclama el veinticinco de marzo de la presente anualidad, dicha notificación surtió en la misma fecha, y el plazo transcurrió del veintiocho de marzo al veintiuno de abril de dos mil veintidós; por ende si la demanda fue presentada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial según se advierte de la recepción de la Oficia de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es claro que ésta resulta extemporánea, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, se estima que la parte quejosa ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días; por tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Cruz Martínez Villanueva, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México y otra autoridad. Domicilio procesal y consulta electrónica. En atención a la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "847316" que señala la promovente, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa y notifíquesele vía electrónica las notificaciones que deriven del presente asunto, por así solicitarlo expresamente en la demanda de amparo. ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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