María Cruz Marín Villagómez

Expediente 1283/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • María Cruz Marín Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 6197/2023, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo penal 236/2023, de su índice, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., asesora jurídica de las víctimas ..., contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; que hizo consistir en: ". ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que lo constituye la Sentencia Definitiva dictada por la titular del Tribunal Unitario de Alzada Unitario con fecha 30 treinta de Junio de éste año 2023 dos mil veintitrés, dentro del Toca Penal número XI-12/2023 formado con motivo del Recurso de Apelación que la Defensora Pública del Sentenciado CELESTINO ALMAZÁN GONZÁLEZ interpuso en contra de la Sentencia Condenatoria dictada por la C. Juez Unitaria de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, dentro de la Causa Penal número ZIT/103/2020, que por el ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO, donde se sentenció al aquí Tercero Interesado, por privar de la vida a la víctima directa JOSÉ LUIS YÁÑEZ MARÍN (hijo y hermano de las víctimas indirectas MARÍA CRUZ MARÍN VILLAGÓMEZ y MARIA CRUZ YÁÑEZ MARÍN.". Lo anterior, en razón a que el Tribunal de Alzada, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1283/2023-I Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como con el ordinal 172, fracción XII, aplicada analógicamente con las fracciones III y VII, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley [.] VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídico, la propiedad, entre otros. Se afirma lo anterior, con base en el escrito inicial de demanda, así como del toca de apelación lX-12/2023, del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de la causa penal 103/2020, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, que se lleva a cabo en contra de Celestino Almazán González, del que se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado por la Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el recurso de apelación interpuesto por el acusado Celestino Almazán González, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 103/2020, mismo que admitió a trámite el referido recurso. 2. Seguidos los trámites legales correspondientes, en sentencia de treinta de junio del año en curso, se dictó resolución en el recurso de apelación XI-12/2023, en la que se resolvió: Primero. Esta sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. Segundo. Son parcialmente fundados los agravios de la defensa y esta sala extendió el análisis de la resolución, en salvaguarda de derechos fundamentales. Tercero. Se revoca la sentencia apelada y se declara la reposición parcial del juicio, en los términos que se dejaron precisados en la parte in fine del considerando cuarto de la presente ejecutoria. Cuarto. En la versión pública suprímanse los datos personales de los involucrados. Quinto. Notifíquese a las partes esta resolución, en términos de los artículos 82 y 85 del cnpp; háganse las anotaciones correspondientes y remítase testimonio de esta resolución. Acto reclamado en la presente demanda de amparo. Atento a lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada por la magistrada responsable en el toca de apelación IX-12/2023, en la que ordenó, entre otras determinaciones, revocar la sentencia apelada, ordenar la reposición parcial del juicio de origen, únicamente con la exclusión del medio de prueba ahí descrito y a su vez se dicte una nueva sentencia. Es decir, en el juicio primigenio aún no se ha dictado sentencia definitiva, tomando en consideración que la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca número IX-12/2023, ordenó la reposición parcial del juicio de origen para el posterior dictado de un nuevo fallo. De ahí que, si en los actos aquí reclamados emitidos dentro del juicio de origen, en esencia, consisten en la resolución que tiene como efecto reponer parcialmente el procedimiento lo que resulta inconcuso, que sólo constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, de conformidad con la fracción XII aplicada analógicamente con las diversas fracciones III y VII, ambas del artículo 172 de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la Litis planteada, pues su única consecuencia es que se continúe con el trámite del juicio natural en la etapa correspondiente, hasta el dictado de la resolución definitiva en la causa penal de origen, que de serle favorable al impetrante, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido; y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podría hacerla valer, en su caso, cuando recurra la sentencia que ponga fin al juicio de origen, ya que el acto reclamado se encuentra dentro de las violaciones al procedimiento, que refiere que se consideran violadas dichas leyes y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se declaren desiertas las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, al tratarse de un caso análogo de las fracciones III y VII del artículo 172 citado, en relación con su fracción XII. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la Magistrada responsable, remite como complemento a su informe de ley las constancias que integran el original del toca penal XI-12/2023 y tres discos compactos derivados de la causa penal de origen; debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN CUADERNO DE PRUEBAS con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle la oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ubicadas en calle ... en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ..., en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser la materia del presente juicio de naturaleza penal. Por otro lado, por lo que respecta al correo electrónico, que proporciona, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 6197/2023, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo penal 236/2023, de su índice, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., asesora jurídica de las víctimas ..., contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; que hizo consistir en: ". ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que lo constituye la Sentencia Definitiva dictada por la titular del Tribunal Unitario de Alzada Unitario con fecha 30 treinta de Junio de éste año 2023 dos mil veintitrés, dentro del Toca Penal número XI-12/2023 formado con motivo del Recurso de Apelación que la Defensora Pública del Sentenciado CELESTINO ALMAZÁN GONZÁLEZ interpuso en contra de la Sentencia Condenatoria dictada por la C. Juez Unitaria de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zitácuaro, Michoacán, dentro de la Causa Penal número ZIT/103/2020, que por el ilícito de HOMICIDIO CALIFICADO, donde se sentenció al aquí Tercero Interesado, por privar de la vida a la víctima directa JOSÉ LUIS YÁÑEZ MARÍN (hijo y hermano de las víctimas indirectas MARÍA CRUZ MARÍN VILLAGÓMEZ y MARIA CRUZ YÁÑEZ MARÍN.". Lo anterior, en razón a que el Tribunal de Alzada, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1283/2023-I Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como con el ordinal 172, fracción XII, aplicada analógicamente con las fracciones III y VII, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley [.] VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídico, la propiedad, entre otros. Se afirma lo anterior, con base en el escrito inicial de demanda, así como del toca de apelación lX-12/2023, del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de la causa penal 103/2020, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, que se lleva a cabo en contra de Celestino Almazán González, del que se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado por la Magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el recurso de apelación interpuesto por el acusado Celestino Almazán González, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 103/2020, mismo que admitió a trámite el referido recurso. 2. Seguidos los trámites legales correspondientes, en sentencia de treinta de junio del año en curso, se dictó resolución en el recurso de apelación XI-12/2023, en la que se resolvió: Primero. Esta sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. Segundo. Son parcialmente fundados los agravios de la defensa y esta sala extendió el análisis de la resolución, en salvaguarda de derechos fundamentales. Tercero. Se revoca la sentencia apelada y se declara la reposición parcial del juicio, en los términos que se dejaron precisados en la parte in fine del considerando cuarto de la presente ejecutoria. Cuarto. En la versión pública suprímanse los datos personales de los involucrados. Quinto. Notifíquese a las partes esta resolución, en términos de los artículos 82 y 85 del cnpp; háganse las anotaciones correspondientes y remítase testimonio de esta resolución. Acto reclamado en la presente demanda de amparo. Atento a lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada por la magistrada responsable en el toca de apelación IX-12/2023, en la que ordenó, entre otras determinaciones, revocar la sentencia apelada, ordenar la reposición parcial del juicio de origen, únicamente con la exclusión del medio de prueba ahí descrito y a su vez se dicte una nueva sentencia. Es decir, en el juicio primigenio aún no se ha dictado sentencia definitiva, tomando en consideración que la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca número IX-12/2023, ordenó la reposición parcial del juicio de origen para el posterior dictado de un nuevo fallo. De ahí que, si en los actos aquí reclamados emitidos dentro del juicio de origen, en esencia, consisten en la resolución que tiene como efecto reponer parcialmente el procedimiento lo que resulta inconcuso, que sólo constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, de conformidad con la fracción XII aplicada analógicamente con las diversas fracciones III y VII, ambas del artículo 172 de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la Litis planteada, pues su única consecuencia es que se continúe con el trámite del juicio natural en la etapa correspondiente, hasta el dictado de la resolución definitiva en la causa penal de origen, que de serle favorable al impetrante, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido; y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podría hacerla valer, en su caso, cuando recurra la sentencia que ponga fin al juicio de origen, ya que el acto reclamado se encuentra dentro de las violaciones al procedimiento, que refiere que se consideran violadas dichas leyes y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se declaren desiertas las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, al tratarse de un caso análogo de las fracciones III y VII del artículo 172 citado, en relación con su fracción XII. En tales condiciones al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la Magistrada responsable, remite como complemento a su informe de ley las constancias que integran el original del toca penal XI-12/2023 y tres discos compactos derivados de la causa penal de origen; debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN CUADERNO DE PRUEBAS con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle la oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ubicadas en calle ... en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ..., en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser la materia del presente juicio de naturaleza penal. Por otro lado, por lo que respecta al correo electrónico, que proporciona, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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