María Cruz Bustamante Tacho

Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • María Cruz Bustamante Tacho
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de junio de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de dos de junio del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa María Cruz Bustamante Tacho, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en los considerandos II y III, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos V y VI, de esta sentencia. 58. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. 59. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, en el que remite las constancias solicitadas mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Informe previo. Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo registrado bajo folio 6487 suscrito por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en representación del instituto en cita, así como del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tómese en cuenta al momento de resolver el presente asunto. Delegados y domicilio. Como lo solicita en su informe, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la ley de la materia, se le tienen por designados como delegados a las personas que menciona en su ocurso la autoridad de referencia, y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio que se atiende. Por otra parte, la autoridad responsable hace de conocimiento que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, en atención a que el juicio de amparo 584/2023 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, fue promovido por ******************** (aquí quejosa), en contra del mismo acto reclamado en el presente juicio de derechos. En mérito de lo anterior, provéase lo conducente en el cuaderno principal de donde deriva el presente incidente de suspensión. Abierta la audiencia. La secretaria hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con el informe previo rendido por las autoridades responsables. Abierto el período probatorio, se da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. El titular acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales en mención; de igual modo, se tiene por efectuada la relación de constancias y la certificación secretarial, para los efectos legales conducentes. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria certifica que las partes no expresaron alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución interlocutoria. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 617/2023 A-II y, Resultando: Único. Solicitud de suspensión del acto reclamado. A petición de ********************, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, en relación con los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se concedió la suspensión provisional solicitada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este juzgado es legalmente competente para resolver este incidente de suspensión, ya que si lo es para resolver el juicio en lo principal, también para emitir la presente interlocutoria derivada de aquel cuaderno. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el descuento por concepto de servicio médico, el cual tiene fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al rendir informe previo ?en representación del instituto en cita, así como del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora?, omitió realizar manifestación en relación con la existencia o inexistencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa queda desvirtuada con la documental exhibida por la parte quejosa, la cual revela el descuento efectuado en su talón de pago de pensión bajo el concepto "25 Servicio Médico"; por ende, es evidente la participación de la referida autoridad responsable en el acto reclamado. Cuarto. Concesión de la suspensión definitiva. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se abstenga de seguirle descontando el concepto de "servicio médico", en los pagos de su pensión, conforme al artículo 25 de la Ley 38 que regula la operación y funcionamiento de dicho instituto. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la quejosa tiene el carácter de pensionada ante el ISSSTESON, y recibe una pensión menos un descuento del 7% por concepto de servicio médico, el cual tiene fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley del mencionado Instituto. Ese tipo de cuotas a cargo del trabajador constituyen contribuciones para sufragar el sistema de seguridad social, el cual fue diseñado de modo tal que intervinieran en su financiación, no sólo el Estado-patrón, sino el propio trabajador en su calidad de beneficiario directo. Lo anterior queda evidenciado en la jurisprudencia 111/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1622 del Libro XIII, Tomo 3, correspondiente a Octubre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL. El citado precepto, al establecer que quienes disfruten de una pensión o jubilación del Instituto referido aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual, prevé un aporte a la seguridad social destinado al patrimonio de dicho Fondo, para otorgar a los trabajadores del servicio civil local y de los organismos que por ley o por disposición legal del Ejecutivo se incorporen a su régimen, a los pensionistas del propio Estado y de organismos públicos incorporados, así como a los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados, pensiones por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez, muerte, viudez y orfandad o pensiones a los ascendientes, las cuales se consideran prestaciones de seguridad social que tienen su origen en los riesgos de carácter natural a que el hombre está expuesto, como vejez, muerte e invalidez y que se otorgan mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales. En ese sentido, tal aporte constituye una contribución, al tener la naturaleza jurídica de aportaciones de seguridad social y, por tanto, está sujeto a los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No obstante, como quedó establecido, la parte quejosa tiene el carácter de jubilada del ISSSTESON, aspecto que pone de relieve una evidente violación a los principios de igualdad y de previsión social. Lo anterior, básicamente, porque ese sistema de pensiones solidario por beneficio definido, obliga al jubilado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, empero su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al jubilado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Por ello, al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Por tanto, bajo el principio de apariencia del buen derecho y al no contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interese social, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable no le descuente el concepto de "servicio médico" al momento del pago de la pensión a que tiene derecho, hasta en tanto se le notifique que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual emana el presente incidente de suspensión. En la inteligencia de que la medida suspensional surte efectos desde luego, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, la parte quejosa no acredita haber exhibido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, conforme al artículo 135, párrafo primero, de la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia PC.V. J/2A(10.), publicada en la página 2123 del Libro 63, Tomo II, correspondiente a Febrero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. La retención citada tiene la naturaleza de un acto positivo de tracto sucesivo, por lo que el hecho de conceder la suspensión provisional, no equivale a darle efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo, ya que el quejoso venía disfrutando de los servicios de salud que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desde que era trabajador, y los sigue teniendo en su calidad de pensionado, lo cual evidencia que ese acto puede suspenderse. Además, con el otorgamiento de la suspensión provisional no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque si bien con la suspensión del descuento de la cuota del 7% del seguro de enfermedad no profesional y de maternidad que corresponde cubrir al pensionado, se dejaría de enterar ese ingreso al patrimonio del Instituto mencionado, lo cierto es que no existe medio de prueba alguno que evidencie, aun de manera indiciaria, que esa medida cautelar impacte en la funcionalidad del Instituto o prive a la colectividad derechohabiente de la prestación de los servicios médicos inherente al derecho a la salud; lo anterior, con la salvedad de que esta medida debe otorgarse conforme a lo ordenado en los artículos 135, 136 y 148 de la Ley de Amparo, al constituir lo reclamado una contribución, por lo cual, el interés fiscal debe quedar garantizado." Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, página 1591, que dice: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión -provisional o definitiva- en contra de los actos de determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado que sería la propia autoridad fiscal -señalada como responsable en el juicio de amparo- la que calificó o no la pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado." Lo anterior es así, tomando en consideración que la Litis constitucional versa respecto aportaciones de seguridad social, por lo que es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido por el citado artículo 135 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al Estado, que podría resentirlos en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el apartado cuarto. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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