María Cruz Alvarado Bocanegra
Expediente 1581/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Cruz Alvarado Bocanegra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos de la presente controversia y teniendo en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Ello tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), Décimo Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1114, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, registró 2018465, del rubro y texto siguiente: "RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, pueden ser recusados por las partes para conocer de los asuntos puestos a su consideración, conforme al artículo 52, párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Al respecto, el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, de lo que se infiere que pugnó para que las partes, en cualquier etapa procesal del juicio, cuando adviertan en el juzgador alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido, puedan manifestarlo y, en su caso, obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto. Por tanto, el derecho de las partes para recusar no se agota con el listado para sesión del asunto en el que se alegue la configuración del impedimento, sobre todo porque se advierte que la intención es garantizar que, incluso, hasta el último momento previo a la toma de la decisión respectiva, sea viable apartar del conocimiento del asunto al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento para que lo haga otro, tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional." Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la apoderada legal del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector refiere que con fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, se hizo la entrega del título de crédito en favor de VALENTÍN MAGAÑA TRINIDAD, mismo que corresponde al mes de noviembre del presente año. De lo que se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir de la notificación que se le haga del presente auto, remita copia certificada de la diligencia en la cual se desprenda la entrega del pago parcial del laudo correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós, en favor de VALENTÍN MAGAÑA TRINIDAD. Asimismo, remita copia certificada de la determinación que recaiga a dicha diligencia, e informe la suma total que a la fecha se adeuda al citado quejoso, así como el requerimiento a las autoridades municipales de continuar con los pagos parciales o en su caso el pago total del laudo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), Décima Época, con número de registro 2007911, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora conocerá del cumplimiento del fallo protector; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1114, del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Registro digital: 2018465, Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro: "RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN". En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Por otra parte, agréguense a los autos los escritos recepcionados vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), signados electrónicamente por José Antonio Ovis Pedrero, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual con el primero, informa que el promovente no cuenta con el oficio de concesión de pensión. En consecuencia, con fundamento en artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al en que quede notificado del presente acuerdo, remita copia certificada del oficio de concesión de pensión del quejoso J. Jesús Aguirre Alcalá. En el entendido, que de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, Por otra parte, con el segundo exhibe copia digitalizada de los recibos de pago por concepto de pensión del aquí quejoso, correspondientes a los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2022; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 en relación con el numeral 67, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1581/2022-9, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz, María Cruz Alvarado Bocanegra, Diana Karen Montejo López, Beatriz del Carmen López Pérez, Óscar Rodríguez de la Cruz, Lenin Flores Sánchez, David Concepción Silvan Alipi y José Gregorio Peralta Félix, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "A. LA FALTA DE TURNO O REMISIÓN DEL EXPEDIENTE LABORAL AL ÁREA DE CONCILIACIÓN A EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022. B. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL C. JOSE GREGORIO PERALTA FÉLIX. C. LA FALTA U OMISIÓN GENÉRICA DE TURNAR DEL EXPEDIENTE LABORAL AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. (.)". sic AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Secretario de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco 4 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. DESECHAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1581/2022-9; se desechó respecto de Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz, María Cruz Alvarado Bocanegra, Beatriz del Carmen López Pérez y David Concepción Silván Alipi, toda vez que la demanda no fue firmada por tales impetrantes; por otro lado, se admitió respecto de los quejosos 1) Diana Karen Montejo López, 2) Óscar Rodríguez de la Cruz, 3) Lenin Flores Sánchez y 4) José Gregorio Peralta Félix; asimismo, dado que no le reviste carácter de autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Tribunal responsable, se desechó la demanda al respecto de dicho funcionario; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación respecto del quejoso José Gregorio Peralta Félix, en el expediente 273/2019. La omisión de dar cumplimiento a lo ordenado en la diligencia de calificación y admisión de pruebas de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, celebrada en la controversia laboral 273/2019. TERCERO. INEXISTENCIA. En relación al acto identificado con el inciso a. del considerando precedente, el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado [Foja 34], negó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con el análisis de las constancias relativas a la controversia laboral de origen, que adjuntó en copia certificada y que obran agregadas en autos. [Fojas 35 a 37] Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 227634, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Se dice lo anterior, puesto que mediante audiencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la etapa de conciliación en el juicio natural, a la cual acudieron los actores y tras la incomparecencia de la demanda, se prosiguió con la etapa arbitral. [Foja 35 y 36]. Sin que a lo anterior pase inadvertido a esta jurisdicción que si bien el actor José Gregorio Peralta Félix fue referido como José Gregorio Peralta Jiménez, tal error no le resta validez a la diligencia, más aún si la propia responsable mediante auto de seis de octubre de dos mil veintidós [Foja 37], instruyó a las entidades demandadas para el efecto de que ajustasen sus escritos de contestación de demanda con el nombre correcto del citado actor, esto es José Gregorio Peralta Félix. Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo; esto es, el veintiuno de septiembre del presente año, el acto reclamado era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Con base en lo anterior, queda plenamente acreditada la inexistencia de la conducta omisiva incoada a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales respecto del acto en estudio y del Tribunal responsable. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el reclamado señalado como inciso b. en el considerando segundo, aun cuando lo haya negado la magistrado presidente del Tribunal responsable, al rendir el informe justificado. [Foja 34] Lo anterior es así, ya que, de la copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 273/2019, no se advierte que se hayan llevado a cabo las acciones establecidas en la diligencia de diligencia de calificación y admisión de pruebas de veintiséis de agosto de dos mil veintidós [Foja 8 y 9], es decir, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiuno de septiembre de dos mil veintidós- efectivamente no había regularizado el procedimiento, señalado fecha y hora para el debido desahogo de la calificación y admisión de pruebas, ni tampoco notificado a las partes; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" La porción normativa transcrita establece, que el juicio de protección constitucional deviene improcedente en contra actos efectuados en ejecución de sentencias de amparo, es decir, aquellas cuestiones que ineludiblemente han de efectuar las autoridades responsables en cumplimiento a la resolución amparadora y que un órgano jurisdiccional de amparo debe calificar conforme a los lineamientos establecidos en dicha sentencia protectora. En ese sentido, la improcedencia deriva del hecho de que la resolución, acción o inacción de parte de la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría un estado de inseguridad jurídica, lo cual es contrario al estado de derecho, principio rector del propio juicio de protección de derechos fundamentales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7235/2016 indicó que la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia del juicio constitucional en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. Da tal suerte, que el nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Con base en esta lógica, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz. Esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Del análisis anterior, se desprende la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, décima época, materia constitucional, registro 2018315, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Ahora, del contenido de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 620/2022-2 del índice de este órgano de amparo se destaca que: Mediante sentencia de sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este juzgado federal concedió la protección constitucional para el efecto de: Deje insubsistente la audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló las trece horas del nueve de septiembre de dos mil veintidós, para la audiencia de calificación y admisión de pruebas en el expediente laboral 273/2019 de su índice. En su lugar, emita un acuerdo en el que fije hora y fecha próxima para la realización de la audiencia en términos de los artículos 106, 108, 112 y 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; asimismo, se pronuncie en relación al escrito presentado por los aquí quejosos el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través del cual le solicitaron se declarara cerrada la instrucción, turnaran los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente y les expidieran copias certificadas del proveído de siete de enero de dos mil veintidós, así como del proveído en el que se le reconoció la personalidad al apoderado legal Lucero Cruz Hernández. Hecho lo anterior, dicte el laudo que en derecho corresponda. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia amparadora causó ejecutoria por lo que se solicitó al Tribunal responsable para que cumpliese con la protección otorgada al impetrante. Luego, seguidos el trámite de ejecución, mediante auto de veintinueve de junio siguiente, se tuvo al Tribunal responsable acompañando diversas constancias e informando el estado procesal del juicio laboral de origen. Posterior, por acuerdo de veintinueve de julio posterior, se requirió al Tribunal responsable para que, una vez celebrada, remitiera copia certificada de la audiencia de calificación y admisión de pruebas señalada para el uno de agosto de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo anterior, por oficio TCyA/AMP/7609/2022, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco remitió copia certificada de diversas constancias, de las que se desprende que la audiencia de calificación y admisión de pruebas no se llevó a cabo, puesto que la demandada no fue notificada, por lo que esta jurisdicción, en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de fallo protector, bajo los parámetros establecidos en la propia sentencia constitucional. Luego, mediante el quince de agosto posterior se tuvo por recibido el oficio TCyA/AMP/7663/2022, por medio del cual el magistrado presidente del tribunal responsable informó que en proveído de nueve de agosto anterior, dictado en el expediente 273/2019, fijó las trece horas de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de calificación y admisión de pruebas. De lo anterior, resulta evidente que la emisión del auto reclamado por parte del Tribunal responsable, es concomitante con el cumplimiento de un diverso fallo de amparo dictado por este órgano federal y por tanto, el presente juicio resulta del todo improcedente. Así, resulta evidente que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que, si el acto del que se duele la parte quejosa es la falta de cumplimiento de los parámetros de regularización del proceso establecidos en la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, tal condición resulta parte del procedimiento de ejecución de una diversa sentencia protectora y por ende, instar una nueva vía de amparo es improcedente. Más aún, si se toma en consideración que la totalidad del trámite de la controversia burocrática de origen será revisada en el proceso de ejecución del juicio de amparo indirecto 620/2022-2, puesto que los efectos del fallo protector se extienden hasta el momento en que el Tribunal responsable dicte el laudo que en derecho corresponda. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por sí y en representación del Pleno y del citado Tribunal, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que anexó inherentes al expediente laboral 273/2019, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se reservó acordar sobre las pruebas que ofreció la parte quejosa, consistentes en los informes justificados que remitieran las responsables, así como todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente laboral 273/2019 y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tienen por admitidas las aludidas pruebas, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.
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