María Cristina Unzueta Gutiérrez
Expediente 744/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Cristina Unzueta Gutiérrez
- Sergio Roberto Guzmán Gárate
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Devolución de documentos. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Alejo Velarde Lizárraga, mediante el cual solicita la devolución del certificado de gravámenes y demás documentos que anexó a su escrito de demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, hágase la devolución únicamente de la cedula o instructivo de notificación de seis de octubre de dos mil dieciséis, del índice del Juzgado Primero de Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en virtud de que en el presente juicio de amparo no fueron agregadas diversas pruebas documentales; asimismo, se ordena entregar la misma a cualquiera de las personas que autoriza, debiendo dejar en su lugar copia certificada de las mismas, previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo.Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo.Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena:1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental.2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Recepción de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda firmado por la quejoso María Cristina Unzueta Gutiérrez Radicación de expediente. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 734/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Decisión de la instancia constitucional. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se observa que la promovente María Cristina Unzueta Gutiérrez, reclama la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, en la que se confirma la diversa de veinticinco de agosto del año en curso, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el juicio sumario civil hipotecario 517/2009, promovido Sergio Roberto Guzmán Garate, en contra de la quejosa María Cristina Unzueta Gutiérrez, donde se aprueba el remate y adjudicación del bien inmueble relativo al juicio de origen. Al respecto de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman son de ejecución de sentencia y tendentes al remate de un bien inmueble; sin embargo, no constituyen la última actuación dentro del procedimiento de remate, cuyo contenido es el siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTICULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate: "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados". Por tanto, procede el amparo indirecto hasta cuando esto suceda, esto es, que ya se hayan emitido dichas órdenes (la de escriturar o la de entregar los bienes materia de la almoneda). Ahora bien, en el caso concreto, se reclama la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictadas por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, en la que se confirma la diversa de veinticinco de agosto del año en curso, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el juicio sumario civil hipotecario 517/2009, promovido Sergio Roberto Guzmán Garate, en contra de la quejosa María Cristina Unzueta Gutiérrez, donde se aprueba el remate y adjudicación del bien inmueble relativo al juicio de origen. Manifestación bajo protesta de decir verdad realizada por la quejosa influye en el ánimo de este órgano jurisdiccional en el sentido de que presupone la certeza de tal aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa con valor probatorio pleno, conforme a lo prescrito por los arábigos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2. Por lo que se estima que no se trata de la última resolución en el procedimiento de remate conforme a los lineamientos que establece el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud que aún no existe la orden para que se otorgue la escritura de adjudicación o la entrega del bien inmueble; en tal virtud, se deduce que los actos reclamados son actos intermedios, en el procedimiento de remate. Por tanto, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado sea la resolución final que resuelva el procedimiento de remate, lo que en la especie no ocurre según se dijo con antelación. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Registro 2011474 Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Pag. 1066 Jurisprudencia (Común) "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, de la citada legislación, y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Cristerna Peraza; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Oscar Javier Cristerna Páez, Juan Alberto Cristerna Páez e Ildelfonso Cristerna Peraza, en términos del segundo párrafo del citado precepto legal, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE y personalmente al promovente.
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